La situación es producto de un crecimiento del 28% en las importaciones y un alza de las exportaciones de tan solo el 6%, informó el Banco Central de Costa Rica.
Las importaciones pasaron de 6.013,5 millones de dólares en el primer semestre del 2007 a 7.715,1 millones en ese periodo de 2008, mientras las exportaciones se movieron de 4.666,1 millones a 4.967,9 millones.
Durante los primeros meses del 2007 el déficit comercial de este país fue fe 1.347 millones de dólares.
San José, 22 jul (PL) Diputados costarricenses criticaron hoy a la Corte Plena de Justicia por desestimar la investigación acerca de los servicios legales que reconoció dar al gobierno el magistrado suplente de la Sala Constitucional Federico Sosto.
La Corte hace mal porque las repercusiones de la denuncia merecían que se investigara. Yo esperaría que la decisión de la Corte no tenga matices políticos, declaró el congresista Francisco Molina, quien propuso la pesquisa.
El jefe del Partido Acción Ciudadana consideró más sano haber intentado esclarecer las imputaciones contra el magistrado, acusado de supuesta injerencia por proporcionarle asesoría legal al Poder Ejecutivo, según la versión digital del diario La Nación.
Sosto colaboró como abogado, además, con el Consejo Técnico de Aviación Civil, es partidario reconocido del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y uno de los posibles pagados con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica, de acuerdo con la publicación.
El diputado Óscar López, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión, criticó la decisión de la Corte y calificó el fallo de horroroso y antidemocrático.
Me siento indignado con estos 12 magistrados que deciden fallar contra el propio Código de Ética del Poder Judicial, manifestó López, en alusión al Artículo 9 de ese reglamento.
Este establece que el servidor judicial debe evitar conexiones con centros de poder partidario o empresarial que puedan condicionar el ejercicio de sus funciones o empañar su imagen de imparcialidad.
SAN JOSE (AFP) — La Corte Suprema de Costa Rica desistió de investigar a un juez que prestó asesorías al gobierno, algo prohibido por la Constitución, mientras un funcionario que testificó ante el Congreso atribuyó responsabilidad en esta cuestionada práctica al hermano del presidente Oscar Arias.
Por doce votos 12 contra 10, la Corte Suprema declinó el lunes en una sesión secreta abrir una investigación contra el magistrado de la Sala Constitucional Federico Sosto por brindar asesorías al gobierno, que pagaba consultorías a numerosas personas con fondos donados por Taiwán para mejorar barrios pobres.
Los dineros taiwaneses estaban depositados en una cuenta en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), desde donde eran girados por el gobierno al margen del presupuesto público.
Por este escándalo testificó el lunes en la noche ante el Congreso el director costarricense del BCIE, Alfredo Ortuño, quien declaró que el hermano del presidente Arias y ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, era quien comunicaba al Banco Centroamericano a quién debía contratar para brindar las asesorías.
"Don Rodrigo, como jefe del Ministerio de la Presidencia, y siendo éste el órgano ejecutor, él es el que nos manda las notas a nosotros para que nosotros, en el caso de la dirección, las mandemos a la administración (del BCIE) para que se ejecuten" las asesorías, declaró Ortuño ante los diputados.
En el centro del escándalo por el pago de asesorías con fondos donados por Taiwán antes de que Arias cortara relaciones diplomáticas con la isla para vincularse con China en junio de 2007, se encuentra el ministro de Vivienda, Fernando Zumbado, alejado temporalmente del cargo mientras avanzan las indagaciones del Congreso.
Diputados opositores lamentaron este martes que la Corte Suprema rechazara abrir una investigación contra el magistrado Federico Sosto por prestar asesorías al gobierno.
"Si la Corte renuncia a investigar, tendremos que hacerlo desde el Congreso", dijo el legislador opositor Francisco Molina, jefe de la bancada parlamentaria del centrista Partido de Acción Ciudadana.
"La Corte hace mal porque las repercusiones de la denuncia merecían que se investigara", agregó.
Sosto argumenta que prestó las asesorías como abogado privado, puesto que ésta era su actividad principal, aunque se desempeña desde hace medio año como magistrado de la Sala Constitucional del máximo tribunal en reemplazo de un juez titular que se jubiló.
La Constitución prohíbe que los miembros del Poder Judicial presten este tipo de servicios. Los magistrados suplentes deben suspender todo ejercicio privado si sirven como jueces durante más de tres meses.
El cuestionado sistema de pagos de asesorías a personas del entorno del gobierno, con fondos ajenos al presupuesto nacional, fue develado hace tres semanas, causando el mayor escándalo que sacude al gobierno de Arias.
San José, 31 jul (elmundo.cr) – El presidente de la República, Carlos Alvarado, reaccionó de esta manera luego de que la Unión Costarricense...
