La huelga de los trabajadores de JAPDEVA entra este sábado en su cuarto día sin que se vislumbre un acercamiento al diálogo, tras actos de varios sucesos de enfrentamientos esporádicos entre policías y ciudadanos, en la ciudad portuaria de Limón, en el Caribe costarricense.
La huelga, que inició el martes convocada por el Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y para el Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), es para rechazar la exclusividad a la carga y descarga que le otorga el contrato para la construcción y operación de un nuevo puerto en Moín a la transnacional holandesa-danesa APM Terminals.
Dicho contrato, firmado por la ex presidente Laura Chinchilla Miranda (2010-2014), ha sido refrendado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, pero aún no cuenta con la aprobación de los respectivos estudios ambientales, por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
Los documentos ambientales presentados serán estudiados por expertos de la SETENA, y se anunció que la resolución del organismo estaría lista para marzo próximo.
Sobre los documentos presentados por la empresa a la SETENA, el abogado ambientalista Álvaro Sagot Rodríguez, ha señalado una serie de supuestas irregularidades.
Sagot, asesor de SINTRAJAP, señaló que algunas de las inconsistencias que existen en el anexo de los documentos de APM Teminals están: “1-hay decenas de documentos en inglés (absolutamente ilegal y prohibido) 2-anexos, que sin índice remiten a 10 cajas de papeles sin ningún orden, 3-documentos en inglés y con correcciones a mano”. El abogado indicó que existen más falencias en la documentación aportada.
Por su lado, el sindicato afirmó que “la huelga indefinida continúa a pesar de los abusos de autoridad que hemos sufrido por parte de las autoridades policiales”, con la detención de más de sesenta personas.
Ronaldo Blear Blear, Secretario General de SINTRAJAP, aseguró que “las desafortunadas acciones y declaraciones ejecutadas por representantes del gobierno han complicado las cosas y esto pone cuesta arriba la posibilidad de tener algún acercamiento para resolver este conflicto”.
Además, acusó al Gobierno de mantener una posición “intransigente e injustificada”, de no querer hablar del monopolio establecido en la clausula 9.1 del contrato, “algo para nosotros inaceptable. En Costa Rica no deberíamos tener temas tabú o prohibidos de discusión porque resultan más sospechosos”.
“Reiteramos que nuestra lucha, es contra un contrato que impone tarifas injustas para el pueblo, un monopolio ilegal que impide la libre participación y representa la muerte de JAPDEVA y contra un inmenso daño ambiental que podría resultar irreversible si no lo detenemos. No es por salarios ni por privilegios y aclaramos que los puertos no están laborando normalmente como irresponsablemente nos han querido decir”, destacó Blear.
“En las últimas horas hemos recibido toda clase de muestras de solidaridad y apoyo de parte de organizaciones sociales de todo el país y hasta del mundo entero. Este apoyo ha llegado mucho más allá y abarca desde Diputados, algún sector empresarial, hasta partidos políticos. Consideramos además que a pesar de que algunos medios de comunicación han tratado de tergiversar la información, sentimos que a nivel general la información es bastante más balanceada en esta ocasión que en otras ocasiones que hemos estado en situaciones similares”, puntualizó el dirigente sindical.
Insistió en que la lucha “por defender la soberanía de la Patria en contra de un monopolio privado y nuestro trabajo digno, tiene el apoyo de los trabajadores y trabajadoras y lleva hasta ahora un balance positivo para nosotros”.
Igualmente, Blear rechazó que quienes han estado involucrados en actos vandálicos y de violencia hayan sido enviados por el sindicato u organizaciones sociales, y condenó dichas acciones, pero resaltó que son producto de la indignación de la gente de Limón, que ven amenaza de desempleo y pobreza.
Por su parte, el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, afirmó que la Fuerza Pública mantiene un absoluto control sobre los muelles y carreteras en Limón, tras condenar actos vandálicos como la quema de llantas, cierre de vías y la quema de un camión.
Solís Rivera también dijo que el Gobierno esperará la viabilidad ambiental que determine la SETENA para este proyecto, y descartó diálogo mientras persista la huelga.
