Levantamiento de veto e ilegalidad de Ministro de Presidencia inquietan
Piden salida de Melvin Jiménez
Un par de decisiones recientes del presidente Luis Guillermo Solís inquietan a la oposición.
Una supuesta flexibilización de las leyes y de la Constitución para favorecer los intereses del Gobierno, sin importar su legalidad, es señalada por este grupo de legisladores.
Por tal razón, piden al mandatario ser más consecuente con su discurso de campaña y cumplir con su promesa de no torcer la ley.
El levantamiento del veto del expresidente Óscar Arias, para evitar que los inquilinos del mercado de artesanías sean propietarios de la calle 13 bis en San José, fue la gota que derramó el vaso.
Aunque en principio la decisión de Solís sobre este tema parece inocua, los diputados de oposición señalan que existe un interés solapado.
Se trata de medir la reacción de la oposición en el Congreso y más importante aún, determinar si la Sala Constitucional le permitiría en el futuro eliminar otros vetos presidenciales más polémicos.
Ese podría ser el caso de la reforma procesal laboral, que avalaría las huelgas en servicios públicos esenciales, incluidos la policía y los hospitales.
Casualmente, el levantamiento de ese veto presidencial de la exmandataria Laura Chinchilla fue parte de la negociación política entre el Gobierno y el Frente Amplio de cara al 1° de mayo anterior.
La otra decisión está relacionada con la permanencia de Melvin Jiménez como ministro de la Presidencia.
Los legisladores de oposición cuestionan al Presidente porque este hizo caso omiso de un pronunciamiento de la Procuraduría, que declara inconstitucional el nombramiento del jerarca por su doble condición de obispo luterano y funcionario público.
Sobre este tema, Solís se ha limitado a indicar que esperará el resultado de la Sala Constitucional sobre la consulta que se planteó.
Sin embargo, él en campaña indicó que respetaría los pronunciamientos de la Procuraduría y les daría ejecución.
Por esta razón, ahora la oposición le reclama y pide la salida de Jiménez.
Una supuesta flexibilización de las leyes y de la Constitución para favorecer los intereses del Gobierno, sin importar su legalidad, es señalada por este grupo de legisladores.
Por tal razón, piden al mandatario ser más consecuente con su discurso de campaña y cumplir con su promesa de no torcer la ley.
El levantamiento del veto del expresidente Óscar Arias, para evitar que los inquilinos del mercado de artesanías sean propietarios de la calle 13 bis en San José, fue la gota que derramó el vaso.
Aunque en principio la decisión de Solís sobre este tema parece inocua, los diputados de oposición señalan que existe un interés solapado.
Se trata de medir la reacción de la oposición en el Congreso y más importante aún, determinar si la Sala Constitucional le permitiría en el futuro eliminar otros vetos presidenciales más polémicos.
Ese podría ser el caso de la reforma procesal laboral, que avalaría las huelgas en servicios públicos esenciales, incluidos la policía y los hospitales.
Casualmente, el levantamiento de ese veto presidencial de la exmandataria Laura Chinchilla fue parte de la negociación política entre el Gobierno y el Frente Amplio de cara al 1° de mayo anterior.
La otra decisión está relacionada con la permanencia de Melvin Jiménez como ministro de la Presidencia.
Los legisladores de oposición cuestionan al Presidente porque este hizo caso omiso de un pronunciamiento de la Procuraduría, que declara inconstitucional el nombramiento del jerarca por su doble condición de obispo luterano y funcionario público.
Sobre este tema, Solís se ha limitado a indicar que esperará el resultado de la Sala Constitucional sobre la consulta que se planteó.
Sin embargo, él en campaña indicó que respetaría los pronunciamientos de la Procuraduría y les daría ejecución.
Por esta razón, ahora la oposición le reclama y pide la salida de Jiménez.
