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MINISTRO DE SEGURIDAD CATRACHO DENUNCIA “INVASIÓN” NICA

¡Tú también, Honduras!

* Gobierno afirma que hay armas de guerra, y que entrenadores militares nicaragüenses preparan a 3 mil guerrilleros en el Bajo Aguán * Dicen que armas entran en furgones, y que incluso algunos hondureños son sacados a entrenarse “a otro país” * Curiosamente, en el lugar lo que se ha denunciado es una masacre de campesinos ejecutada por armados al servicio de terratenientes

José Adán Silva

END - 22:03 - 24/11/2010


El gobierno de Honduras anunció ayer que está recopilando pruebas acerca de la presunta participación de nicaragüenses en el entrenamiento de “grupos armados irregulares”, en Bajo Aguán.

La información, publicada ayer miércoles en periódicos locales como El Heraldo, La Tribuna, La Prensa y decenas de pequeños medios digitales, cita como fuente al ministro hondureño de Seguridad, Óscar Álvarez, quien informó que investigaban información de inteligencia sobre el ingreso de armas de guerra a Honduras a través de furgones, así como el reclutamiento de campesinos por militares nicaragüenses para entrenarlos a este lado de la frontera.

Según las fuentes atribuidas a Álvarez, las fuerzas de seguridad catracha cuentan con testigos que estarían bajo la protección de las autoridades militares, quienes presuntamente informaron de la organización de grupos armados con fines de “desestabilización de Honduras”.

“Informaciones de Inteligencia”

“Nos han informado que se están reclutando hondureños para ser capacitados fuera del país. Esto también lo estamos investigando y es parte de la operación que se está llevando a cabo en el Bajo Aguán”, dijo el ministro de Seguridad Óscar Álvarez, sin aportar mayores pruebas que “informaciones de inteligencia”.

“La información que tenemos es que han estado moviéndose hasta Nicaragua”, agregó el funcionario.

Álvarez dijo que las estructuras de Seguridad, unidades de la Policía y del Ejército de Honduras, también han confirmado el tráfico de armas de guerra como AK-47, M-16 y “otras de mayor potencia, que podrían estar siendo utilizadas por grupos que quieren desestabilizar la democracia en nuestro país”.

La presencia de “grupos armados irregulares” fue denunciada previamente, el pasado martes, por el propio presidente hondureño, Porfirio Lobo.

El ministro de Seguridad “secundó” la “denuncia” de Lobo, quien se encuentra seriamente cuestionado por organizaciones de derechos humanos y organismos de seguridad por no aclarar la muerte en serie de periodistas independientes, las masacres ejecutadas por guardias privados en la zona de Bajo Aguán, el aumento de la inseguridad ciudadana en las calles y la infiltración de los narcos en las Fuerzas Armadas, a las que recientemente le “robaron” un avión bajo custodia en una base militar.

También ofrecen denunciarnos

Según la emisora nacional, HRN, a la que Álvarez dio información de la “invasión de extranjeros provenientes del lado de Nicaragua”, Honduras estaría documentando “todo lo necesario” para hacer un planteamiento ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y “denunciar” a Nicaragua por este tipo de “acciones”, de las cuales no han mostrado más pruebas que los informes de “inteligencia militar”.

“Han estado moviéndose hacia Nicaragua, lo cual es una preocupación pues ya en el pasado, de los años ochenta, los hondureños fueron reclutados, llevados a Nicaragua y entrenados en Cuba en Pinar del Río, para tratar de desestabilizar el orden y la democracia en nuestro país”, dijo.

“No sabemos si el gobierno de Nicaragua tiene o no conocimiento, pero sí sabemos que están moviendo personas hacia el territorio nicaragüense para ser capacitados y entrenados en el uso de armas de guerra”, reiteró.

Amenaza migratoria

El titular de Seguridad apuntó que “se han girado instrucciones y pidiendo apoyo a Migración, para que cualquier persona extranjera que se encuentre en el país, se identifique y explique el propósito de su estadía en ese lugar, de tal forma que si no justifican su presencia o con pasaportes falsos, sea detenida y procesada de conformidad con la ley”.

Citando al funcionario, los medios catrachos dieron diversas versiones de cifras: unos estimaban que serían unas tres mil personas “presuntamente militares nicas”, las que estarían entrenando a campesinos para formarlos en guerrillas en la zona fronteriza con Honduras.

Otros dijeron que los tres mil “extranjeros” estaban dentro de territorio catracho movilizándose como “tropas irregulares” y asentándose en campamentos cercanos a la frontera, adonde estaban llevando a campesinos para entrenarlos militarmente.

Y otros medios, citando a “fuentes ligadas a la cancillería de la República”, “informaban” que en “las últimas horas en la frontera entre Honduras y Nicaragua, se estaría entrenando militarmente un grupo aproximado a los tres mil civiles hondureños”, con armas de guerra provenientes “de la frontera sur”, es decir, de Nicaragua.

La denuncia de las “fuentes de inteligencia” de las Fuerzas Armadas de Honduras ocurren apenas una semana después que se reportaran las muertes de al menos 20 labriegos, la desaparición de una decena más, y una cantidad de heridos y desplazados en tierras agrícolas de Bajo Aguán, durante el desalojo violento de unas fincas propiedad del empresario Miguel Facussé Barjum, uno de los empresarios a quienes los simpatizantes del depuesto presidente Zelaya calificaban como promotores del golpe de junio de 2009.

Sobre el tema, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Andrés Pavón, informó la última semana que promoverá una denuncia contra el empresario Miguel Facussé, por 19 asesinatos contra campesinos en el Bajo Aguán, cometidos presuntamente por más de 100 guardas de seguridad y ex militares al servicio del empresario que respaldó públicamente a Lobo en la pasada campaña electoral.

Los campesinos asesinados, desaparecidos y otros perseguidos, están aglutinados en Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), y reclaman la propiedad de valiosas tierras que eran estatales y que pasaron, en una oscura transacción, a manos de los Facussé, según las denuncias subidas a las redes sociales y pequeños sitios web en Honduras.

Bajo Aguán: Masacres, versiones confusas y rastro narco-militar 
El sitio donde ocurrió la masacre fue en la finca El Tumbador, sembrada de palma africana. Según la historia, Temístocles Ramírez de Arellano, un puertorriqueño nacionalizado estadounidense, dueño original de las tierras, fue obligado a vender al Estado sus 5.724 hectáreas en el Bajo Aguán, por presiones militares.

Esas tierras fueron pasadas al Instituto Nacional Agrario (INA) para fines de Reforma Agraria, pero el gobierno de Honduras instaló ahí a finales de los 70 y durante los años 80, el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), donde los expertos estadounidenses entrenaron a tropas hondureñas, salvadoreñas, guatemaltecas y nicaragüense en labores de torturas, espionaje, sabotajes y acciones contra objetivos “comunistas”.

Según el director de la Policía Nacional, José Luis Muñoz Licona, las “primeras capturas de los supuestos miembros de grupos armados que operan en el Bajo Aguán podrían iniciar en las próximas horas”.

Los operativos para “capturarlos” iniciaron desde el 17 de noviembre a raíz de una denuncia del presidente Lobo sobre el tráfico de armas de guerra en la zona, donde se “informó” de la circulación de unas mil AK-47 y fusiles M-16.

Lobo Sosa no aclaró en poder de quién estaba el “armamento”, pero expresó que “sea quien sea que las tenga, si son los del crimen organizado, narcotráfico, los empresarios, cualquiera que tenga armas de grueso calibre va fijo, es decir vamos a caerle encima”.

“De momento no se han encontrado armas de uso ilegal ni personas de otras nacionalidades en los operativos realizados en el Bajo Aguán, Colón”, aseguró el martes el director de la Policía Nacional.

Fotos de los medios escritos publicaron, a raíz de las masacres de campesinos, a labriegos muertos cargando en sus manos fusiles de guerra, pero el movimiento campesino a cargo de la protesta negó que estuvieran armados, y acusó a la Policía y al Ejército de “armar” los cuerpos para “justificar el crimen masivo”.

En búsqueda del armamento, efectivos del Ejército y la Policía se tomaron esta semana las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA) en Sinaloa, Colón, para investigar la supuesta relación con el “armamentismo” en la zona.

Denuncias a granel

De acuerdo con los “informes de inteligencia”, las “armas” que circulan en la conflictiva zona del Aguán, habrían ingresado vía terrestre por la frontera con Nicaragua, ocultos en furgones y contenedores.

Sin embargo, el pasado 15 de noviembre, las autoridades de Seguridad denunciaron a los medios que además de narco-avionetas, estarían ingresando al territorio furgones “llenos de dólares” producto de actividades del narcotráfico desde México y Guatemala.

Hasta la FARC

No es la única versión. Esta semana el director de la Policía Nacional de Honduras, José Luis Muñoz Licona, afirmó a los medios hondureños que estaban tras la pista de células guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las cuales estarían comandando los actos violentos registrados en el Bajo Aguán.

La primera vez que se tuvo noticias de que grupos armados colombianos estaban arribando a Honduras, fue el 12 de septiembre de 2009, cuando el periódico colombiano El Tiempo publicó un reportaje donde ex paramilitares afirmaban haber sido convocados a una reunión en la que les ofrecieron venir a cuidar fincas y casas en Honduras.

Además, vendrían a apoyar las acciones a favor del golpe de Estado, a cambio de un sueldo en dólares, libres de vehículos, pago de vivienda y comida.

Según El Tiempo de Colombia, la reunión de reclutamiento se habría efectuado en predios de la hacienda “El Japón”, en el Magdalena Medio, la cual le había sido incautada al narco Jairo Correa Alzate, y que en teoría estaba en manos del Gobierno, pero que fue arrendada a particulares.

Uno de los participantes en la reunión le dijo a El Tiempo de Bogotá que algunos de los asistentes a la reunión eran miembros del grupo paramilitar dirigido por Eduardo Cifuentes, “El Águila”, quienes querían salir de Colombia porque la DEA les había abierto investigación por narcotráfico.

El informante  del diario colombiano aseguró que, para entonces, a mediados de septiembre de 2009 ya  había salido uno de los reclutadores con un grupo hacia Centroamérica y que había otro grupo que estaba concentrado en un campamento de la hacienda “El Japón”, la cual se extendía por más de mil hectáreas.

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