Si antes de la aparición oficial en el país, con el primer caso reportado el 6 de marzo de 2020, de la pandemia del coronavirus Covid-19, la urgencia de una profunda transformación tributaria estructural era ya imposible de eludir, ¡ahora lo es más!
Las fuerzas sindicales y sociales, así como político-partidistas que todavía están sanas, tienen una obligación moral ineludible para crear nuevas bases de sustentación sólida con la finalidad de que las generaciones venideras puedan tener acceso a las diferentes ofertas de política pública diseñadas para la inclusión social en materia de salud, educación, asistencia y promoción social, entre otras.
La pandemia y sus efectos perversos para la integración y para la movilidad sociales solo nos están mostrando que todavía podemos caer más bajo en los respectivos indicadores económico-sociales como los del desempleo (especialmente, el juvenil), la informalidad, la criminalidad y la violencia, entre otros.
Prácticamente la mayoría de la población costarricense sentimos que gracias a las herencias institucionales del mejor patrimonio de lo que, por lo general, es asumido como el Estado social de derecho, el país está enfrentando la pandemia en mejores condiciones que otras naciones cercanas e, incluso, supuestamente superiores en cuanto a desarrollo.
Si tales herencias institucionales del patrimonio público destinado a la promoción del bien común y de la inclusión social nos están permitiendo, como sociedad, sentirnos un poco más seguros de que el Covid-19 puede ser “vencido” en suelo nacional, con más razón el reto cívico-popular y patriótico para la preservación de tales herencias institucionales ha adquirido una nueva dimensión.
Esa nueva dimensión tiene dos perspectivas que conviene precisar. Una es la de la hegemonía ideológica y político-económica dominante, que se siente frustrada, pues su tesis de privatización-venta de tales herencias institucionales del patrimonio público, al menos, lo mejor de la misma, no están contando ya en estos tiempos de pandemia con el mejor ambiente, si es que antes del Covid-19 tenían esperanzas al respecto.
Sin embargo no renuncian a esta parte del catecismo ideológico en tal sentido y nos recetan préstamos internacionales con cláusulas de venta de activos que debemos rechazar radicalmente y ponen al país contra la pared, forzándolo a endeudarse a niveles que podrían ser tan inmanejables como para llevarnos a las puertas del default (cesación de pagos), antesala de una declaratoria de quiebra estatal de consecuencias demoledoras para las mayorías. Uno no deja de pensar que, efectivamente, ciertas maquinaciones políticas en el averno del poder consideran eso como una “salida” a la crisis.
La otra dimensión es la más responsable, la más sensata y la más segura: debemos actuar con base en las cuantificaciones estructurales ya oficialmente aceptadas en materia de evasión y elusión tributarias, así como en materia de exenciones y exoneraciones (incluyendo las de las zonas francas, que muestran casos de “prostitución” de los objetivos macroeconómicos con que se promovieron en el país).
A la llegada al país de la pandemia, casi 15 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), están en espera de un abordaje integral por parte de ese gobierno que aún no ha llegado: el gobierno de nuevo tipo que se necesita para retar a esos poderes detrás de esos 15 puntos; poderes que, incluso, son los que han acumulado la más grande parte de los $35.000 millones que, al último día de febrero 2020, están depositados en los bancos del país y en otras entidades del sistema financiero nacional.
Esta tarea cívica de tanta trascendencia no empezará de cero. Al contrario, estudios y propuestas están a la orden del día; incluso, hasta han salido de informes de la propia Asamblea Legislativa, sin hablar de experiencias de corte sindical-social tanto en el plano interno como en el internacional. Paradójicamente y con todo el dolor que la circunstancia representa, la pandemia nos da un nuevo aire, nos aporta renovados bríos y, lo más importante, le da a la tarea de la transformación tributaria estructural del sistema fiscal-impositivo costarricense un contenido ético-moral imposible de confrontar y/o de descalificar. Somos optimistas: ¡El tiempo está de nuestro lado!
Si tales herencias institucionales del patrimonio público destinado a la promoción del bien común y de la inclusión social nos están permitiendo, como sociedad, sentirnos un poco más seguros de que el Covid-19 puede ser “vencido” en suelo nacional, con más razón el reto cívico-popular y patriótico para la preservación de tales herencias institucionales ha adquirido una nueva dimensión.
Esa nueva dimensión tiene dos perspectivas que conviene precisar. Una es la de la hegemonía ideológica y político-económica dominante, que se siente frustrada, pues su tesis de privatización-venta de tales herencias institucionales del patrimonio público, al menos, lo mejor de la misma, no están contando ya en estos tiempos de pandemia con el mejor ambiente, si es que antes del Covid-19 tenían esperanzas al respecto.
Sin embargo no renuncian a esta parte del catecismo ideológico en tal sentido y nos recetan préstamos internacionales con cláusulas de venta de activos que debemos rechazar radicalmente y ponen al país contra la pared, forzándolo a endeudarse a niveles que podrían ser tan inmanejables como para llevarnos a las puertas del default (cesación de pagos), antesala de una declaratoria de quiebra estatal de consecuencias demoledoras para las mayorías. Uno no deja de pensar que, efectivamente, ciertas maquinaciones políticas en el averno del poder consideran eso como una “salida” a la crisis.
La otra dimensión es la más responsable, la más sensata y la más segura: debemos actuar con base en las cuantificaciones estructurales ya oficialmente aceptadas en materia de evasión y elusión tributarias, así como en materia de exenciones y exoneraciones (incluyendo las de las zonas francas, que muestran casos de “prostitución” de los objetivos macroeconómicos con que se promovieron en el país).
A la llegada al país de la pandemia, casi 15 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), están en espera de un abordaje integral por parte de ese gobierno que aún no ha llegado: el gobierno de nuevo tipo que se necesita para retar a esos poderes detrás de esos 15 puntos; poderes que, incluso, son los que han acumulado la más grande parte de los $35.000 millones que, al último día de febrero 2020, están depositados en los bancos del país y en otras entidades del sistema financiero nacional.
Esta tarea cívica de tanta trascendencia no empezará de cero. Al contrario, estudios y propuestas están a la orden del día; incluso, hasta han salido de informes de la propia Asamblea Legislativa, sin hablar de experiencias de corte sindical-social tanto en el plano interno como en el internacional. Paradójicamente y con todo el dolor que la circunstancia representa, la pandemia nos da un nuevo aire, nos aporta renovados bríos y, lo más importante, le da a la tarea de la transformación tributaria estructural del sistema fiscal-impositivo costarricense un contenido ético-moral imposible de confrontar y/o de descalificar. Somos optimistas: ¡El tiempo está de nuestro lado!
*Secretario general
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
