Tal vez este Uber sirva para abrir, de una vez por todas, los ojos de los ticos y nos permita ver con claridad el barreal en el que nos hemos metido. Digo nos hemos metido, porque somos todos corresponsables de lo que somos hoy como sociedad; la responsabilidad no es solo de los gobernantes, sino también de los gobernados.
Hay etiquetas que nos han puesto otros desde afuera, con las que nos hemos identificado, pero que son una trampa mental, porque desnaturaliza y disfraza la realidad. Frases como “Donde haya un costarricense, esté donde esté, hay libertad”; o “Costa Rica el país más feliz del mundo”; o “Costa Rica pura vida” son ejemplos de esas etiquetas.
¿Pero será que somos de verdad así? Me interesa cuestionar aquí sobre todo la que tiene que ver con nuestra libertad, porque me parece que estamos bien engañados, y no somos capaces de ver a través de la niebla. Lo cierto del caso es que el al revés, somos más prisioneros que libres, en muchos aspectos de nuestras vidas.
En una sociedad verdaderamente libre, en la que los ciudadanos son libres como regla general, rige el principio de que todos podemos hacer todo lo que no está prohibido por las leyes. UBER es sólo una muestra de que ese principio no es tal en Costa Rica.
Pero dejemos a Uber para el final, y veamos lo que ha venido ocurriendo con nuestra libertad desde hace muchos años, sin que nos diéramos cuenta, como el sapo que se cocina paulatinamente sin reaccionar en la olla de agua hirviendo, sólo porque el agua comenzó estando fría, y después tibia.
Hace no mucho tiempo, la telefonía celular sólo era explotada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), de ahí que la primera empresa privada que invirtió en nuestro país tuvo que pedir permiso al Estado para operar y se lo concedieron; al poco tiempo, el Estado se arrepintió, y le revocaron el permiso (fue la Sala Constitucional, pero para los efectos es el mismo Estado).
Los consumidores debimos sufrir casi veinte años hasta que en el 2011 con la apertura de las telecomunicaciones se permitió a los ciudadanos de este país tener libertad para poder elegir el proveedor de telefonía de nuestra preferencia. Hasta entonces no éramos libres de elegir, ni tampoco eran libres los inversionistas de hacer algo que no estaba prohibido (ser proveedor de servicios de telefonía) pero que estaba regulado como un monopolio estatal.
Otros ejemplos representativos de algunas de nuestras cadenas, recordatorios de que no somos tan libres como creemos, son las exiguas cuotas al sector inversionista privado para la producción de energía eléctrica; las mil y una trabas que existen para los ciudadanos e inversionistas que quieren producir y vender energía solar producida a través de paneles solares; la prohibición absoluta de importar y distribuir gasolina, diésel, búnker, a particulares como usted o como yo, dado que la Refinadora Costarricense de Petróleo no lo refina, ni lo distribuye, sólo lucra con su importación y venta a particulares en un régimen de monopolio que sólo nos perjudica a los consumidores; la repartición del mercado nacional por dos industrias cementeras, debido a una reglamentación amañada, que nos obligaba a escoger sólo entre ellas dos; y así por el estilo la lista puede continuar.
En todos estos ejemplos, el común denominador es una de dos, o que los individuos privados tienen prohibido actuar, o que de tal manera se ha regulado (entiéndase enredado) la actividad, que resulta imposible la libre competencia, y la incorporación de nuevos actores como Uber en la dialéctica.
Hoy le toca pegar contra la pared a Uber, una empresa de capital extranjero basada en las nuevas tecnologías, que une a un usuario que necesita un transporte, y a otra persona dispuesta a ser el transportista, mediante una aplicación que se instala en nuestros teléfonos inteligentes; como lo fue en su momento Skype que trajo la comunicación por internet que gratis todos instalamos en nuestras computadoras; como funciona Alibaba el gigante del comercio electrónico asiático; como ha venido a revolucionar el transporte en nuestras congestionadas y desastrosas vías Waze llevándonos de manera exacta e inteligente a nuestro destino.
El transporte remunerado de personas está reglamentado de tal manera en nuestro país que recibimos todos un servicio de segunda, o tercera categoría, al tiempo que perjudicamos el ambiente, nos matamos en las carreteras, tardamos mil horas para trasladarnos o trasladar nuestras cosas. No ha habido manera, ni persona, ni organización, llámese como se llame, que haya sido capaz de organizar el transporte de personas de forma que los usuarios seamos tratados como verdaderos clientes; y eso se debe al sistema de permisos y concesiones actual de líneas de autobuses, placas de taxis, y permisos de porteadores, que siguen estando diseñados para proteger los intereses del gremio de taxistas y de dueños de líneas de autobuses
Uber nos concede la oportunidad de repensar la manera cómo se están haciendo las cosas en materia de transporte, pero también nos debe hacer repensar si es tiempo de que algunas actividades que hoy realiza el Estado exclusivamente, debieran ser paulatinamente abiertas a los particulares.
Yo quisiera que nuestra libertad fuera tal que Uber no necesitara de una autorización para operar, pero la actividad del transporte público de personas se encuentra regulada, y muy recientemente, por una ley que obliga a pedirle permiso al Estado antes de empezar a hacerlo.
Mientras tanto, Uber debe someterse a la legislación proteccionista de los gremios de los dueños de taxis y de autobuses, que como lo sabemos, no está pensada en el bienestar real de los usuarios.
No, no somos tan libres como para que Uber llegue de buenas a primeras y compita en igualdad de condiciones con quienes hoy nos brindan servicios de segunda y tercera categoría.
La clave para resolver el dilema de Uber y para diseñar un nuevo sistema de transporte público de personas, es pensar que el centro de toda la regulación debe ser el usuario, y no los prestatarios.
“Un país desarrollado no es aquél donde el pobre tiene auto, sino donde el rico usa el transporte público”
acarro@central-law.com
Asesor Laboral Corporativo
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