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jueves, 7 de agosto de 2008

Hermano de presidente de Costa Rica comparece ante el Congreso por escándalo

SAN JOSE (AFP) — El ministro de la Presidencia de Costa Rica, Rodrigo Arias, defendió este jueves ante el Congreso la legalidad de decenas de consultorías pagadas por el gobierno con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que han sido el centro de un escándalo político.

El ministro y hermano del mandatario Oscar Arias aseguró que desde 2006, el directorio del BCIE aprobó una cooperación financiera de un millón de dólares para las Casas Presidenciales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que son los estados fundadores de ese banco.

"No es el resultado de un acuerdo secreto entre personeros del BCIE y la Presidencia de Costa Rica, que se maneje en las sombras o a entera discreción de algún funcionario público", acotó el ministro durante su comparecencia ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso.

"Tampoco otorga chequeras secretas a Costa Rica ni la posibilidad, como se ha dicho, de que entre los consultores y las autoridades se "repartieran" los fondos de esta cooperación", agregó.

La revelación de que la Casa Presidencial pagaba costosas consultorías a decenas de allegados políticos, al margen de las normas y controles de la administración pública, desató un pulso político que ya dura varias semanas y que mantiene enfrentados al gobierno con la oposición y sectores de la prensa.

Este escándalo causó la renuncia esta semana del ministro de Vivienda, Fernando Zumbado, cuestionado por pagar asesorías con fondos donados por Taiwán para combatir la pobreza, mientras que el gremio de jueces exigió investigar a un magistrado que prestó consultorías al gobierno.

Según ha reconocido el propio ministro Arias, en el pago de consultorías se han gastado unos dos millones de dólares donados por el BCIE en 2007 y 2008.

Rodrigo Arias insistió además en que el gobierno "no ha manejado un centavo" de esos fondos, pues es el BCIE el que paga directamente a los consultores contratados para que presten sus servicios a la Casa Presidencial.

Por esa misma razón -alegó- los recursos no pueden considerarse "fondos públicos", porque en ningún momento ingresaron a las arcas del Estado.

El diputado opositor Alberto Salom, del Partido Acción Ciudadana, acusó al gobierno de haber contratado, con fondos del BCIE, a ex funcionarios que habían sido destituidos por cuestionamientos éticos y mencionó los nombres de cuatro de ellos.

El ministro respondió que "posiblemente, hoy no recomendaría el 100% de esas contrataciones", pero que no todas habían sido su decisión.

Hijo la viola y embaraza / Cansada de pedir ayuda e interponer denuncias en varias instituciones debido a una serie de violaciones que recibe de su hijo, tras una de las cuales quedó embarazada -actualmente tiene 4 meses-, Sandra Vargas recurrió a DIARIO EXTRA para denunciar su situación y buscar soluciones. “Me ha quebrado celulares, ha destruido las denuncias que le he puesto para borrar evidencia, me ha robado las cosas y vendido mi ropa por droga. Me confesó que me ha vendido por drogas y sexo, no sé a dónde ir, nadie me ayuda, por eso estoy esperando un hijo de él”, comentó. Desde hace más de un año su hijo Rubén Quintana Vargas, de 20 años, la ha dañado de diferentes formas como violación, agresión y hasta amenazas con arma de fuego y blanca por su adicción a las drogas. Entre las primeras instancias que recurrió está el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), accedió a un programa de protección, pero ante un intento contra su integridad lo abandonó y por eso no tiene domicilio fijo. “Estuve en un albergue en Los Cocos de Limón y una persona casi me mata con un machete, al observar que las señoras del Inamu no hacían nada abandoné ese programa, me vine a San José y desde aquel entonces he deambulado por las calles y no tengo dónde comer. A veces la gente me da dinero o me pongo a vender cajetas, pero la municipalidad me las decomisa”, añadió. Por su estado de gravidez también se le imposibilita encontrar trabajo y no tiene estabilidad económica. “He buscado trabajo, pero me han respondido que no me pueden contratar porque estoy embarazada y es un riesgo, pero necesito comer y una cama para dormir. Psicológicamente no estoy bien, estoy deprimida, lloro todo el tiempo y he perdido la cuenta de las veces que me ha violado”, argumentó. Pese a que le recomendaron abortar para que la criatura no sufra las consecuencias, ella se opone rotundamente. Ha viajado por todo el país en busca de paz, pero le es imposible y recalca que le tiene pánico a su hijo. “Llevo más de un año sufriendo estos problemas, he huido a la Zona Sur, Parrita y Guanacaste para estar lejos de él, después de todo lo que me ha hecho no lo puedo perdonar. Él anda diciendo que venderá a mi bebé para sacarle provecho a la situación”, declaró.

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