La comisión determinó que la responsabilidad política por el robo de armas en la Dirección de Tránsito recae directamente sobre el ministro Francisco Jiménez
La comisión determinó que la responsabilidad política por el robo de armas en la Dirección de Tránsito recae directamente sobre el ministro Francisco Jiménez
La comisión legislativa que investigó el robo de armas en la Policía de Tránsito pidió a la presidenta Laura Chinchilla que solicite la renuncia “inmediata” al ministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez, a quien señaló como responsable político directo del grave incidente.
Jiménez, aseguran los legisladores, incumplió las funciones que le señala el artículo 10 de la Ley de Control Interno, por lo cual es “responsable objetivo por la pérdida de las armas de la Dirección General de la Policía de Tránsito”.
La comisión también solicitó al ministro de Seguridad y Gobernación la separación temporal del director general de armamento William Hidalgo, “mientras se finaliza la investigación y se sientan las responsabilidades del caso”.
El informe señala que desde 2006 la auditoría interna del MOPT encontró deficiencias en el control y custodia de las armas de la Policía de Tránsito y que, pese a las advertencias, las deficiencias continuaron, según se desprende de otro informe del año 2009.
“La Auditoría ha evidenciado la ausencia de controles internos de la Policía de Tránsito, sobre la asignación y designación de armas, inventarios y extravíos”, puntualiza el informe.
El encargado de la Armería también presta servicios como agente de tránsito, lo que impide que pueda cumplir de manera efectiva con su función como armero.
Específicamente sobre el robo de 215 armas, ocurrido en febrero pasado , los legisladores hallaron una serie de fallas que a su juicio explica la sustracción.
-Indebido almacenamiento de las armas ya que el cartel de licitación señalaba que deberían ser recibidas en una bogada y no en la armería, como la Ley y el manual establecen.
-La bodega donde se encontraban las armas mantenía la mayor parte del día sin funcionarios de la Dirección de la Policía de Transito.
-Incumplimiento del Manual de Armerías del Estado, en el cual se indica que las armas siempre deben permanecer en la armería que permitan mantener la seguridad de las mismas así como del personal encargado.
-Las áreas perimetrales de la bodega donde estaban las armas eran custodiadas por empresas de seguridad privada.
También señala la comisión que la responsabilidad de custodiar las armas propiedad del Estado es indelegable, por lo que es inconveniente que se haya contratado una empresa privada para custodiarlas.
El informe fue suscrito por los diputados Carlos Góngora (ML), Carmen Muñoz (PAC) y Martín Monestel (PASE).
Jiménez, aseguran los legisladores, incumplió las funciones que le señala el artículo 10 de la Ley de Control Interno, por lo cual es “responsable objetivo por la pérdida de las armas de la Dirección General de la Policía de Tránsito”.
La comisión también solicitó al ministro de Seguridad y Gobernación la separación temporal del director general de armamento William Hidalgo, “mientras se finaliza la investigación y se sientan las responsabilidades del caso”.
El informe señala que desde 2006 la auditoría interna del MOPT encontró deficiencias en el control y custodia de las armas de la Policía de Tránsito y que, pese a las advertencias, las deficiencias continuaron, según se desprende de otro informe del año 2009.
“La Auditoría ha evidenciado la ausencia de controles internos de la Policía de Tránsito, sobre la asignación y designación de armas, inventarios y extravíos”, puntualiza el informe.
El encargado de la Armería también presta servicios como agente de tránsito, lo que impide que pueda cumplir de manera efectiva con su función como armero.
Específicamente sobre el robo de 215 armas, ocurrido en febrero pasado , los legisladores hallaron una serie de fallas que a su juicio explica la sustracción.
-Indebido almacenamiento de las armas ya que el cartel de licitación señalaba que deberían ser recibidas en una bogada y no en la armería, como la Ley y el manual establecen.
-La bodega donde se encontraban las armas mantenía la mayor parte del día sin funcionarios de la Dirección de la Policía de Transito.
-Incumplimiento del Manual de Armerías del Estado, en el cual se indica que las armas siempre deben permanecer en la armería que permitan mantener la seguridad de las mismas así como del personal encargado.
-Las áreas perimetrales de la bodega donde estaban las armas eran custodiadas por empresas de seguridad privada.
También señala la comisión que la responsabilidad de custodiar las armas propiedad del Estado es indelegable, por lo que es inconveniente que se haya contratado una empresa privada para custodiarlas.
El informe fue suscrito por los diputados Carlos Góngora (ML), Carmen Muñoz (PAC) y Martín Monestel (PASE).
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