El costo por proteger deuda argentina de un incumplimiento de pago está subiendo a su máximo nivel en tres meses conforme la presidenta Cristina Fernández de Kirchner consolida su ventaja en los sondeos de opinión y presiona a las empresas a aceptar más miembros del gobierno en sus directorios.
Las permutas de incumplimiento crediticio de Argentina subieron 37 puntos básicos, o sea 0,37 puntos porcentuales, hasta 590 en los últimos 30 días, el nivel más alto desde que las protestas en Oriente Medio en febrero elevaron más el costo de asegurar la deuda de los mercados emergentes. Las permutas brasileñas de incumplimiento crediticio a cinco años bajaron 4 puntos básicos en el último mes, en tanto los contratos mexicanos sufrieron escaso cambio, según datos de CMA, que es propiedad de CME Group Inc.
El rival más cercano de Fernández en la elección de octubre, el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, se retiró de la contienda el 8 de mayo. En el último mes, Fernández tomó medidas para aumentar los derechos de voto del gobierno en 42 empresas donde el organismo de pensiones estatal tiene acciones, propuso legislación que limita las compras de tierra por extranjeros y suspendió las exenciones impositivas para los mayores exportadores de granos del país.
“No ha mostrado ningún signo de cambiar sus políticas” para estar más a favor del mercado, dijo Roberto Lavagna, que fue ministro de economía del marido y predecesor de Fernández, Néstor Kirchner. “Hay muchas dudas entre los inversores”.
Fernández emitió un decreto el 13 de abril permitiendo al organismo estatal de pensiones, conocido como Anses, ejercer plenos derechos de voto en las empresas donde tiene una participación. Anteriormente, el organismo gozaba de un máximo de 5% de derechos de voto en empresas argentinas pese a tener una participación más amplia.
Luego de esta decisión, Anses nombró dos directores en el directorio de Banco de Galicia y Buenos Aires SA y Banco Patagonia SA. Anses tiene una participación de 20% en el holding de Galicia, Grupo Financiero Galicia SA, y 15% en Patagonia.
“Ambas empresas consideraron razonable e importante que un inversor importante como Anses tuviera un director”, dijo el ministro de Economía, Amado Boudou, el 27 de abril.
Ternium SA, el fabricante de acero más grande de Argentina, recurrió a la justicia para cuestionar el intento del gobierno de aumentar el control sobre la empresa, donde Anses tiene una participación de 26%.
A dos semanas de haber lanzado su decreto, Fernández envió a los legisladores un proyecto de ley para restringir a 1 mil las hectáreas de tierras cultivables, incluidas las llanuras fértiles de la Pampa, que pueden adquirir extranjeros.
“Un país normal y serio defiende y protege su patrimonio nacional”, dijo Fernández, de 58 años, al anunciar el proyecto. Leyes similares existen en Brasil, Estados Unidos, Canadá y Francia, dijo.
Fernández, que se viste de negro en eventos públicos desde la muerte de su marido de un ataque al corazón en octubre último, no ha dicho si se presentará para la reelección. En un discurso el 12 de mayo en Buenos Aires dijo “no me muero por ser presidenta”.
La incertidumbre no ha afectado su apoyo. En un sondeo realizado por CEOP Opinión Pública que abarcó a 1.200 personas, Fernández obtuvo 46,3% de respaldo, con 13,5% para Macri y 11% para el legislador Ricardo Alfonsín, hijo del presidente Raúl Alfonsín.
