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martes, 19 de octubre de 2010

EDITORIAL La Nación Martes 19 de octubre del 2010 / REPRESA EN EL SAN JUAN







               REPRESA EN EL SAN JUAN


El Gobierno de Nicaragua impulsa, a paso acelerado, la construcción de una represa hidroeléctrica en el río San Juan, cuyos efectos podrían hacerse sentir en Costa Rica. A ambos lados de la frontera existe preocupación por el daño ecológico previsible, especialmente la sequía de humedales y la pérdida de caudal en la parte baja de la vía fluvial.

La represa, valorada en $600 millones, producirá 250 megavatios para convertirse en la principal fuente de energía eléctrica en Nicaragua, un país muy necesitado de ese recurso. Para lograrlo, los nicaragüenses proyectan construir un muro de diez metros de alto y 400 de largo que regularía el paso del agua hacia el mar Caribe.

El vicecanciller Carlos Roverssi señala que las obras se ejecutarán en territorio nicaragüense. Eso no impide que el Ministerio de Relaciones Exteriores emprenda gestiones para averiguar las repercusiones en suelo nacional y en el río mismo, donde Costa Rica goza de derechos de libre navegación. Según Roverssi, las gestiones ya están en marcha, y en la Asamblea Legislativa los integrantes de la Comisión Especial del Ambiente también manifiestan preocupación y deseo de viajar a la zona para palpar la situación en ambas márgenes del río.

La diligencia en esta materia es un imperativo para nuestras autoridades, porque la localización de la obra en territorio nicaragüense no nos priva de un legítimo interés en el asunto ni releva al Estado costarricense de su obligación de defender, por los medios legales a su alcance, la integridad de su territorio.

La soberanía de Nicaragua sobre el río no está en discusión, pero sí las repercusiones nocivas que el desarrollo de la represa pueda tener en nuestro país. Para prevenirlas, Costa Rica cuenta con su diplomacia y un rico acervo del derecho internacional desarrollado en esta materia.

Múltiples fallos de la Corte Internacional de Justicia establecen la obligación de los Estados de evitar que actividades desarrolladas en pleno ejercicio de la soberanía causen daños al ambiente de países vecinos. La soberanía no comprende ya un derecho a hacer lo que plazca dentro del territorio nacional sin preocupación por los daños a terceros y aun a las áreas no sometidas a la jurisdicción de Estado alguno, como la altamar.

Costa Rica tiene derecho a estar bien informada de los trabajos proyectados en Nicaragua. Los probables efectos de la represa sobre la flora y fauna, por ejemplo, bastan para entender que la Convención de Biodiversidad, ratificada por ambos países, es aplicable al caso. Ese cuerpo normativo establece la necesidad de intercambiar información y establecer mecanismos de consulta cuando las actividades desarrolladas en un Estado pueden tener efecto sobre el ecosistema del vecino.

Nicaragua, según los estableció el reciente fallo de la Corte Internacional, tiene derecho a realizar obras en el río, pero también la responsabilidad de no afectar la navegación (como podría ocurrir con la pérdida de caudal) o el ambiente. Como el ejemplo citado, existen otras normas y principios aplicables para conciliar intereses y preservar la armonía.

El desarrollo de Nicaragua y en particular de la zona fronteriza debe ser entendido como un interés nacional costarricense. La estabilidad y prosperidad del país vecino conlleva importantes beneficios para el nuestro. El tema de la represa debe ser contemplado en esa perspectiva, con ánimo de colaboración y no de caprichosa obstaculización.

Hacen bien nuestras autoridades en promover los procesos de información y consulta desde ahora, para estar a tiempo de defender los bienes costarricenses que están en juego.

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