Una oportunidad para Costa Rica
El alza en el precio de los alimentos experimentado en los últimos
* meses tiene costos pero también ofrece oportunidades para nuestro
* país. Una reacción gubernamental planificada y solidaria podría
* contrarrestar al menos parte de las tendencias del mercado, mitigando
* el impacto en los consumidores de menores recursos y convirtiendo a
* muchos pequeños y medianos agricultores en ganadores.
El alza en los precios se debe a una serie de circunstancias. En primer lugar, el incremento en los precios del petróleo ha elevado los costos de los procesos agrícolas y ha reducido la oferta de alimentos pues muchas cosechas se están utilizando como materia prima para la industria de los biocombustibles.
Por otra parte, el incremento en el consumo que ha acompañado la prosperidad económica en China, India, Vietnam, Rusia, etc., condiciones climatológicas adversas en Australia y pestes en Vietnam, completan el conjunto de causas detrás del alza en el precio de los alimentos. Casi todos estos factores son permanentes.
Aun la sequía de cinco años en el sudeste australiano podría obedecer al cambio climático. Esto basta para que sea conveniente que Costa Rica invierta recursos y planifique la recuperación de la agricultura para la alimentación. Si todo se deja en manos del mercado serán los grandes importadores de alimentos y las grandes corporaciones agrícolas, las cuales disponen de riego, de áreas planas, de capital para comprar o alquilar maquinaria y de capacidad para cambiar usos y preparar terrenos, las que extraerán todos los beneficios de los altos precios de los alimentos.
Creo que el Gobierno debe poner en práctica de manera inmediata un programa de apoyo para los pequeños y medianos agricultores, muchos de los cuales han abandonado sus tierras o las tienen subutilizadas después de 20 años de políticas neoliberales.
Este programa debe contemplar, primero, crédito subsidiado, tanto para operación como para inversiones de capital. Para ello no es necesario que esté listo el reglamento de la ley de Banca de Desarrollo pues ya existen los recursos del llamado peaje bancario los cuales se pueden destinar a este programa por medio de un simple decreto. Persuadir al agricultor para que nuevamente tome riesgos e invierta en renovación de tierras y en maquinaria, casas de trabajadores, etc., no será fácil.
Por ello, es necesario, en segundo lugar, garantizarle facilidades de acopio, precios y mercado, por un número determinado de años, lo cual no debe ser problema ya que las nuevas circunstancias tienen visos de permanencia. Dichosamente aun existe el CNP con la normativa legal que le permitiría ofrecer esas garantías. 3- las otras instituciones del sector deben fortalecerse para brindar asistencia técnica y semillas mejoradas. 4- se debe agilizar dramáticamente la inscripción de agroquímicos genéricos para que los agricultores tengan acceso a insumos más baratos y de buena calidad. 5- las instituciones del estado especializadas en la promoción de exportaciones deben reorientarse para ayudar casi de manera exclusiva a los pequeños y medianos productores. 6- debe crearse o fortalecerse el seguro de cosechas.
Las instituciones aseguradores (tanto el INS como las que llegarán al amparo de la nueva legislación) no deberían tener problemas para entrar en este mercado con primas razonables en vista de las expectativas de precios elevados. 7- es necesario adecuar la Ley de Bienes Inmuebles, Ley Nº 7509 para incentivar la permanencia del verdadero agricultor evitando que para propósitos impositivos se vea afectado por usos lucrativos de la tierra vecina (turismo, condominios, comercio, etc.). El PAC estará pronto presentando un proyecto en esa dirección.
Por otra parte, el Gobierno debe fortalecer el programa de alimentos de las escuelas y colegios y ajustar los salarios adecuadamente con el fin de compensar el impacto de las alzas de precios en las familias más pobres y de clase media. Después de Venezuela, Costa Rica sufre la inflación mas elevada en América Latina. Reducir su impacto en los sectores más vulnerables deber ser una prioridad. En este contexto felicito al Gobierno por el incremento adicional de un 15% en el monto de las pensiones del Régimen no contributivo. La agricultura para la alimentación en nuestro país ha sufrido las consecuencias de una doble asimetría en los últimos 20 años. Por una parte, se le quitó el apoyo a nivel nacional cuando se creyó que nuestro mundo debería girar alrededor de empresas multinacionales y de la venta de nuestras tierras más valiosas a extranjeros. Ha habido subsidios y exoneraciones para la inversión extranjera pero no para nuestros agricultores. A esa asimetría se suma la generada por los subsidios a la agricultura de los países desarrollados lo que incrementó la oferta mundial y deprimió los precios para nuestra agricultura.
Cuando muchos creíamos que el TLC unido a esas asimetrías causaría un "daño terminal" a la pequeña y mediana agricultura tradicional costarricense tal y como ocurrió en México con el NAFTA, una combinación de circunstancias ha creado posibilidades para por lo menos en el mediano plazo evitar esas consecuencias. Pero para ello se requiere con urgencia de un programa de acciones gubernamentales.
Si todo se deja en manos del mercado como pareciera que lo concibe el Gobierno entonces el mercado será quien seleccione perdedores y ganadores. Ante las actuales circunstancias en el mercado mundial de alimentos un país con nuestra tradición agrícola debe ser un ganador económico y social neto. El Gobierno no debe cruzarse de brazos limitándose a anunciar vacas flacas. Crear esperanza para productores y consumidores con un programa concreto es la ruta correcta.
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