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miércoles, 29 de noviembre de 2017

Una contratación directa de los servicios de Data Center (Centro de datos electrónicos) que el Ministerio de Justicia otorgó a las empresas ICE, RACSA y ESPH, y cuyo contrato de 2 años ronda un gasto para la institución de ¢3.710 millones, generó cuestionamientos a Cecilia Sánchez, jerarca de esa cartera. Según expertos desde un inicio se advirtió a la ministra que los costos estaban duplicados y aun así se procedió a la aprobación de la contratación directa y no vía licitación, algo que también se cuestiona. / Ministra de Justicia desobedece y aprueba contrato de ¢3.700 millones




Una contratación directa de los servicios de Data Center (Centro de datos electrónicos) que el Ministerio de Justicia otorgó a las empresas ICE, RACSA y ESPH, y cuyo contrato de 2 años ronda un gasto para la institución de ¢3.710 millones, generó cuestionamientos a Cecilia Sánchez, jerarca de esa cartera.

 Según expertos desde un inicio se advirtió a la ministra que los costos estaban duplicados y aun así se procedió a la aprobación de la contratación directa y no vía licitación, algo que también se cuestiona.

CENTRO DE DATOS 

Todo inicia con la intención y políticas de modernización del Ministerio de Justicia en cuanto al uso de datos y los resguardos que se maneja en los sistemas computarizados, los cuales tienen que ver con la operatividad y administración de la información carcelaria.
El sistema guarda en bancos de datos computarizados en servidores, qué información hasta la fecha es propia de la institución y cuáles datos son catalogados como obsoletos.
Por ello el departamento de Tecnologías de Información (TI) comienza a valorar la posibilidad de contar con un proveedor que resguarde esa información en bancos de memoria (servidores de cómputo) externos. 
Este servicio salió a oferta no mediante licitación pública, sino por medio de la figura de la contratación directa, acto que se cuestionó por las características propias de lo que se quería llevar a cabo.
MAYO
Las irregularidades con esta contratación comenzaron a surgir en mayo anterior, cuando especialistas en informática advirtieron a la ministra Sánchez, que la multimillonaria inversión no tenía por qué darse y misteriosamente se estaba duplicando el costo de los servicios que colocaran la información del ministerio en la nube virtual de datos.
Todo esto quedó documentado en el oficio UEP-TI-OF-29-2017 dirigido y entregado en el despacho de la ministra de la cartera, pero también fueron advertidos los jerarcas de la Dirección de Adaptación Social y la Policía Penitenciaria.

ANTECEDENTES 

DIARIO EXTRA cuenta con el legajo de señalamientos que, según el departamento de prensa de la institución, fueron del conocimiento de la jerarca Sánchez, quien delegó el tema a especialistas de la institución. Pese a esto, la contratación continúa tal como se reporta en el sistema de contrataciones del gobierno Mer-Link, se adjudicó a las compañías mencionadas.
Según el oficio a dos funcionarios de apellido Sánchez y Herrera, del Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social, se les delegó la evaluación de la contratación de los servicios de Data Center, del cual mencionan que el ministerio cuenta con su propia infraestructura tecnológica que incluye un centro de datos, con 6 años de antigüedad y con fallos que respaldan la iniciativa de cambio para una obligatoria modernización.
Los especialistas indicaron a los jerarcas que actualmente el Ministerio de Justicia se mantiene enlazado con los centros penitenciarios y oficinas gracias a los servicios de RACSA-ICE, con las que en mayo del 2017 firman un convenio de cooperación de la ya existente relación entre ambas instituciones.
Según indican los expertos, el ICE cuenta con un centro de datos de alto nivel, catalogado como uno de los mejores de la región y utilizado por diversas instituciones del Estado como el Ministerio de Hacienda y Banco Nacional, entre otras.

INFORMACIÓN

Por esta relación RACSA-ICE mostró el interés de ampliar el servicio al igual que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
Precisamente los funcionarios encargados del análisis indicaron que Tecnologías de Información (TI), jefatura a cargo de Marianella Granados, negaron la información de la oferta presentada por ESPH, así como especificaciones de la infraestructura necesaria que se les exigió a los proveedores.
El oficio indica que la jefa del (TI) comunicó que se solicitó a los proveedores una solución al tema del Centro de Datos, de los cuales mostraron interés tres empresas privadas y dos públicas.
Granados indicó a los especialistas que decidieron hacer una contratación directa con la ESPH, situación que llamó la atención de los que analizaban el contrato ya que advirtieron no fue la mejor oferta.
“Partiendo de la cooperación que el ICE-MJP han venido tratando, se logró que el ICE presentara una oferta con mejores prestaciones y con el precio mensual de $20.000 menos respecto a la anterior. Esto se logró luego de un arduo proceso de negociaciones por parte de ICE-RACSA con fabricantes y proveedores”, indica el oficio.

AMBOS 

Cuando se presenta el mejoramiento de la oferta por parte del ICE-RACSA la oficina de Tecnologías de Información (TI) comunica una decisión que en el oficio se cuestiona.
“Al presentar la nueva oferta del ICE, (TI) convoca a la ESPH y a RACSA, donde les informa que van a contratar la solución de ambos, por lo que se deben de poner de acuerdo. RACSA solicita a (TI) un espacio sin la presencia de representantes de ESPH, donde poder aclarar la necesidad concreta que tiene el MJP. El 30 de mayo de 2017, se realiza la reunión”.
En esta reunión se tocan diferentes puntos como la solicitud que recibió el ICE- RACSA por parte del Ministerio para que se busque una solución en conjunto de alta disponibilidad compuesta por una base de datos del ICE y otra idéntica en manos de ESPH.
Según RACSA esta iniciativa de contar con dos centros de datos tiene una serie de inconvenientes y dificultades técnicas que al final no respaldan la intención de contar con un respaldo ante un eventual fallo del servicio del ICE-RACSA.
“Se expone a (TI) y Racsa que las bases de datos van a estar en espejo sincronizadas en tiempo real, ya que es importante la integridad y disponibilidad de la información, además de la posibilidad de pérdida de información. Ambas instituciones responden que no y aseguran que la posibilidad de que esto pase es muy baja, ya que para eso se requiere que el centro de datos se caiga por completo y de igual forma requiere de una intervención de personal técnico para sincronizar las bases de datos de los sistemas”, indica el oficio.

RECOMENDACIONES

Los profesionales en la materia del Ministerio de Justicia que realizaron el análisis llegaron a la conclusión de que la institución no tiene claro lo que se requiere y no se valoró los riegos necesarios de la inversión de los ¢3.700 millones.
“El MJP no tiene claro lo que requiere y no han contemplado los riesgo asociados y asumidos al querer dos centros de datos de alta disponibilidad, sin dejar de lado el costo económico asociado. En la misma reunión se evidencia que la probabilidad de requerir el segundo centro de datos es escasa, ya que por ejemplo el centro de datos del ICE cuenta con todas las condiciones de alta disponibilidad. El MJP no requiere contratar una doble infraestructura tecnológica, ya que los servicios que brindan no justifican la inversión-costo asociados”, indicaron los especialistas.

MINISTERIO

En cuando al tema el DIARIO EXTRA realizó las consultas a los jerarcas del Ministerio de Justicia para que se aclaraban las interrogantes.
En primera instancia desacreditaron el criterio de los ingenieros de la Unidad Ejecutora del Programa de Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social, que realizaron la denuncia, según su deber de probidad, pese a que en el documento deja claro que fue un requerimiento de la institución.
 “No se trata del criterio oficial del Departamento de Tecnologías de la Información del Ministerio de Justicia y Paz. Esas observaciones hechas por el exfuncionario, se dirigieron a la ministra de Justicia, y, esta a su vez, las remitió al viceministro de Gestión Estratégica, Alejandro Redondo, como encargado del proceso de contratación, para que las tomara en consideración como una referencia y no como un criterio vinculante”, indicó la institución por medio de su departamento de prensa.

DOS EMPRESAS

Los jerarcas del ministerio respaldaron la doble contratación multimillonaria por las necesidades en los servicios críticos que maneja y por tratarse de temas carcelarios propios de su actividad.
“El Departamento de Tecnologías de la Información difiere de ese criterio y justificó la necesidad de contratar dos centros de datos para resguardar toda la información del Ministerio de Justicia y Paz, en razón de que, ante la eventual caída, mal funcionamiento o interrupción por mantenimiento de uno de ellos, se contara con otro servidor de respaldo, que permitiera darle continuidad a las funciones de la institución, por la vital necesidad de mantener todos los centros penitenciarios interconectados las 24 horas”.
Tal como lo cuestiona el oficio, el centro de datos del ICE-RACSA cuenta con un récord del 100% de operatividad en tres años de servicio donde no han visto interrumpida el servicio que ofrecen.
Al ser el Data Center más reconocido de la región no quedó claro cuáles fueron los parámetros para determinar eventuales fallos del sistema, los cuales de existir serían mínimos y no justificaría el desembolso de ¢1.711.794.672 millones en dos años por parte de la institución, tal y como queda registrado en el sistema de compras del gobierno Mer-Link en la contratación bajo el número de gestión 2017CD-000068-0006900001, avalada por la jerarca de justicia, Cecilia Sánchez.
A ICE-RACSA se le adjudicó el contrato por un monto ligeramente superior a ¢1.998 millones, inversión que sí se justifica y que han hecho otras instituciones como el Ministerio de Hacienda y entidades bancarias donde esa institución ofrece sus servicios y no han sido necesarias otras empresas de respaldo, pese al alto tránsito de información vulnerable que tienen esas dependencias.

SE ALLANAN OFICINAS Y CASAS DE TRES FUNCIONARIOS PÚBLICOS Por mandato legal, la fiscala general Emilia Navas Aparicio dirige las diligencias judiciales, al tratarse de investigados que tienen inmunidad.



Continúan avanzando investigaciones por el caso del “cemento chino”


SE ALLANAN OFICINAS Y CASAS DE TRES FUNCIONARIOS PÚBLICOS


  • Por mandato legal, la fiscala general Emilia Navas Aparicio dirige las diligencias judiciales, al tratarse de investigados que tienen inmunidad.


Tatiana Vargas Vindas

29 de noviembre del 2017. La Fiscalía General de la República confirma que hace pocos minutos dio inicio una diligencia de investigación que consiste en el allanamiento de tres oficinas de la Asamblea Legislativa, tres casas de habitación y el despacho de un Viceministro.

Las oficinas públicas corresponden a los diputados Morales y Guevara, así como la de los asesores del último legislador. La cuarta oficina pertenece a Rodríguez, viceministro de ingresos del Poder Ejecutivo.

También se allanan las casas de los diputados, ubicadas en Heredia y Escazú, respectivamente, y la del Viceministro, también localizada en Heredia. El objetivo es recopilar prueba relacionada con el delito por el cual se les investiga: tráfico de influencias, bajo las causas penales 15-00022-0033-PE (contra los legisladores) y 17-00032-0621-PE (contra Rodríguez).

Las acciones operativas están relacionadas con el caso conocido mediáticamente como “cemento chino”, investigado bajo un nuevo análisis jurídico y probatorio, desde el 13 de octubre anterior.

La Fiscalía General solicitó la autorización de allanamiento a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de que se trata de personas investigadas que son miembros de los supremos poderes.

La diligencia que se realiza en el Congreso es dirigida por la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, debido a que la legislación nacional exige que sea la jefatura del Ministerio Público la que asuma las investigaciones que vinculan a integrantes de los supremos poderes que gocen de inmunidad, como es el caso de Guevara y Morales.

Además de la jerarca, en los allanamientos participan siete fiscalas y fiscales, cinco magistrados y magistradas suplentes de la Sala Tercera y agentes de la Sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial.

Se desconoce el tiempo que tardará el desarrollo de los allanamientos.


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