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miércoles, 28 de septiembre de 2016

Volcán Turrialba lleva 42 horas en erupción



El volcán Turrialba contabiliza 42 horas de actividad eruptiva, la cual se inició el lunes a las 12:42 p.m., informaron la Red Sismológica Nacional y el Observatorio Vulcanológico y Sismológico (Ovsicori).

De acuerdo con Mauricio Mora, funcionario de la Red, el tremor volcánico aumentó la amplitud a las 9:53 p.m de este martes y, a partir de las 4:27 a.m. de hoy, se ve acompañado de la emanación de ceniza.

No obstante, fue claro en que desde las 4:40 a.m. hay nubosidad en la zona, por lo cual no es posible valorar la condición actual del macizo.

Aunque desde Ovsicori se reportó que el tremor ha disminuido, ello no impidió que el coloso tuviera una vigorosa erupción entre las 2:00 a.m. y las 3:00 a.m. de hoy.
Ambas instituciones resaltan que la dirección del viento es hacia el noroeste, con base en lo indicado por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Desde el lunes, el volcán se encuentra en actividad eruptiva e incluso ese día tuvo una columna de 2 mil metros de altura sobre el nivel del cráter.

Es importante que la ciudadanía continúe con medidas preventivas ante la posibilidad constante de la caída de ceniza.

¿ JULIETA BEJARANO Y CARLOS OBREGON QUESADA COMO ES QUE ES ? / El Frente Interno de Trabajadores del ICE recordó a los congresistas los cuestionamientos “éticos y legales” contra Carlos Obregón Quesada, actual presidente ejecutivo del ICE y Julieta Bejarano, directora jurídica y secretaria ejecutiva del Consejo Directivo del Grupo ICE.



La propia Auditoría Interna del ICE cuestionó la razonabilidad de los honorarios que ese Instituto y Jasec acordaron pagarle a la empresa Consultores en Infraestructura GIP, durante 16 años, por desempeñarse como la unidad ejecutora del proyecto hidroeléctrico Toro III, construido por ambas empresas públicas en Venecia de San Carlos.
Ese no fue el único cuestionamiento a la contratación que se extenderá del 2012 al 2028. La Auditoría también dudó de que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) cumplieran con los principios de contratación administrativa al entregarle a dedo el trato de unos $6 millones (¢3.360 millones) a GIP.
Así lo advirtió en un informe emitido desde setiembre del 2012, el mismo año en que la alianza ICE-Jasec ordenó al Banco de Costa Rica (BCR), en su papel de administrador del fideicomiso bancario que financió Toro III, contratar a la compañía sin dar oportunidad a otras empresas.
Bejarano dejó el ICE en el 2004 luego de 32 años de labor acogiéndose a una movilidad laboral. Regresó a la institución en el 2010. Alega haber vendido su participación en GIP y niega haber incidido en los contratos otorgados.
Los diputados pidieron a la Contraloría General de la República esclarecer, mediante una auditoría financiera y contable, si se pagó un sobreprecio por los equipos y si, además, esto se realizó con autorización de la propia Contraloría.
Los sindicalistas pidieron a los diputados abstenerse de “politizar” su investigación, invitándolos a enfocarse en las actuaciones de los involucrados directos en la planificación, diseño y control de Toro III.
El Frente recordó a los congresistas los cuestionamientos “éticos y legales” contra Carlos Obregón Quesada, actual presidente ejecutivo del ICE y Julieta Bejarano, directora jurídica y secretaria ejecutiva del Consejo Directivo del Grupo ICE.
La propia Auditoría Interna del Instituto cuestionó la razonabilidad de los honorarios que el ICE y Jasec acordaron pagar a la empresa Consultores en Infraestructura GIP, durante 16 años, por sus labores como la unidad ejecutora de este proyecto hidroeléctrico.


Aresep reprende a CNFL por torpezas con plantas eléctricas - Escaso análisis, falta de controles y un aumento de costos son algunas de las cuentas en un rosario de pifias que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) atribuye a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) en la gestión de dos proyectos de generación eléctrica. Estos son la planta hidroeléctrica Balsa Inferior, en el río Balsa, en Santa Rita de Florencia de San Ramón, y el Parque Eólico Valle Central, en Santa Ana y Mora.




Escaso análisis, falta de controles y un aumento de costos son algunas de las cuentas en un rosario de pifias que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) atribuye a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) en la gestión de dos proyectos de generación eléctrica. Estos son la planta hidroeléctrica Balsa Inferior, en el río Balsa, en Santa Rita de Florencia de San Ramón, y el Parque Eólico Valle Central, en Santa Ana y Mora.
Ambos han deteriorado las finanzas de esta subsidiaria del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la cual ya buscó trasladar las pérdidas a sus abonados. Los hallazgos emanan de una investigación que la Aresep ordenó en noviembre para aclarar el costo de los proyectos.

La pesquisa surgió luego de que la CNFL solicitara, el año pasado, un alza de 35% en la tarifa que pagan sus 520.000 abonados para lidiar con el peso en sus finanzas de ambas inversiones.
En aquel ajuste, la Intendencia de Energía de Aresep solo autorizó 18% de alza al excluir casi ¢169.000 millones ligados al costo de las plantas que la CNFL no justificó a qué se debían y por inconsistencias en datos.
El expediente OT-004-2016, concluye que la gestión de los proyectos fue inadecuada desde su inicio, pues los estudios de prefactibilidad y de factibilidad se basaron en diseños iniciales de obras sin análisis detallados.
Se obviaron, dice el informe, variables técnicas, geográficas, de mercado, tecnológicas, sociales, ambientales y el impacto económico de las inversiones.
La Intendencia asegura que la CNFL tampoco logró aportar evidencia de que haya valorado el impacto tarifario de estos proyectos o el eventual beneficio de ambos para sus usuarios.
La CNFL ni siquiera pudo probar que incorporó en el análisis financiero de las plantas el precio de compra de energía al ICE aun y cuando “se trataba de un factor determinante para valorar la viabilidad y rentabilidad de los proyectos”.
El efecto de estos errores apareció en la etapa de obras, cuando se dispararon los costos.
Balsa Inferior pasó de un monto inicial estimado de $75 millones a uno real de $361 millones, mientras el Parque Eólico, de $21 millones a $54 millones.