Cámara empresarial Uccaep 

propone eliminar derechos 

de trabajadores 

San José, (elpais.cr) – El principal gremio de los empresarios de Costa Rica, anunció que hoy propondrá una serie de decretos y proyectos de Ley para enfrentar la crisis económica, entre las que se encuentra eliminar derechos de los trabajadores y flexibilizar la normativa ambiental.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones Empresariales (Uccaep), a través de su máximo dirigente, Manuel Rodríguez, anunció que hoy presentará las propuestas al presidente de la República, Oscar Arias Sánchez.

El anuncio lo hizo Rodríguez al dar a conocer los resultados de la encuesta trimestral “Pulso Empresarial”, tras revelar que la recesión o crisis económica está afectando al 60 por ciento de las empresas radicadas en el país.

El 60% de los empresarios del país afirma que la recesión está afectando sus operaciones, según la más reciente encuesta trimestral que realiza la Unión de Cámaras de la Empresa Privada (Uccaep).

Aunque no adelantó la propuesta en detalle, el líder empresarial dijo que consta de cuatro columnas fundamentales, sustentadas en materia fiscal, financiera, laboral y ambiental.

Rodríguez explicó que la propuesta es complementaría al denominado Plan Escudo de Arias, entre los que se contempla la flexibilidad laboral, que consiste en eliminar una serie de derechos de los trabajadores, como la ampliación de la jornada laboral sin el pago de horas extras para no eliminar puestos de trabajo.

En cuanto al pago del impuesto de la renta, adelantó la posibilidad que las pérdidas de las empresas sean consideradas como “gastos”, y trasladarlas al año fiscal siguiente.
Rodríguez adelantó que tienen propuestas para modificar la Ley de zonas francas, así como proyectos sobre turismo que existen, pero que no han sido concluidos o están en etapa de desarrollo.

Aunque no mencionó sobre cambios en leyes ambientales, este medio informó ayer que poderosos grupos económicos, incluyendo altos funcionarios de ministerios del Gobierno de Costa Rica, presionan al Departamento de Aguas Subterráneas del SENARA, para facilitar la perforación de pozos a empresas constructoras, y evadir los rigurosos controles para preservar la salud de los habitantes y del ambiente.

La investigación puso en evidencia las presiones que está recibiendo dicho Departamento del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), adscrito al Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), así como presiones sobre el Tribunal Ambiental Administrativo para que no aplique las leyes.

De acuerdo con informaciones fidedignas, se intenta arrebatarle al Área de Aguas Subterráneas las funciones que por ley y por decisión de la Sala IV le competen única y exclusivamente a Senara en este campo, como órgano técnico del Estado en materia de gestión y preservación de las aguas subterráneas en Costa Rica.

Desde Diciembre del 2008, la Cámara de Perforación de Pozos y Afines  ha estado en conversaciones con la Oficina del Ministro de la Competitividad, Jorge Woodbridge,  y el Director del Departamento de Aguas del MÍNAET, José Miguel Zeledón, para intentar  esquivar varias decisiones de la Sala IV y de la Contraloría General de la República (CGR), en torno a la zona de protección alrededor de los pozos que se debe respetar según la normativa vigente.

Encuesta

Entre tanto, según la encuesta trimestral “Pulso Empresarial”, contratada por la Uccaep, y que consultó a 400 dueños de empresas de siete sectores, al menos seis de cada diez admitieron que han sido golpeados por la crisis.

Por otra parte, 61% de los consultados dijo que la Asamblea Legislativa no ha tomado las medidas necesarias para enfrentar la crisis, mientras que 45% culpó al Gobierno y un porcentaje similar consideró que se debe a la falta de previsión de los organismos reguladores financieros.

La mayoría de los consultados se pronunció porque el Gobierno implemente el crédito y disminuya las tasas de interés, para lo que consideran “sector productivo”.

Además, los empresarios consultados coincidieron que para enfrentar la crisis han acudido al despido de personal y recortan los llamados gastos superfluos.

En cuanto al comercio, 88 por ciento dijo estar de acuerdo con negociar nuevos tratados de libre comercio para diversificar sus destinos, aunque los principales mercados de sus productos son los países centroamericanos y Estados Unidos.

Sobre el capítulo llamado Índice Empresarial de Confianza en este primer trimestre del año se colocó en 5,69, lo que representa una disminución de 26 por ciento con respecto al mismo período del 2008. El turismo y el comercio son quienes tienen menos confianza.

De acuerdo con aspectos técnicos, el puntaje se mide de 0 a 10 en cinco categorías: mal (0 - 2,5), igual de mal (2,5 - 5), igual (5), igual de bien (5 - 5,75) y muy bien (7,5 - 10).

En cuanto al último trimestre del 2008, el llamado índice empresarial de percepción se ubicó en 5,02, al representar un baja de 4%, que ha mantenido esa tendencia en los últimos cinco trimestres.

El estudio o encuesta detalló que Construcción es el sector más afectado, que ya se encontraba con niveles por debajo de cinco y en esta bajó hasta llegar a 4 puntos.

Rodríguez comentó que si se toma por variables, las exportaciones son las que presentan mayor caída por tercer trimestre consecutivo, seguido del empleo, que se ubicó en 4,91 puntos.

Laboral

Los planes empresariales y del gobierno para modificar el Código de Trabajo, fue denunciado por varias organizaciones sindicales y de derechos humanos, que integran la Campaña Regional Contra la Flexibilidad Laboral en Costa Rica.

La excusa para intentar flexibilizar la jornada laboral había sido siempre que “los empresarios no podían poner a trabajar sus empresas las 24 horas tal y como “exigía la globalización”, porque el sistema jurídico nacional se los impedía, dijo la Campaña.

“Ahora dicen que ocupan la flexibilidad porque hay crisis económica y tienen que reducir la producción ¿Tiene algún sentido aplicar la misma receta para dos males completamente distintos?”, cuestionaron las organizaciones.

“Evidentemente, la crisis es la nueva excusa que ha encontrado el Gobierno para impulsar la flexibilización laboral que tanto han reclamado los grupos empresariales. Este tipo de medidas van orientadas a disminuir el efecto de la crisis para las grandes empresas, para que conserven su margen de ganancias, a un costo muy alto para las y los trabajadores que sólo recibirán menos salarios, ya sea porque se les elimina el pago de horas extra o porque se les reduce las jornadas”, explicó la Campaña Regional.