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lunes, 11 de abril de 2016

Autobuseros inescrupulosos merecen enérgica condena y cancelación de concesiones Ministerio Público debe intervenir - Ante presuntas triquiñuelas y aparentes engaños embusteros para tener tarifas más altas

Las presuntas triquiñuelas y la aparente acción embustera malitencionada de parte de ciertos empresarios autobuseros inescrupulosos, cobrando tarifas “infladas”, merecen la más enérgica condena, la más fuerte censura y la cancelación de las concesiones, luego de las relevaciones de que las personas usuarias del servicio público modalidad autobús, han estado pagando y durante mucho tiempo, una tarifa superior a la que verdaderamente debe ser.

La indignación es mayúscula pues las personas afectadas son, abrumadoramente, integrantes de las clases trabajadoras, habitantes de barrios populares y en cuyas familias la apretazón y la restricción económicas han venido golpeando su calidad de vida. Hablamos de hogares de ingresos medios y de ingresos bajos, o que no los tienen del todo regularmente.

Estamos hablando de comunidades urbanas de población popular como Hatillo, Alajuelita, Heredia y otros.

Bien haría el Ministerio Público en proceder inmediatamente a abrir expedientes para cada una de las empresas autobuseras mencionadas en la investigación que por encargo de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), realizó el Programa de Desarrollo Urbano Sostenible (Produs), de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Esta especie de “maquillaje” de las cuentas de las empresas autobuseras cuestionadas no debe quedar impune.

Los datos falsos que indican la realización de más carreras de las que realmente vienen efectuando y/o tienen autorizadas, a fin de presentar mayores costos de operación y obtener más alzas tarifarias, debe tener las respectivas calificaciones de conductas delictuosas según las leyes penales del país.

De la misma manera, los datos falsos de que menos gente está utilizando los buses cuando la demanda real del servicio es superior, reportándose menos números de pasajeros transportándose, igualmente con la pretensión de tarifas abusivas, constituye una especie de enriquecimiento ilícito con el usufructo indebido de una concesión de servicio público que es del Estado, es decir, de toda la población.

Lastimosamente, la Aresep tardó muchísimo pero muchísimo tiempo en actuar en tal sentido. La verdad es que tal tardanza tiene una connotación “sospechosa”.

Para importantes segmentos ciudadanos y para una gran cantidad de organizaciones sociales y sindicales, la gestión del Regulador General saliente, el señor Dennis Meléndez Howell, estuvo caracterizada por una conducta “anti-usuario” de los servicios públicos; y, muy especialmente, siempre percibimos su gestión totalmente inclinado a favor los intereses del gran corporativismo-empresarial autobusero. ¡Gracias a Dios que ya se fue!

Lastimosamente, también, nada se puede esperar del Consejo de Transporte Público (CTP), cuya opacidad de gestión en materia de este tipo de regulación del transporte público modalidad autobús, reafirma la indefensión total de las clases trabajadoras usuarias del mismo frente al poder corporativo de este tipo de empresariado autobusero.

Una reciente renovación de concesiones bastante cuestionable, nos terminó de convencer de que nada bueno puede esperar un usuario de bus de parte del CTP. Aunque preferiríamos una profunda reestructuración que políticamente no se ve viable, al menos sus sesiones deberían ser totalmente públicas, totalmente transparentes.

Esperamos que el nuevo Regulador General, don Roberto Jiménez Gómez, “limpie” la Aresep y ejerza una acción ejemplarizante, contundente, drástica contra tal empresariado autobusero inescrupuloso. No deberían otorgarse indulgencias dada la gravedad de la agresión económica que han estado sufriendo las familias trabajadoras usuarias de los servicios de transporte público modalidad autobús.

La eventual cancelación de concesiones para las empresas autobuseras presuntamente tramposas y la intervención urgente del Ministerio Público, representaría una muestra de resarcimiento para la población usuaria que todos los días debe subirse a los buses, pues que le devuelven la tarifa mal habida es algo realmente utópico. Sin embargo, ni lo uno ni lo otro habrá de suceder. El poder político de este tipo de corporativismo empresarial es sencillamente descomunal. Las personas usuarias del servicio público modalidad autobús parece que seguirán siendo las grandes perdedoras. La esperanza es una “nueva” Aresep.


San José, sábado 9 de abril de 2016.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Crisis migratoria de cubanos desborda a Gobierno de Panamá - La crisis migratoria que vive la región desborda la capacidad de atención de las autoridades panameñas, que mantienen a más de 2.000 cubanos en la zona fronteriza con Costa Rica y prevén el arribo de al menos 1.200 más. Según datos del Servicio Nacional de Migración de Chiriquí, facilitados a La Nación , los albergues abiertos en las cercanías de Paso Canoas hospedan a casi 1.200 hombres, 700 mujeres y 100 niños.

Crisis migratoria de cubanos desborda a Gobierno de Panamá



Chiriquí, Panamá.- La crisis migratoria que vive la región desborda la capacidad de atención de las autoridades panameñas, que mantienen a más de 2.000 cubanos en la zona fronteriza con Costa Rica y prevén el arribo de al menos 1.200 más.
Según datos del Servicio Nacional de Migración de Chiriquí, facilitados a La Nación , los albergues abiertos en las cercanías de Paso Canoas hospedan a casi 1.200 hombres, 700 mujeres y 100 niños.
Varios centenares más se encuentran distribuidos en tres hoteles cercanos que funcionan como albergues. Los atiende el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).
Todos están a la espera de una solución que les permita seguir su camino hacia Estados Unidos, ya sea pasando por Costa Rica y el resto del Istmo, o por vía aérea.
No obstante, la administración de Luis Guillermo Solís decidió no recibir más cubanos en diciembre, por la crisis que se produjo cuando Nicaragua les cerró la frontera en noviembre y casi 8.000 quedaron varados.
Tanto Costa Rica como Panamá lograron acuerdos con el resto de la región para sacarlos por vía aérea evitando Nicaragua, pero una vez terminados los operativos, llegaron muchos isleños más procedentes de Ecuador, como lo hicieron miles de migrantes desde el 2012.
Ángela Buendía, directora del Sinaproc, afirmó que el trabajo voluntario y la cooperación de varias instituciones panameñas han permitido atender a los miles de cubanos, pero advirtió de que la situación no es sostenible: “Ningún país está preparado para los oleajes migratorios, y más cuando son de una manera desmesurada e incontrolable”.
En el 2012, Ecuador suavizó los requisitos para el ingreso de cubanos, lo que abrió la ruta a cubanos que intentan aprovechar las facilidades migratorias que les ofrece, en Estados Unidos, la Ley de Ajuste Cubano, de 1966. Esta les permite entrar legalmente si lo hacen por tierra o mar.

Las personas apátridas, es decir quienes no tienen nacionalidad, podrán adquirir la condición de costarricenses tras la firma de un reglamento por parte del Canciller Manuel González y el Presidente Luis Guillermo Solís. En el mundo se calcula que hay 10 millones de personas que no tienen nacionalidad, por diferentes motivos entre ellos que un Estado se las niegue por ser hijos de extranjeros o por pertenecer a un país que desapareció por cambios geopolíticos. - Costa Rica emite reglamento que daría nacionalidad a quienes no la tienen - elmundo.cr

Costa Rica emite reglamento que daría nacionalidad a quienes no la tienen - elmundo.cr



Las personas apátridas, es decir quienes no tienen nacionalidad, podrán adquirir la condición de costarricenses tras la firma de un reglamento por parte del Canciller Manuel González y el Presidente Luis Guillermo Solís.
En el mundo se calcula que hay 10 millones de personas que no tienen nacionalidad, por diferentes motivos entre ellos que un Estado se las niegue por ser hijos de extranjeros o por pertenecer a un país que desapareció por cambios geopolíticos.
“El Estado costarricense se ha comprometido con la erradicación de esta forma indigna de sobrevivencia. El procedimiento al que nos estamos sumando, garantiza que estas personas puedan disfrutar de sus derechos humanos, empezando por los elementales como es el derecho a un documento de identidad que lo haga destinatario de deberes y derechos de un Estado”, aseguró el Canciller Manuel González.
Según el Gobierno, darle la nacionalidad a las personas apátridas permitirá que estos tengan pleno goce y respeto a sus derechos humanos.
Las personas apátridas interesadas en optar por la nacionalidad costarricense deberán cumplir con una serie de requisitos y formas, al igual que con las personas que solicitan asilo o refugio. Todos los casos se analizarán individualmente.

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