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martes, 13 de mayo de 2014

Informe de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos en Costa Rica Fuente: Nicolas Boeglin |

Informe de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos en Costa Rica

Fuente: Nicolas Boeglin  |  2014-05-11

Informe de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos en Costa Rica

Ambiente y Derechos Humanos (playasycosta.com)

Desde la semana pesada está disponible el texto del informe del Experto independiente de las Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente, el señor John H. Knox.  Este experto independiente forma parte de los 37 mandatos temáticos en materia de derechos humanos actualmente funcionando en el marco de las Naciones Unidas (ver listado oficial), conjuntamente con 14 mandatos por país (ver listado oficial). A estos debemos añadir los 9 órganos de tratados (ver listado oficial) encargados de velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados en esos instrumentos internacionales. El informe de John H, Knox fue elaborado a raíz de la visita efectuada en Costa Rica en julio-agosto del año 2013: se trata de un documento que ha sido poco divulgado en medios de prensa así como por parte de las autoridades salientes de Costa Rica.
El contexto de la visita de John H. Knox:
Cabe recordar que al finalizar su visita en suelo costarricense (y de manera preliminar) el experto había señalado durante su conferencia de prensa que: "No es la tarea de las organizaciones sociales ni de las personas comunes poner su vida en riesgo para proteger el ambiente. Esas funciones de policía son tareas que deben estar en manos de los Gobiernos" (ver nota de La Nación del 2/08/2013). Estas declaraciones intentan, por parte del experto, hacerle eco a la profunda indignación suscitada en Costa Rica (y en el extranjero) por la muerte del ambientalista Jairo Mora Sandoval en una playa de Costa Rica en mayo del 2013: el ecologista había hecho público las amenazas recibidas por su organización en relación a la labor que desarrollaba, consistiendo en registrar nidos de tortugas marinas en las playas del Caribe. Por alguna extraña coincidencia, el arresto de varios sospechosos de su muerte se dio justo 24 horas antes de que concluyera la visita del experto independiente (ver nota  del 31 de julio del 2013 de La Nación). Más allá de las valoraciones que se puedan hacer sobre esta interesante coincidencia de fechas, cabe recordar las infortunadas declaraciones del entonces Vicepresidente de Costa Rica, Alfio Piva,  sobre la muerte de Jairo Mora, precedida por lo que algunos ambientalistas describieron como una peligrosa deriva discursiva de las máximas autoridades de Costa Rica  en contra de ecologistas que resumimos en junio del 2013 de la siguiente manera: “Más allá del deterioro  del Índice de Desarrollo Humano, un discurso presidencial de octubre del 2010  a la fecha inexplicado, un llamado público de un ecologista pidiendo presencia policial que termina con su muerte, y unas desafortunadas declaraciones del Vicepresidente Alfio Piva a una cadena internacional constituyen el marco factual de las celebraciones del Día del Ambiente en Costa Rica, convertido en un día de profundo luto y consternación en este 2013 (Nota 1).  Un ecologista con amplia experiencia de campo sugirió en un artículo pistas de investigaciones que al parecer no fueron exploradas, o de manera algo somera (Nota 2) en relación a algunas tortugas poco visibles en Costa Rica. A pocos días del cambio de autoridades, el pasado 26 de abril del 2014, el Ministro de Ambiente René Castro procedió a rebautizar el Refugio Mixto de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo con el nombre de Jairo Mora  (ver nota de CRHoy): un reconocimiento póstumo a la figura de Jairo Mora en una zona sumamente sensible desde el punto de vista social, pero que no se adecúa del todo a las denominadas "garantías de no repetición" que ha ordenado, por ejemplo,  la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los Estados en caso de asesinatos de líderes ecologistas y sociales.  Declarar una nueva área protegida en la zona de Moín en la que encontró la muerte Jairo Mora (y bautizarla con su nombre) y hacer público un reconocimiento por parte del Estado de su responsabilidad (tal como solicitado por varias entidades ecologistas) hubieran posiblemente sido acciones mucho más acordes con lo ordenado, por ejemplo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009 contra Honduras (caso del asesinato de la líder ambientalista Kawas Fernández – ver texto de la sentencia del 2009, en particular medidas ordenadas por la Corte Interamericana en los párrafos 200-215). En Costa Rica, la actitud de las autoridades en el caso de Jairo Mora azuzó la indignante sensación de impunidad relacionada con crímenes o actos de intimidación contra ecologistas, llevando al Presidente de la Federación Costarricense de Organizaciones Ecologistas (FECON) a exigir más respeto a su memoria (ver artículo de Mauricio Álvarez). Permanecen sin ser sancionados varios crímenes de ecologistas, incluyendo el caso de cuatro de ellos cuyos cuerpos aparecieron sin vida en Moravia y en La Uruca a finales de 1994 e inicio de 1995 (caso AECO) (ver nota de prensa) (Nota 3). 
Algunos aspectos analizados:
La situación de varias familias de la comunidad ubicada en el Refugio Mixto de Vida Silvestre en Gandoca Manzanillo (sujetas a órdenes de desalojos y demolición de sus casas) es también parte de las preocupaciones del experto independiente (entre otros muchos temas): pero desde una perspectiva muy distinta. Recordemos que la peculiar situación de los pobladores en Gandoca Manzanillo dio lugar a una entrevista al mismo Alfio Piva  de cierto interés en el 2012, seguida por la presentación de un proyecto de ley fuertemente cuestionado por organizaciones ecologistas costarricenses (ver manifiesto colectivo), que terminó siendo objeto de una consulta facultativa y declarado inconstitucional por parte de la Sala Constitucional de Costa Rica a finales del 2012. La reciente “Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur" aprobada en febrero del 2014 constituye un segundo intento del Poder Legislativo (ver nota de prensa) no exento de limitaciones (en particular en materia ambiental, según funcionarios del mismo Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea): la angustia de muchos pobladores de Gandoca Manzanillo (muchos de ellos arraigados desde más de 100 años en la zona) podría mantenerse si el Estado no procede rápidamente a resolver este delicado tema.
El informe señala de igual manera, entro otros temas, el problema que enfrentan las poblaciones indígenas afectadas por los numerosos proyectos de represas hidroeléctricas, en particular el Proyecto El Diquis, que ha dado lugar a tres visitas a Costa Rica del Relator de Naciones Unidas sobre Derecho de los Pueblos Indígenas, James Anaya.  Su visita en abril del 2011, y el informe del 30 de mayo del 2011 (vertexto completo) fueron seguidos por una visita de seguimiento a Costa Rica en julio del 2011 (ver nota).  En el 2012, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) acordó “Solicitar al Poder Ejecutivo la derogatoria del Decreto Ejecutivo N.° 34312-MP-MINAE, el cual Declara de conveniencia nacional e interés público los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad, del 6 de febrero de 2008, publicado en La Gaceta, en el tanto este no tiene como sustento los estudios ambientales y los soportes técnicos necesarios para su legalidad” (ver texto completo del pronunciamiento del CU de la UCR).
Algunas recomendaciones de John H. Knox:
En la parte final del su informe, el experto detalla algunas recomendaciones que responden a algunos de los desafíos en materia de derechos humanos que Costa Rica viene acumulando desde varios años. En particular, entre muchos otras conclusiones, (punto 63) el hecho que: "Costa Rica /.../ tiene varios retos que superar: en primer lugar, es sumamente inquietante que haya comunidades, entre ellas algunas de etnias minoritarias, que estén bajo la amenaza de ser expulsadas de los hogares que han ocupado por generaciones, debido a la interpretación estricta de las leyes que rigen las áreas protegidas y la conservación. No debería imponer un costo indebido a las comunidades que tienen profundas raíces históricas en las zonas de importancia ambiental. El derecho a un ambiente sano no tiene por qué estar en conflicto con otros derechos fundamentales". En el punto 64 leemos que: " /.../ con respecto a todos los ciudadanos, el experto independiente recomienda a Costa Rica que siga aumentando sus esfuerzos por hacer participar a las personas y comunidades que tienen un interés más directo en la protección de determinadas zonas a fin de aprovechar sus capacidades e intereses". En el punto 65, el experto recuerda a Costa Rica algunas de las obligaciones internacionales con respecto a las poblaciones indígenas, objeto de varios desarrollos (puntos 47 a 50 de su informe) en los siguientes términos: "en lo que se refiere al proyecto hidroeléctrico El Diquís, el experto independiente recomienda al Estado que siga celebrando consultas con los pueblos indígenas que puedan resultar afectados, aprovechando la labor de facilitación del equipo de las Naciones Unidas en el país y teniendo en cuenta que las consultas deben tener por objeto conseguir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados". Habíamos tenido la oportunidad de desmenuzar brevemente el alcance de las valoraciones hechas por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derecho de los Pueblos Indígenas a raíz de su visita a Costa Rica, análisis al que nos permitimos remitir el lector (ver artículo).

En el punto 67, leemos que. " /.../, en lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, el experto independiente recomienda a Costa Rica que intensifique aún más sus esfuerzos no solo por responder a las amenazas y los actos de violencia, sino también por prevenir las situaciones que dan lugar a esos problemas. El experto sugiere a Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisión o un órgano equivalente, con representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la situación actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica".  Se trata de un señalamiento hecho público en el 2013 por las mismas organizaciones ecologistas de Costa Rica a las autoridades (ver nota del Semanario Universidad). Siempre en esta misma línea (punto 68), el experto (posiblemente informado de la peligrosa tentación de algunos sectores que consiste en criminalizar la protesta social),  "recomienda al Gobierno que no trate las protestas sociales contra los proyectos de desarrollo en gran escala como un comportamiento delictivo, sino que las considere como manifestaciones de los derechos humanos a la libertad de expresión y de asociación, de conformidad con las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos".

En unas de sus últimas recomendaciones (Nota 4), el Experto Independiente recuerda a Costa Rica que lleva varios años con recomendaciones similares no acatadas, al indicar que: "el experto independiente recomienda a Costa Rica que examine nuevamente las recomendaciones formuladas en 2009 por la experta independiente de entonces sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento, con vistas a renovar los esfuerzos por dar cumplimiento a esas recomendaciones". Se trata de las recomendaciones - algunas de carácter urgente - contenidas al final del informe presentado en junio del 2009 por la Experta Independiente Catarina Albuquerque (Portugal) de las Naciones Unidas sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos con relación a la situación imperante en Costa Rica (ver documento completo descargable aquí). 
Algunas perspectivas:
Tanto el informe de John H Knox (2014) como los informes de James Anaya en relación al Proyecto Hidroeléctrico Diquis (2011) y el informe de Catarina Albuquerque (2009) sobre Agua y Saneamiento fueron elaborados por estos expertos internacionales en derechos humanos a raíz de una visita in situ a Costa Rica. Posiblemente pocas veces en la historia un Estado haya sido objeto de tantas visitas de distintos relatores o expertos independientes en materia de derechos humanos en un plazo de tiempo tan corto. Si bien este hecho debe ser celebrado como una saludable apertura de Costa Rica al escrutinio técnico de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, puede también  señalar el vigor de los movimientos sociales y de las comunidades de Costa Rica para llamar la atención sobre la ausencia de respuestas del Estado a sus legítimos reclamos y derechos.  También se puede entender como una consecuencia lógica ante una peligrosa deriva del Estado costarricense en materia ambiental: en el 2009, se señalaba que el Estado “ha dejado de ser el mediador entre entes privados y comunidades y ha pasado a ser el generador de conflictos por decisiones tomadas sin diálogo” (Estado de la Nación, Informe XVI, p. 207)
Conclusiones:
Estos tres informes de las Naciones Unidas coinciden todos en señalamientos sobre problemas no resueltos y posibles vías de acción, tomando como base el respeto a los derechos humanos y la participación de las comunidades. La lectura detallada de cada uno de esos señalamientos evidencia que muchos de ellos coinciden con los exigidos por las organizaciones sociales desde muchos años ante un “parco aparato estatal, incapaz de aprender de sus propios yerros” (ver nuestro artículo de junio del 2011:Biodiversidad, suelos, destrucción y silencios). Similar sensación se deprende de otro artículo recientemente publicado (en relación a otro proyecto cuestionado, ver artículo de Allan Astorga, marzo del 2014: Aeropuerto en Osa: repitiendo errores del pasado). La referencia hecha por John H. Knox a las recomendaciones externadas a Costa Rica en el 2009 por su colega Catarina Albuquerque (y a la fecha no implementadas) confirma esta misma sensación.
Esperemos que un futuro relator o experto independiente de las Naciones Unidas no deba dentro de unos pocos años referirse al incumplimiento de las recomendaciones señaladas por sus antecesores por parte del Estado costarricense. Hacemos de igual manera voto para que las nuevas autoridades de Costa Rica encuentren en todas y cada una de estas recomendaciones una útil hoja de ruta para guiar su accionar en los próximos años en Costa Rica. El alarmante deterioro de la situación ambiental heredado de las últimas administraciones y las golpeadas comunidades esperan ansiosas un cambio de actitud del Estado costarricense.
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Nota 1: Véase nuestro breve artículo, BOEGLIN N. “Estado, protección del ambiente, desarrollo y derechos humanos”, El Pais.cr, 6 de junio del 2013, disponible en este enlace:  http://www..elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/82085
Nota 2: Véase artículo de FIGUEROLA J., “Las tortugas invisibles de Moin”, Elpais.cr, 6 de abril del 2013, disponible en este enlace: http://www..elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/81992
Nota 3: En una opinión jurídica de la Procuraduría General de la República (PGR) de 1997 en respuesta a una solicitud del entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Naranjo (Opinión Jurídica: 004 - J del 23/01/1997), la PGR concluye de manera categórica que "1.- De acuerdo con las autopsias realizadas y las investigaciones por muerte de los señores Oscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández y Jaime Bustamante Montaño, la muerte de éstos se debió un incendio accidental. 2.- De acuerdo con las autopsia e investigación de la muerte de David Maradiaga Cruz, su muerte se debió a causas naturales. 3.- Los órganos del Estado desarrollaron una labor profesional, técnica y dentro de un tiempo prudencial en el esclarecimiento de las muertes de los señores Oscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández, Jaime Bustamante Montaño y David Maradiaga Cruz". Documento en posesión del autor y disponible para el lector si así fuese requerido.
Nota 4: la versión en español de este documento elaborado por el experto independiente John H Knox está disponible aquí, texto completo o bien puede ser solicitado al siguiente correo: cursodicr@gmail.com. De igual manera, la versión en inglés del mismo informe está disponible en este enlace que corresponde al sitio elaborado por el mismo John H. Knox. O bien puede ser solicitada y será remitida oportunamente por correo electrónico.
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). 

Con total de 18 mil firmas fueron recolectadas en una semana por el grupo que busca legalizar la marihuana para uso medicinal en el país a través de un referéndum. La iniciativa, llamada Movimiento Cannabis Medicinal Costa Rica, inició la recolección de firmas el pasado lunes 5 de mayo y aspira obtener 125 mil a finales de julio, para luego solicitar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) un referéndum donde los ciudadanos decidan si aprueban o no el uso medicinal de esta droga.


750 voluntarios pretenden recoger 125 mil firmas a finales de julio para luego solicitar al TSE un referéndum
Un total de 18 mil firmas fueron recolectadas en una semana por el grupo que busca legalizar la marihuana para uso medicinal en el país a través de un referéndum.
La iniciativa, llamada Movimiento Cannabis Medicinal Costa Rica, inició la recolección de firmas el pasado lunes 5 de mayo y aspira obtener 125 mil a finales de julio, para luego solicitar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) un referéndum donde los ciudadanos decidan si aprueban o no el uso medicinal de esta droga.
El director de la organización, Gerald Murray, indicó que rompieron las expectativas que tenían y que la mayoría de las personas que los apoyan tienen edades que rondan entre los 18 y 35 años.
DIRECTOR DEL MOVIMIENTO CANNABIS MEDICINAL, GERALD MURRAY
Murray dijo que el Movimiento Cannabis cuenta con 750 colaboradores que ayudan a recoger las firmas en todo el país.
Según los promotores de esta iniciativa, la marihuana tiene beneficios para enfermedades como el cáncer, esclerosis múltiple, anorexia, depresión, estrés, ansiedad, trastornos de sueño, entre otras.
Este movimiento argumenta que el proyecto busca crear una industria medicinal y turística que podría generar al país ingresos de hasta $1.000 millones por año, los cuales serían distribuidos en salud, infraestructura, educación, seguridad y turismo.

SEGUIMOS EN DEUDA. Fernando Berrocal Soto Ex Ministro de Seguridad Pública. Mario Zamora, Celso Gamboa y el equipo de la Fuerza Pública, sacaron muy bien su tarea, en los últimos tres años de la Administración Chinchilla. Así lo ha reconocido el país. La sacaron bien y con éxito, en lo que al Ministerio de Seguridad Pública se refiere. De eso no hay ninguna duda.


La deuda, sigue estando en cuanto a la formulación integral y la ejecución coordinada, de una Política Pública de Estado en materia de seguridad ciudadana y seguridad nacional. Ahí se avanzó poco. Seguimos con una visión parcial y limitada del tema de la seguridad.
 Conceptualmente, el tema de la seguridad, en una sociedad democrática, no es solamente una responsabilidad policial. Limitar a ese enfoque, es tener una visión conservadora y superada.  El tema debe ser tratado y resuelto desde una perspectiva integral, en donde la acción policial cumple un papel determinante, pero no único, sobre todo en países como los de Centro América, con graves dificultades en su proceso de desarrollo, serios problemas de pobreza extrema y marginalidad, situados geográficamente en la ruta del narcotráfico y con estructuras de prevención y seguridad social débiles. Articular la lucha en todos esos frentes y generar, a la vez, niveles importantes de participación ciudadana y coordinación con la Fuerza Pública, es la visión moderna y del siglo XXI,  para enfrentar el tema de la seguridad.
La Fuerza Pública  debe hacer bien su trabajo, como se ha hecho en estos tres últimos años, pero también el Estado y sus instituciones,  como un todo y como una política pública integral y coordinada, debe ser capaz de realizar muchas otras acciones efectivas e interinstitucionales, en el ámbito de la prevención, el desarrollo social   la salud pública. Esa es la visión correcta.
Esa Política de Estado, no se pudo concretar en la Administración Arias y tampoco en el gobierno  Chinchilla, aunque en ambas se prometió en su Programa de Gobierno. Ni en el primero ni en el segundo, hubo suficiente voluntad política o comprensión intelectual del problema de la delincuencia común, el narcotráfico y la criminalidad organizada, en la realidad en la que vivimos. Tan no se entendió que se designó pomposamente un Zar Antidrogas con funciones estrictamente policiales y a cargo de la DIS. El enfoque siempre fue nada más que policial y no integral.
Veremos sí hay un cambio de fondo, en la Administración Solís y si el gobierno del PAC  logra superar  ese enfoque estrictamente policial, represivo y parcial, por una visión integral, preventiva, organizacional y de salud pública.  En este debate llevamos ocho años: hay que atacar las causas.
Habrá que seguir insistiendo en que tan importante como una nueva caseta y un número suficiente de efectivos policiales bien preparados, armados y uniformados, a la entrada de una población marginal y conflictiva, es la construcción de un poli deportivo, el alumbrado de la plaza de deportes, la implementación de vivienda digna, el acceso real a la educación y la salud preventiva, la organización de la comunidad y la generación, por la vía de un desarrollo social integral y con dignidad,  conciencia ciudadana y comunal para enfrentar la criminalidad y asociarse con la Fuerza Pública.  Esa participación y ese control ciudadano son fundamentales.
También, habrá que insistir hasta la saciedad en que, las principales víctimas del narcotráfico y la criminalidad organizada por medio de bandas y mafias, son los muchachos que caen en la adicción de la droga y que realizan acciones como mulas o como vendedores y proveedores de droga en sus comunidades. Mientras no ataquemos el mal en sus raíces, con políticas de salud pública bien diseñadas y de tratamiento correcto del problema de la adicción a las drogas, no como un delito sino como una patología y una enfermedad, le estaremos fallando a la juventud costarricense.
Finalmente que, mientras no reformemos la legislación vigente y la visión del problema desde el Poder Judicial, seguiremos llenado las cárceles de privados de libertad por el ilícito de la comercialización de las drogas, abarrotando los centros penitenciarios hasta en un 30% de sobrepoblación, para que sean escuelas de delincuencia y no de rehabilitación y reinserción en la sociedad, violentando con ello, como se hace en Costa Rica, los Derechos Humanos que nuestro país se precia de defender en su política internacional. Una contradicción inaceptable.
Este es el punto de fondo y seguimos en lo mismo, a la altura de este 8 de mayo del 2014.
Que no se me malentienda. He luchado como el que más por profesionalizar y fortalecer la Fuerza Pública. Igualmente, frente al narcotráfico y la criminalidad organizada, defiendo una posición de mano dura.  El estudio, la reflexión y las experiencias mismas de la vida, sin embargo, me han enseñado que sin esa otra política integral del Estado Costarricense, bien articulada y coordinada, ojalá desde la misma Casa Presidencial, por más que avancemos por el lado de las acciones del Ministerio de Seguridad Pública, siempre estaremos en deuda en el tema de seguridad.
A la dimensión de la prevención, la seguridad social y la reforma legislativa, hay que darle un lugar de importancia similar o mayor que a los datos  que reseñó doña Laura Chinchilla en su discurso del 1 de mayo ante la Asamblea Legislativa: más y modernas patrullas, mejores armas, uniformes y botas, más capacitación, nuevas casetas policiales y aumentos salariales para nuestra Fuerza Pública, que bien y mucho se lo merecen.  Eso está muy bien. Seguimos, sin embargo, en deuda. Falta que Costa Rica defina e implemente una política pública integral de seguridad ciudadana y de seguridad nacional, a la altura de las definiciones conceptuales más avanzadas sobre la materia.
Ese es el balance real y objetivo de estos ocho años. Veremos si hay un cambio de fondo o si, nada más, el parámetro seguirá siendo el total de toneladas de droga incautadas o  la entrega de nuevas patrullas en alguno de los 81 cantones. ¿Cuándo entenderemos que el asunto es más profundo?


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- Empleados de tienda en San José se burlan de Marito Mortadela - YouTube

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CCSS rebaja salario de directores médicos por fallas de gestión

CCSS rebaja salario de directores médicos por fallas de gestión



A partir de este mes, 41 directores y subdirectores de hospitales y áreas de salud dejarán de recibir el pago del 50% adicional sobre el salario total, que correspondía al gozo de un plus por desconcentración administrativa.
En términos reales, los salarios de esos funcionarios cayeron, en promedio, un 33%, y la medida obedece a que aquel incentivo era pagado debido a que dicho personal dirigía hospitales y clínicas desconcentradas; es decir, con autonomía financiera y de gestión.
El freno de ese desembolso se dio debido a que la Junta Directiva de la Caja acordó, el pasado 10 de abril, confirmar la eliminación de la desconcentración hospitalaria que había adoptado en marzo del 2013.
Esa figura estaba vigente desde el 2001 para 34 centros de salud.
En la teoría, los directores y subdirectores de 16 hospitales y 18 áreas de salud obtenían ese pago adicional por su desempeño y porque tenían margen de maniobra para gestionar, como mejor les pareciera, las listas de espera y el recurso humano.
“Se demostró que, por diversas razones, no se había cumplido el objetivo y que no había una diferenciación sustancial entre el desempeño de centros de salud desconcentrados con los concentrados”, explicó ayer Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El Hospital Nacional de Niños era de los centros desconcentrados.  |  ARCHIVO
El Hospital Nacional de Niños era de los centros desconcentrados. | ARCHIVOampliar
Por ello, la supresión de la desconcentración volvió a poner en manos de las oficinas centrales de la Caja la compra de insumos, contrataciones y manejo del presupuesto que hacían los directores y subdirectores.
La institución estima que ahorrará ¢1.852 millones en el primer año por deshacerse del plus, detalló Picado.
Sin el plus, los salarios de los directores y subdirectores oscilarán ahora entre los ¢4,5 millones y los ¢6,5 millones, según los años que tenga cada funcionario dentro de la institución.
Al aplicar la medida, la Caja evita pagar salarios mensuales de hasta ¢9,5 millones a directores médicos, agregó Luis Rivera, director de Recursos Humanos.
Otro cambio. La Caja decidió mantener el 65% del pago sobre el salario base a directores y subdirectores médicos por concepto de prohibición del ejercicio profesional fuera de la institución.
Ese mismo porcentaje será aplicado ahora a directores y subdirectores médicos, y directores administrativos y financieros de los restantes hospitales y áreas de salud.
Para hacerlo efectivo, la Caja les cambiará el pago de dedicación exclusiva por la prohibición. El costo de ese cambio significará una erogación adicional de ¢2.067 millones por año.
Entre ese monto a pagar –que será a partir del 1°. de junio– y los ¢1.852 millones que se ahorrará por eliminar la desconcentración, la Caja deberá agregar a sus gastos un total de ¢387 millones.

Presidenta de APSE: no hay manera de solucionar el problema, la huelga se levanta hasta que paguen salarios

Presidenta de APSE: no hay manera de solucionar el problema, la huelga se levanta hasta que paguen salarios



San José, 12 may 2014 (político.cr) - La presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Ana Doris González, conversó con Político.cr, e indicó que es “falso” el anuncio de un acuerdo del sector educación con las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP), tal y como lo informaron algunos medios de información.
González forma parte del comando de huelga, y según manifestó, no ha habido ninguna negociación.
Además recordó que el viernes fueron recibidos en Casa Presidencial después de la marcha, por Sonia Marta Mora, ministra del MEP, quien les hizo una propuesta.
La sindicalista comentó que rechazaron el ofrecimiento de “inmediato”, porque supuestamente el MEP solicitó que “cuatro mil educadores” esperaran un mes para recibir el pago de sus salarios.
“Al día de hoy por la manifestación que hicimos en el Edificio Rofas, la jefa del Departamento de Recursos Humanos nos recibió, pero igual nos dio información que ya nosotros sabíamos sobre las maravillas del sistema Integra2. Nos pidió comprensión y paciencia porque esto había que hacerlo y que se sabía que se iban a correr riesgos”, explicó.
La Presidenta de APSE reiteró que no han negociado nada y solo han ido a escuchar las propuestas y los planteamientos. Asimismo, González anunció que mañana tendrán una reunión con la Ministra de Educación, a las nueve de la mañana, para ver si les dan otras propuestas.
“En realidad no hay manera de solucionar el problema, la huelga se levanta hasta que les paguen los salarios a los compañeros. En ese sentido, algunos medios están mintiendo, porque incluso está circulando en las páginas de las organizaciones sindicales, el llamado de que la huelga continúa y la solidaridad con los compañeros”, sostuvo.
La jerarca de la asociación agregó que “son casi 350 instituciones de secundaria a las que no se les ha actualizado el cuadro de personal, no saben ni cuánta plata les deben a los alrededor de cuatro mil educadores”.
González opinó que la premura del MEP es resolver el problema de la huelga, pero a su consideración, no se están tomando el tiempo suficiente para estar empapados de la verdadera situación en la que están los profesores.
Aunado a esto, la representante de la APSE comentó que la situación se complicó, debido a que aparentemente asignaron plazas en propiedad de 12, 15 y 20 lecciones, situación que a su criterio empeoró el panorama.
“No se está pagando un solo recargo y hay que anotar que en secundaria las lecciones interinas constituyen un atraso”, resaltó.
En todo el país se mantendrán las concentraciones y el llamado que hacen las autoridades sindicales es a mantenerse en huelga indefinida.
“Están pagando puros piquitos”
La Presidenta de la APSE informó que hoy a las ocho de la noche, se iban hacer depósitos de salarios, pero aseguró que la situación se va a mantener, por lo que le dijo a sus compañeros que no tengan “falsas esperanzas”. “Ellos están pagando puros piquitos que llamamos nosotros, de cosas que debían por recargos.
El problema del grueso de salarios es con esos 350 colegios que constituyen una cantidad enorme de compañeros que nadie sabe cuándo se les va a actualizar y cuándo se les va a pagar lo adeudado de meses atrás”, expresó.
Según dijo, hay otros educadores a los que están pagándoles supuestamente unos “poquillos” que en realidad no es lo que corresponde.
González agregó que “si el MEP no sabe cuántas lecciones está trabajando usted, cómo le pagan el aumento de salario en base a cuál salario”.

Desalojan las barras del público de la Asamblea Legislativa por petición de Otto Guevara

Desalojan las barras del público de la Asamblea Legislativa por petición de Otto Guevara

El diputado y jefe de fracción del Movimiento Libertario, Otto Guevara pidió que las barras del público de la Asamblea Legislativa fueran desalojadas. En ellas se encontraba un grupo de personas que exigía la aprobación del proyecto de Territorios Costeros Comunitarios (TECOCOS).
Guevara pidió además que el directorio de la Asamblea Legislativa creara un "reglamento de ética" para las personas que visitan la zona del público del plenario. El hecho generó reacciones de los diputados del Partido Frente Amplio. 
 
Algunos diputados como el señor Guevara se sienten incómodos cuando viene la gente a las barras del público.
--Diputado Gerardo Vargas, Frente Amplio 
 

Patricia Mora increpó a Guevara y le calificó de "irrespetuosas" sus declaraciones a La Nación, donde afirma que hablará durante 4 años para que la reforma constitucional que pretende declarar el agua como recurso humano, no se apruebe. "Todo depende del dolor con que se mida", afirmó Mora.
Por su parte, Edgardo Araya afirmó que a él no le molesta que la gente llegue a las barras del público de la Asamblea. Henry Mora había dicho a Otto Guevara que él iría personalmente a hablar con las personas de las barras del público.
Luego de hablar breves instantes con los manifestantes, Mora les comunicó que su proyecto de ley estaría incluido en el orden del día de mañana para ser discutido.