Costa Rica solicitó al Gobierno de Nicaragua información técnica sobre el nuevo proyecto de canal interoceánico, que utilizaría aguas del río San Juan, presentado el lunes al Congreso del vecino país.
La nota de la Cancillería costarricense expresa preocupación porque dicho proyecto puede afectar derechos costarricenses.
La Cancillería sostiene que Costa Rica tiene claro que la realización de obras de infraestructura por parte de Nicaragua en su propio territorio es una prerrogativa de ese país.
No obstante, aclaró que en relación con la construcción de un canal interoceánico, Costa Rica se permite recordar que Nicaragua debe acatar lo dispuesto en el Tratado de Límites de 1858 y en el Laudo Cleveland de 1888.
“Por consiguiente, Nicaragua no puede pretender realizar un canal interoceánico sin antes pedir y oír el criterio de Costa Rica, y en el caso, como en el presente, donde puedan afectarse derechos de Costa Rica, la opinión de Costa Rica es vinculante”, afirma Relaciones Exteriores.
Además, indicó que Costa Rica estima que este anuncio no es sorpresivo, “dado que ya Nicaragua había adelantado en diversas ocasiones que las labores de dragado en el río San Juan eran en preparación de la construcción de ese canal”.
“Esto, a la vez, está por lo tanto ligado con la ocupación militar de Isla Portillos, por donde se contemplaba iniciar este canal. Las preocupaciones costarricenses, que obligaron al país a realizar una serie de acciones y obras en defensa de la soberanía nacional con carácter de emergencia, se ven ahora reforzadas”, defendió la Cancillería.
“En este contexto, el Gobierno reitera que continuará con la construcción de la ruta 1856 al igual que con las otras obras de defensa civil y desarrollo de las comunidades”, precisó la Cancillería.
Los costos estimados más conservadores del proyecto del canal oscilan entre los 20 y 30 mil millones de dólares, según medios oficialistas nicaragüenses.
Por otra parte, la Cancillería precisó que las inversiones costarricenses en la trocha 1856 representan apenas el 0.2% de ese impresionante monto, lo cual evidencia la pequeña escala de la obra nacional.
“El costo estimado del proyecto de canal interoceánico, por el contrario, le refleja a la comunidad nacional e internacional el impacto ambiental sin precedentes que este proyecto provocaría en la región y especialmente en Nicaragua y Costa Rica. Esto además desenmascara la supuesta preocupación ambiental que Nicaragua ha esgrimido como estrategia para oponerse a la trocha fronteriza costarricense”, resaltó la Cancillería.
Además, el Gobierno de Costa Rica reitera que la trocha 1856 no ha generado daño al río San Juan, y llama la atención de que la construcción de un canal interoceánico que utilice las aguas del río San Juan, claramente significaría la destrucción absoluta de ese río y la del río Colorado, lo cual sí representa un verdadero “ecocidio”.
Acusó también que otras obras ejecutadas por Nicaragua, como el aeropuerto en San Juan del Norte o el puente sobre el río San Juan, generan impactos directamente en dicho río, algo sobre lo cual el Gobierno de Nicaragua y algunas organizaciones ambientalistas han guardado silencio.
Según se expresa en la nota diplomática, el Canciller en ejercicio Carlos Roverssi señaló: “mi Gobierno solicita al de Nicaragua el envío, por los canales diplomáticos correspondientes, de toda la documentación relacionada con la posible construcción del referido canal, en cumplimiento con lo dispuesto por estos instrumentos y el derecho internacional. Dicha documentación debe incluir los estudios respectivos, el marco jurídico y la ruta del canal, al igual que la estimación de las afectaciones al caudal del río San Juan y su navegabilidad, las afectaciones al río Colorado y a la ribera derecha costarricense del río San Juan”.
Finalmente, destacó que “El Gobierno de Costa Rica señala nuevamente que las acciones judiciales, políticas y mediáticas emprendidas por el Gobierno de Nicaragua y sus organizaciones afines, son en realidad un intento por presentar a Nicaragua como víctima luego de su invasión militar a Isla Portillos y el daño ambiental ahí realizado, y minimizar de esta forma su responsabilidad internacional por estos hechos”.
