Las disputas por asuntos limítrofes siguen agrietando las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, dos países vecinos, sin que se vislumbre una salida por la vía del diálogo a las diferencias.

Desde noviembre del 2010, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, se ha convertido en el "paño de lágrimas" de ambos Estados, al presentar sendas demandas relacionadas con cuestiones vinculadas a diferencias en temas de límites.

Pese a la existencia de las demandas en la CIJ, la guerra verbal entre San José y Managua prosigue, con declaraciones y contradeclaraciones, que en vez de apaciguar los ánimos, más bien tienden a caldearlos.

Las relaciones entre las dos naciones se encuentran en el más bajo nivel de los últimos 30 años, luego de que Costa Rica acusara a la vecina de invadir, en octubre del 2010, una pequeña porción de su territorio, Isla Calero-Los Portillos, ubicada en la margen derecha del río San Juan.

Este río, cuya cuenca es considerada por expertos como un gran pulmón ambiental de Centroamérica, ha sido escenario, durante más de 150 años de disputas entre los dos países, todas relacionadas con la demarcación fronteriza.

El San Juan pertenece a Nicaragua, pero Costa Rica adquirió libre derecho de navegación perpetua con fines de comercio, al amparo de los tratados Cañas-Jérez, de 1858.

Costa Rica demandó a Nicaragua en noviembre del 2010 ante la Haya, tras acusarla de haber usurpado la pequeña porción fronteriza, de unos dos kilómetros cuadrados, y de construir un canal artificial para desviar las aguas del río.

En esa ocasión, el gobierno de San José responsabilizó a Managua de causar un grave daño ambiental en el sector, donde existe un humedal de interés internacional (RAMSAR).

En marzo pasado, la CIJ ordenó a las partes el retiro de personal civil y militar de la zona en disputa, que ahora ambos países reclaman como suya, mientras se conoce el fondo de la querella costarricense.

Si bien los dos países dirimen en la instancia su diferendo, los roces prosiguieron desde entonces.

Costa Rica ha acusado a Managua de enviar personal civil, de la juventud sandinista, a la zona en disputa, en presunta desobediencia de la orden de la CIJ.

Los ánimos se recalentaron a mediados del año pasado, luego de que el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla decidió ordenar, bajo un decreto de emergencia, la construcción de una carretera fronteriza, de 160 kilómetros, gran parte de la cual corre paralela al San Juan.

La reacción de Managua no se hizo esperar, y acusó su vecina de cometer un "crimen contra la naturaleza", elevado también el caso a la Corte de la Haya.

Para agudizar más la tensión, la Corte Centroamericana de Justicia, un organismo regional cuya jurisdicción no es reconocida por Costa Rica, y cuya sede está en Managua, ordenó a mediados de enero a San José suspender las obras en la margen derecha del San Juan.

El canciller Enrique Castillo emprendió en los últimas dos semanas una ofensiva a nivel de los países del istmo para quejarse de la actitud de la Corte Regional y tratar de neutralizar las presuntas intenciones de Nicaragua de "centroamericanizar" el diferendo.

En los dos últimos días, los intercambios verbales volvieron a suscitarse, con denuncias del ex comandante Edén Pastora, encargado por Nicaragua de dragar el San Juan, proyecto que incubó las primeras diferencias.

Pastora acusó a Costa Rica de cometer "ecocidio" en la cuenca binacional y anunció que Managua no ha descartado la posibilidad de construir un canal interoceánico utilizando el río para ello.

La respuesta de la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, fue inmediata, al descalificar a Pastora, al igual que lo hizo el ministro del Ambiente René Castro.

Es la tercera vez en menos de tres años, que ambos países se ven las caras en la Corte de la Haya por sus diferencias en torno a asuntos limítrofes.

Mientras tanto, el resto de Centroamérica parece mantenerse ajena a las disputas, y dejando que sea la CIJ la que las resuelva. "Se trata de un diferendo tan pequeño, que a casi nadie le importa en el exterior", dijo a dpa un analista político costarricense.