Especialistas aseguran que estructuras paralelas son utilizadas para evadir controles y favorecer a amigos del gobierno de turno.
La publicación de consultorías pagadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica, dejó al descubierto la estructura paralela que maneja el actual gobierno.
Han tenido diferentes nombres en cada administración, unos conocidos y otros no tanto, pero lo cierto es que las estructuras paralelas de gobierno son una práctica vieja a la que el gobierno del presidente Oscar Arias no quiso fallar.
Desde la semana anterior, varias publicaciones en el diario La Nación y luego en otros medios de comunicación, desnudaron la estructura paralela de consultorías que desde el 2006 ha financiado el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Se trata de 84 asesorías que el BCIE pagó y puso a disposición del gobierno en dos programas titulados "Fortalecimiento del liderazgo y procesos de toma de decisiones" y "Gobernabilidad y reforma del Estado como herramienta de desarrollo", con un costo estimado de $2 millones.
Para los expertos consultados por UNIVERSIDAD, estas estructuras se han utilizado de diferentes formas en el pasado; no solo para dar "agilidad a la gestión", sino también para favorecer a los amigos del gobierno de turno y evitar los controles que conlleva la administración pública.
LA LEY NO LO PERMITE
El abogado y ex ministro de Justicia, José Miguel Villalobos, recordó que este tipo de consultorías se han dado claramente desde la administración Oduber (1974-1978) y desde entonces han tenido diferentes nombres.
"En la administración Arias (1986-1990) hubo un proyecto que se llamó Colina 2000, que dirigía don Elías Soley, en el cual las personas eran pagadas también con fondos privados, para darle servicios a la administración", recordó. De este grupo de asesores destaca el hoy Regulador General, Fernando Herrero.
En el gobierno de Calderón (1990-1994) también se creó un programa de Reforma del Estado, en la administración Figueres (1994-1998) se llamaba Apoyo para la Toma de Decisiones (APD), en la administración Rodríguez (1998-2002) fue el Consejo de Asesores Presidenciales, del cual Villalobos fue miembro, y la administración Pacheco (2002-2006) ya no tuvo nombre.
"Fue durante esta administración que los cuestionamientos llevaron a prohibir esa práctica, que antes era legal. La discusión era si las personas pueden recibir un "sobresueldo, yo siempre consideré que eso estaba prohibido inclusive desde antes de que se redactara la ley", explicó Villalobos.
El ex ministro aseguró que con la promulgación de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en el 2004, esta práctica debía acabar; así como la contratación de personas no calificadas con ese tipo de fondos.
Sobre las asesorías pagadas por el BCIE, Villalobos aseguró que existen diferentes tipos de asesores de acuerdo con la lista que dio el gobierno a la prensa; el primero es el de consultores "expertos", de quienes cuestionó su independencia de criterio para asesorar al gobierno.
"Imaginemos el caso hipotético de que no fuera el BCIE, sino la Cámara de Exportadores la que paga a un abogado una consultoría para COMEX. ¿Ese abogado tendría independencia de criterio para rendir el informe? Claro que no. Si él sigue trabajando por su cuenta, no sabríamos si las personas que le pagan tienen interés en él como profesional o si es por su condición de asesor presidencial", comentó.
Advirtió que él no atendió a ningún otro cliente en Costa Rica mientras fue asesor presidencial para garantizarse la independencia; cosa que no puede decirse de algunos de los nombres en la lista de consejeros de este gobierno.
El otro caso cuestionable para Villalobos es el de los "consultores" que no cumplen con el perfil académico requerido en este tipo de asesorías, o que simplemente fueron pagados para otras labores distintas a las que se pregona en los programas de cooperación, como fue la contratación de un mensajero y un músico.
"Entonces es mentira lo que dice el gobierno de que estos programas son para contratar personas de alto nivel a los cuales no alcanzarían con un salario de la administración pública, porque un mensajero y un músico no son personas de alto nivel en gobernabilidad", cuestionó Villalobos.
Un tercer caso es el de aquellos funcionarios que reciben un salario de presupuesto nacional y que también participan de estas asesorías, lo cual según Villalobos sería un hecho delictivo.
ES FUNCIONARIA PÚBLICA
El cuarto tipo de asesor es el que fue puesto al servicio del gobierno para cumplir con las funciones regulares de un servidor público, como es el caso de la Directora de Prensa de Casa Presidencial, Mishelle Mitchell.
El gobierno y la propia periodista han argumentado que ella no es funcionaria pública en el tanto no recibe un salario del gobierno; sino que es pagada directamente por el BCIE.
Villalobos asegura que el artículo 2 de la Ley Contra la Corrupción, la define claramente como "funcionaria pública de hecho", por lo cual debe estar sometida a los controles respectivos.
El ex ministro de Reforma del Estado y profesor de la escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, Johnny Meoño, así como el Director de la Oficina de Asuntos Jurídicos de esa casa de estudios, Luis Baudrit, respaldaron el criterio de que la comunicadora es también funcionaria pública.
"Eso es una falacia muy retórica, porque en la Ley General de la Administración Pública se define muy bien lo que es el funcionario público de hecho o de derecho. La condición se las da las funciones que ejerce y en nombre de quién", afirmó Meoño.
Para Luis Baudrit, la funcionaria no solo tiene competencias dentro de una institución pública, como es seguir órdenes de funcionarios públicos, en este caso del presidente, sino que además sus acciones, buenas o malas, comprometen directamente al Estado, por lo cual este asume responsabilidad solidaria con ella.
"SE QUIERE EVADIR CONTROLES"
Johnny Meoño, opinó que este tipo de estructuras paralelas fuera de la administración pública son un viejo mecanismo para evadir controles y para agilizar la gestión pública, que se ha entrabado por la aplicación de leyes engorrosas.
"El gobierno ha querido escaparse de esos controles, eso es un hecho, y lo que también es un hecho es que un organismo internacional como el BCIE se demuestra proclive a la influencia de los líderes políticos de cada uno de los países. Eso no es correcto, porque genera desviaciones de los recursos sin un plan determinado real, de cara a la opinión pública", aseveró el ex ministro.
Meoño detalló que este tipo de donaciones pueden ser canalizadas por medio de "unidades ejecutoras" que se crean en los ministerios para ese fin; pero no son del agrado del gobierno en el tanto implican someterse a la regulación de la Contraloría.
"Ese ocultamiento implica que el gobierno de turno puede inventar estas asesorías y ponerles nombre de "reforma del Estado", para disfrazar la intención de contratar personas amigas bajo nombres tan loables. Cuando uno ve la lista de consultores, se pregunta dónde están los méritos de estas personas en los campos en que se les ha comprometido", cuestionó.
"EL PRESIDENTE DEBE RESPONDER"
Meoño también arremetió contra el uso que dio el Ministro de Vivienda, Fernando Zumbado, a fondos donados por el gobierno de Taiwán para dar soluciones de vivienda; los cuales fueron gastados también en asesorías.
Para Meoño, es antiético que Zumbado haya justificado la redirección de esos recursos con el argumento de que se trataba de fondos privados, pues fueron donados para un fin específico que no se cumplió.
El profesor universitario coincidió con el criterio de la Contralora General, Rocío Aguilar, en cuanto a que, si bien los fondos taiwaneses y los del BCIE son privados por su origen, se convierten en públicos por su destino; pues se usan en asuntos que son de interés nacional.
Tanto para Villalobos como para Meoño, estas donaciones debieron ser del conocimiento de la Contraloría General de la República, pues en el caso del BCIE, si bien no son dinero que entró al erario público, se trata de una "donación en especie".
"Evidentemente hay una donación en especie, en trabajo, entonces eso debió haber pasado por la contraloría. El hecho de que no llegara un dinero al presupuesto, no significa que no entrara un servicio a la administración pública; y más grave aún si se trata de personas que no son profesionales o que prestan servicios de administración activa", añadió Villalobos.
En criterio de Meoño, es necesario que la ciudadanía y los medios de comunicación exijan cuentas al presidente Óscar Arias por las acciones de sus ministros, tanto en el caso de Zumbado, como de su propio hermano Rodrigo Arias.
"El mandatario no puede evadir su responsabilidad, no puede decir "yo no sé lo que hace mi ministro". Normalmente al presidente nunca se le exige cuentas por los errores de sus ministros. El que nunca se da por involucrado, o disimula y deja pasar las cosas, es un mandatario que está incurriendo en responsabilidad directa por incumplimiento de deberes", señaló.
Transparencia olvidada
El hecho de que se hiciera pública la estructura paralela que maneja el gobierno desde el inicio de su gestión, financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), también puso en evidencia el doble discurso del gobierno en materia de transparencia.
Por el correo electrónico circuló desde la semana anterior un fragmento del discurso dado por el presidente Oscar Arias el 21 de noviembre del 2000, ante el foro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde censuraba la falta de transparencia de los gobiernos.
"En los presupuestos de gastos de muchos gobiernos, que deberían ser los mejores indicadores de las prioridades del Estado, hay rubros muy importantes que se manejan prácticamente bajo secreto", afirmó el mandatario.
"Yo afirmo que, en este y en cualquier otro caso, el secreto es una forma de corrupción, aun cuando no se utilice para ocultar el enriquecimiento ilícito de los gobernantes; afirmo que es corrupta la actitud de los líderes que se arrogan el abusivo poder de mantener al pueblo en la oscuridad con respecto al destino de los recursos del Estado. Esta falta de transparencia es un atentado contra la democracia, tan letal como la apropiación indebida de los dineros públicos, y quizás más letal todavía porque la falta de transparencia es un fenómeno sistemático y no individual", condenó el hoy presidente.
A pesar de estas palabras, el gobierno de Arias trató de mantener oculta la información sobre estas asesorías bajo el argumento de que se trata de "fondos privados", cuando fue requerido para dar más detalles a medios como La Nación.
El propio Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, aseguró en la conferencia del prensa del Consejo de Gobierno el pasado 2 de julio, que el gobierno no estaba obligado a atender los requerimientos de un medio de comunicación cuando este lo pidiese.
"El presidente en el foro del BCIE condena la falta de transparencia y, ahora de repente el gobierno se niega a dar información a la prensa y hay una discusión totalmente bizantina para buscar acomodos y justificación a la desviación de recursos", cuestionó el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, Johnny Meoño.
El presidente emitió una manifestación sobre el tema, en cadena de televisión difundida el 5 de julio, cuando afirmó que su gobierno no tiene nada que ocultar y que todo esto ha sido un "show mediático".
"Una cosa es hacer periodismo investigativo, y otra muy diferente es juzgar y condenar. Una cosa es demandar respuestas a los representantes del pueblo, y otra muy diferente es faltarles el respeto. Nadie tiene derecho de hacer afirmaciones temerarias y sin fundamento sobre personas honradas. Nadie tiene derecho de poner en tela de duda la rectitud de un Gobierno que ha sido transparente desde el primer día", afirmó Arias.
El viejo "Estado paralelo"
El uso de estructuras paralelas no ha sido exclusivo de los presidentes; ya que varios sonados casos han evidenciado el uso de fondos privados en ministerios e instituciones públicas con fines muy específicos.
Uno de los más recordados se dio en el marco de la muy bien financiada relación diplomática con Taiwán, isla que no solo colaboró en algunas campañas políticas, sino que también giraba recursos al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las publicaciones de prensa recuerdan que la Cancillería reconoció que durante seis años, Taiwán había otorgado $4,8 millones (casi ¢2.500 millones al tipo de cambio actual) a la Asociación para el Desarrollo de la Política Exterior.
De ese dinero se pagaban los salarios de 21 empleados del ministerio y el complemento para 13 funcionarios más. En el 2007, Diario Extra publicó que el hoy canciller Bruno Stagno se había beneficiado de esos dineros; situación que el diplomático negó.
También los negociadores costarricenses del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, se beneficiaron de ¢380 millones donados por la Fundación Costa Rica-Estados Unidos de América para la Cooperación (CR-USA), según lo publicó UNIVERSIDAD en el 2005.
Para esa negociación, el Ministerio de Comercio Exterior contó además con financiamiento del BCIE que entonces aportó ¢237 millones, y de la Fundación de Cooperación Estatal (FUCE); que además financió a los asesores presidenciales durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002).
También se aplicó en Costa Rica el "Programa de Apoyo a la Participación de Centroamérica en el Área de Libre Comercio de las Américas (PROALCA II), Objetivo Estratégico regional de USAID-Guatemala-CAP No. 5, Proyecto No. 596-0184.00", firmado por la Agencia Internacional para el Desarrollo, del Gobierno de Estados Unidos de América (USAID) y aceptado por los ministros de Economía o Comercio Exterior de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica,
La aplicación de este programa, que se dio desde el 9 de julio de 2001 y hasta el 13 de septiembre de 2004, fue denunciada también por UNIVERSIDAD. En esa fecha se informó de donaciones superiores a los $16 millones (¢8 mil millones al tipo de cambio actual) para financiar campañas de promoción del TLC.
"Mediante un mecanismo practicado por la USAID, en el país, desde comienzos de la década de los 80, y que ha sido calificado de "Estado paralelo", los fondos donados por el gobierno de EE.UU. fueron ejecutados por medio de consultorías u otros gastos que eran propuestos por el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), pero que debían tener, primero, el aval de la Embajada de Estados Unidos aquí, y luego ser aprobados y ejecutados por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)", recuerda el reportaje de este semanario.
Estos y otros financiamientos muestran que las estructuras paralelas de gobierno en el país no son nuevas y han cambiado muchas veces de nombre a través del tiempo.
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