Frente Amplio presenta Informe Independiente sobre la Concesión San José Caldera
· Pide destituir a la Contralora Rocío Aguilar y sanciones de inhabilitación para ocupar cargos públicos para Karla González, Rocío Aguilar, Marco Vargas, Luis Diego Vargas, Guillermo Matamoros, Hadda Muñoz, Randall Quirós y Javier Chaves
· Pide al Ministerio Público indagar e investigar a Expresidentes Óscar Arias y Abel Pacheco
El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, presentó hoy, a la Comisión Especial Investigadora de las Concesiones de Obra Pública, Expediente No. 17.835, y a la prensa, el Informe Independiente de la Fracción Legislativa del Frente Amplio sobre la Concesión de la autopista San José-Caldera.
Si bien el diputado del Frente Amplio no pudo formar parte de esa Comisión con voz y voto, por decisión del Partido Liberación Nacional -a través del entonces Presidente del Directorio Legislativo, Luis Gerardo Villanueva-, el diputado Villalta
puso en práctica su derecho, como diputado, de asistir y participar activamente en las sesiones. El informe presentado “tiene el propósito de servir de insumo para el informe final de la Comisión”, explicó el diputado.
El texto, de 54 páginas, hace un análisis de las comparecencias desarrolladas en la Comisión y presenta una serie de conclusiones y recomendaciones, que incluyen sanciones administrativas y penales contra varias personas que ocuparon u ocupan actualmente cargos públicos desde los que tomaron decisiones sobre la Concesión San José-Caldera.
El Frente Amplio encontró responsabilidad política del Expresidente Óscar Arias por “haber impulsado los procesos de Concesión de Obra Pública sin que el Estado costarricense estuviese institucionalmente preparado para garantizar el éxito y la debida fiscalización de esta clase de contratos.” También, por haber inaugurado la obra seis meses antes de lo pactado y 10 días antes de las elecciones del 2010.
Además, recomienda al Ministerio Público ampliar la investigación e indagar a los Expresidentes Óscar Arias y Abel Pacheco, quienes no fueron cuestionados por la Comisión Legislativa.
En su informe, el diputado Villalta pide las siguientes inhabilitaciones para ocupar cargos públicos:
-Por 10 años, para la Exministra de Obras Públicas y Transportes Karla González y Expresidenta del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), por incumplimiento de deberes, conflicto de interés y negligencia en el manejo de recursos públicos en perjuicio del interés público y el patrimonio nacional.
-Por 6 años, para el el Exministro de Obras Públicas y Transportes, Marco Vargas, por incumplimiento de deberes.
-Por 6 años, para la Contralora General de la República y Exsecretaria Técnica del CNC, Rocío Aguilar, por incumplimiento de deberes. Además, propone al Plenario Legislativo iniciar un procedimiento disciplinario para la remoción del cargo por“ineptitud y procederes incorrectos”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183, párrafo tercero, de la Constitución Política.
-Por 6 años, para los Exsecretarios Técnicos del CNC, Luis Diego Vargas y Guillermo Matamoros, así como para la Gerenta del Proyecto, Hadda Muñoz, por incumplimiento de deberes.
-Por 4 años, para los Exministros y Expresidentes del CNC, Javier Chaves Bolaños y Rándall Quirós Bustamante, de la administración Pacheco, por incumplimiento de deberes.
Además, solicita al Ministerio Público, en relación al Código Penal y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley Nº 8422, individualizar las responsabilidades administrativas y penales que correspondan, y profundizar sobre la posible comisión de los delitos de Sobreprecio Irregular, Falsedad en la Recepción de Bienes y Servicios Contratados y Pago Irregular de Contratos Administrativos tipificados en los artículos 49, 50 y 51 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
Agrega que el Ministerio Público debe hacer un análisis financiero de las consecuencias de las modificaciones en la fórmula de descuento del valor presente y en la distribución de riesgo, y determinar si hubo dolo de la Administración en beneficio del Concesionario, para acusarlo penalmente por el delito de estafa.
Finalmente, recomienda, a la Asamblea Legislativa, hacer una revisión integral de la Ley de Concesión de Obra Pública, y al Poder Ejecutivo, iniciar de inmediato el cobro de multas al Concesionario; renegociar el contrato; cobrar la Garantía ambiental; y suspender todos los procesos de concesión hasta fortalecer el CNC, las capacidades del CNC y se aclaren las responsabilidades de su personal.
