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jueves, 3 de junio de 2010

Comunicado del Consejo Institucional a la opinión pública sobre el allanamiento en el TEC


Comunicado del Consejo Institucional a la opinión pública sobre el allanamiento en el TEC

En la Sesión Ordinaria No. 2662, Artículo 12, del 27 de mayo del 2010, el Consejo Institucional emitió un comunicado a la opinión pública sobre los hechos ocurridos el 20 de mayo en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Además, designó a un integrante del Consejo Institucional para su participación como representante ante la Comisión Especial conformada para dar seguimiento al proceso judicial.  Así como,  de  la vocera oficial de la Institución  tanto interna  como externa, la cual brinde la  información que se genere a consecuencia de los hechos acaecidos:

RESULTANDO QUE:

1.  El Artículo 84 de la Constitución Política dice textualmente:

La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobiernos propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.
El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación.”

2.  La Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus reformas, No. 6321, establece:

“Artículo 1.  El Instituto Tecnológico de Costa Rica es una Institución autónoma, de educación superior universitaria que, de acuerdo con lo que expresa el Artículo 84 de la Constitución Política, goza de independencia  para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.”

3.  El Estatuto Orgánico define los fines del Instituto en su Artículo  2, entre los que destaca en el numeral c:

“La acción integrada de la docencia, la investigación y la extensión del Instituto, está orien tada al cumplimiento de los siguientes fines:

c.      Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo costarricense mediante la proyección de sus actividades a la atención y solución de los problemas priorita rios del país, a fin de edificar una sociedad más justa”

4.  El Artículo 3 del mismo Estatuto enumera una serie de principios como:

·La evaluación permanente de los resultados de las labores de la Institución y de cada uno de sus integrantes.
·La responsabilidad de los individuos y órganos del Instituto por las consecuencias de sus acciones y decisiones.

CONSIDERANDO QUE:

1.       El jueves 20 de mayo en horas de la mañana se realizó un allanamiento a las instalaciones del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) ubicadas en la ciudad de Cartago, con el fin de decomisar información relacionada con denuncias interpuestas ante el Ministerio Público.

2.       A pesar de la desproporción entre las acciones que se tenían que ejecutar y el número de representantes del Poder Judicial y el Organismo de Investigación Judicial que se apersonaron, las mismas se realizaron con la total colaboración de autoridades y miembros de la comunidad institucional. Dichas acciones consistían en la obtención de documentos relacionados con las denuncias interpuestas, que permitan esclarecer si las denuncias proceden.

3.       En estos momentos no existen causas judiciales contra ninguno de los funcionarios de la Institución. La información que tomó el Ministerio Público será usada para analizar si procede el inicio de las causas.

4.       El manejo de la información en los medios de comunicación masiva, ha amenazado la imagen del Tecnológico, por estar fuera de contexto y reflejar sólo una parte de la información relacionada con los hechos denunciados.

5.       La imagen errónea que se ha proyectado al país del Tecnológico, a raíz de estos hechos, crea una idea en el colectivo de que la Institución hace  un manejo indebido de los fondos que se le asignan. Esta premisa es totalmente falsa, ya que en realidad se está ante una situación preliminar, que no necesariamente va a derivar en causas judiciales contra las personas funcionarias que se mencionan en la orden de allanamiento y que en los casos denunciados hay fondos que no son asignados por el Estado sino más bien son generados por la vinculación externa que desarrolla la Institución, a través de sus funcionarios en horas adicionales a su jornada de trabajo.

6.       Las cuatro universidades estatales, que forman el Consejo Nacional de Rectores, se encuentran en un delicado proceso de negociación con el gobierno sobre el financiamiento para los próximos cinco años. Estos hechos amenazan la imagen de las universidades ante el país, lo que podría debilitar el logro de una negociación justa.

7.       El día jueves 20 de mayo, autoridades de diferentes instancias institucionales consideraron la conveniencia de conformar una comisión encargada de analizar y realizar las acciones correspondientes en relación con los hechos acecidos en horas de la mañana de ese día. Se realizó una reunión para definir la forma de operar y se determinó la necesidad de que la comunidad conociera la información de primera mano.

8.       Se organizó una reunión con la comunidad para el lunes 24 de mayo. En la organización y ejecución de la misma participó la Ing. Nancy Hidalgo, con el fin de que el Consejo Institucional tuviera representación. Igualmente, dicha funcionaria ha apoyado la labor de comunicación con la prensa nacional a solicitud de la comisión. Sin embargo, es fundamental definir formalmente, ambas participaciones de una persona que represente al Consejo Institucional en dicha comisión.

ACUERDA:

a.       Afirmar ante la opinión pública que el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), siempre ha sido respetuoso del orden constitucional y legal y ante el allanamiento judicial  perpetrado  en las instalaciones del TEC en Cartago,  el pasado jueves 20 de mayo del 2010, mantuvo una actitud de total colaboración con las autoridades judiciales que recabaron  informes y otros documentos.

b.      Aclarar que dichas acciones se llevaron a cabo con el fin de recabar información, que permitirá establecer la posibilidad de iniciar procesos judiciales y que en estos momentos no existen causas formales contra ninguna de las personas que laboran en la Institución, como indiciada en los hechos señalados en las denuncias.

c.       Manifestar al pueblo costarricense que puede estar seguro de que la Institución colaborará con las instancias judiciales a cargo de estos eventos, con total transparencia, en aras de facilitar el proceso  de investigación.   

d.      Reprochar la amenaza a la imagen institucional, que ha provocado el pésimo manejo que han  hecho algunos medios de prensa, de la información relacionada con los hechos acaecidos, por ser descontextualizados y parcializados.

e.      Designar a la señora Nancy Hidalgo Dittel, como representante del Consejo Institucional, ante la comisión especial conformada  para dar seguimiento a los eventos relacionados con el allanamiento del pasado 20 de mayo del 2010.

f.        Designar a la señora Nancy Hidalgo Dittel, como vocera oficial de este Órgano  y de la Institución para que brinde información que se genere a consecuencia de los hechos acaecidos, interna y externamente.

g.       Divulgar el presente comunicado, a través de los medios electrónicos y oficiales de la Institución que no impliquen una erogación económica por parte del Instituto.

h.      Comunicar.  ACUERDO FIRME.