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martes, 2 de noviembre de 2010

COMUNICADO S.O.S. GUANACASTE Tras la destrucción ambiental en Nombre de Jesús y Zapotillal


COMUNICADO

S.O.S. GUANACASTE

Tras la destrucción ambiental

 en Nombre de Jesús y Zapotillal




El martes 2 de noviembre del 2010 a las 8 a.m. en los Tribunales de
Goicoechea se celebrará una vista sobre el expediente penal Nº
10-000078-611-PE



El Proyecto Turístico Residencial Mar Serena (Cabo Velas, Santa Cruz,
Guanacaste) que impulsa la empresa Playa Pelicano Holdings S.R.L. es
un negocio que ha movilizado mucho dinero y poder. Los empresarios
eligieron para su emplazamiento un lugar paradisiaco en la costa
santacruceña, en las inmediaciones de las playas Nombre de Jesús y
Zapotillal (playa Minas). Adquirieron 256 hectáreas en terrenos
privados (hoy registrados a nombre de Banco Improsa S.A.), y además,
en 1998, se apropiaron de 22 hectáreas en la zona marítimo terrestre
por medio de once concesiones. En aquel entonces, las once empresas
concesionarias tenían como secretaria y agente residente, a Viviana
Martín Salazar (actual jefa de fracción de Liberación Nacional y ex
integrante del gabinete Arias Sánchez), y como presidente, a su
hermano Álvaro Martín Salazar, quien ha ocupado puestos directivos en
diversos entes públicos y privados, tales como ICT, CIMAT, CODESA,
CINDE, INS y LACSA, entre otros.



Paradójicamente, las bellezas naturales de este sitio maravilloso se
convirtieron en la causa de su desgracia, pues hoy este millonario
proyecto privado constituye una seria amenaza contra la integridad del
acuífero, las dos lagunas, varias quebradas, manglares y
aproximadamente 280 hectáreas de bosque seco tropical costero. Desde
un principio, los empresarios han tenido la fortuna de contar con el
apoyo de profesionales privados y funcionarios públicos dispuestos a
certificar que el bosque no es bosque y a despejarles el camino. De
nada sirvieron todas las denuncias presentadas por varias personas en
la Sala Constitucional, la Contraloría, la Procuraduría, el Ministerio
Público, el Ministerio del Ambiente, el Área de Conservación
Tempisque, la Setena, el Tribunal Ambiental, la Municipalidad de Santa
Cruz… Finalmente, hoy somos testigos de un ecocidio anunciado.



Este proyecto es una cadena de irregularidades con muchas
ramificaciones y actores. Antes de clasificar el uso de la tierra,
elaborar el estudio de impacto ambiental y obtener los permisos, ya
estaba listo el diseño del proyecto turístico residencial y se vendía
por  internet en $510 millones. Dicho en buen tico: pusieron la
carreta delante de los bueyes. Además del atractivo campo de golf de
75 hectáreas diseñado por Gary Player, se ofrecía un ‘community
resort’ de lujo con un plan maestro que incluía dos hoteles cinco
estrellas, spas de clase mundial, 270 lotes residenciales y 600
villas. La Sala Constitucional lo supo a tiempo y en el 2007 calificó
de “administración de papel”, insuficiente, inoportuna e ineficaz al
Ministerio del Ambiente y a la Municipalidad de Santa Cruz.
(Resolución Nº 2007-15850 del 31/10/2007)



En la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) la viabilidad
ambiental se aprobó apresuradamente, sin haberse resuelto las
objeciones presentadas en tiempo y forma, y sin haberse conocido la
información hidrogeológica solicitada por el Servicio Nacional de
Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara). Hasta la fecha, la
empresa Playa Pelicano Holdings S.R.L. no ha entregado la información
requerida por Senara, sin embrago, ya han sido eliminadas decenas de
hectáreas de bosque y se han efectuado movimientos de tierra sobre el
sitio del acuífero. Casualmente, la profesional contratada por la
empresa para realizar los estudios requeridos es la hidrogeóloga
Sandra Arredondo, quien se ha dado conocer por su participación en
polémicos proyectos tales como la autopista a Caldera, el acueducto de
Sardinal y la mina en Crucitas.



También trascendió públicamente que en el 2008, Sonia Espinoza, hoy ex
Secretaria General de Setena (la misma que tuvo que ser llevada por la
policía a declarar en el juicio sobre el proyecto minero en Crucitas),
cometió acoso laboral contra la Ing. Adelaida Acevedo, presionándola
para que en cuestión de horas tuviera listo un informe sobre un anexo
de 300 páginas porque “si esto no está revisado para el jueves, los
inversionistas se van”. Espinoza se rehusó a darle la orden por
escrito a la Ing. Acevedo, quien en un ejemplo de integridad moral y
ética profesional, elevó la queja a la Plenaria de Setena y les
solicitó que asignen el caso de Mar Serena a otra persona.



Los dos caminos que dan acceso a playas Nombre de Jesús y Zapotillal
también han sido objeto de controversias. La empresa los cerró y
colocó en playa Zapotillal rótulos con la leyenda “propiedad privada –
prohibido el paso”. Al ser consultada por la Sala Constitucional en el
2007, la Municipalidad de Santa Cruz respondió que “son calles
públicas, según consta en la hoja cartográfica Matapalo y en la lámina
del Plan Regulador Costero de dichas playas”. Para nuestra sorpresa,
poco tiempo después la Procuraduría dictaminó que los dos caminos son
privados. Como la legislación costarricense establece que las playas
deben contar con acceso público para que tengan validez los planes
reguladores costeros y sus concesiones, la empresa se valió de un
artificio legal: le “donó” a la Municipalidad la franja de terreno de
cuatro hectáreas de bosque para que ésta construya ahí los caminos
públicos del proyecto. Y todo ocurrió en un santiamén.



En los primeros días del mes de abril del 2010, una parte de los
terrenos privados donde se desarrollaría el proyecto fueron segregados
y donados a la Municipalidad de Santa Cruz para destinarlos a los
caminos públicos que sirvieran de acceso a las concesiones. El día 8
de abril se inscribió ante el Registro Nacional la finca del partido
de Guanacaste matrícula 172415-000 a nombre de la Municipalidad de
Santa Cruz. El 21 de abril la Municipalidad presentó a la oficina
regional del Área de Conservación Tempisque (ACT) una solicitud de
permiso para la corta y aprovechamiento de 987 árboles de varias
especies en dicha finca. El 4 de mayo los funcionarios del ACT
realizaron una visita de inspección al sitio y el 17 de mayo la
Oficina Sub Regional de Santa Cruz aprobó el permiso para la corta y
aprovechamiento. En resumen, en cuestión de un mes y medio, el terreno
se segregó, se donó y se inscribió, y se tramitó el permiso para talar
casi 1000 árboles en 4 hectáreas. Esta impresionante eficiencia
burocrática contrasta con la actuación de las autoridades cuando en
abril del 2008 denunciamos la eliminación del estrato bajo del bosque:
en dicha ocasión los funcionarios del ACT duraron 27 meses en ir a
hacer la inspección. Obviamente, más de dos años después concluyeron
que todo estaba en regla, desestimaron la denuncia y le dieron luz
verde a la tala del bosque.



Por si fuera poco, los funcionarios del ACT justificaron el cambio de
uso de los suelos en las áreas de bosque aduciendo que la construcción
de los caminos del proyecto Mar Serena es… ¡de conveniencia nacional!
Esto podrá estar muy a tono con la era Arias - Chinchilla, pero carece
de fundamento, pues no existe justificación alguna, técnica y legal,
que declare de conveniencia nacional el cambio de uso en estas áreas
de bosque. Cabe preguntarnos además: Si ya existía una antigua red de
caminos que daba acceso a las playas Nombre de Jesús y Zapotillal,
¿qué necesidad había de eliminar parte del bosque para construir más
caminos?



El bosque constituye un elemento clave en este caso. Desde un inicio,
para implantar su proyecto, la empresa ha negado la presencia del
bosque y ha hecho lo imposible para reducirlo a su mínima expresión y
borrarlo del mapa, porque en Costa Rica, la ley prohíbe el cambio de
uso de los suelos en terrenos privados cubiertos de bosque. Pero el
bosque resiste y se regenera vigorosamente, porque es uno con el
acuífero: el acuífero sustenta al bosque y el bosque sustenta al
acuífero. Y bosque y acuífero son a su vez uno con las quebradas, con
las lagunas y los manglares, con los sitios de anidación de las
tortugas marinas y las áreas de reposo de las aves migratorias.
Quítese el bosque o quítese el acuífero, y todo el sistema se
destruye. El meollo del problema es que para poder construir el
proyecto Mar Serena, es necesario destruir el bosque; de tal manera
que la empresa lo está haciendo en dos vías: talándolo en el terreno y
negándolo en el papel.



El proyecto tenía ya meses de haber sido diseñado y se vendía por
internet en el 2007, cuando la empresa contrató a DEHC Ingenieros
Consultores para cumplir con el requisito del estudio de impacto
ambiental. Un equipo de profesionales, encabezado por el ingeniero
forestal Igor Zúñiga, elaboró el “Plan de manejo de la cobertura
vegetal del proyecto Mar Serena” y como por arte de magia, determinó
que en las áreas donde se iba a construir el proyecto, el bosque no
era bosque, sino “matorrales y pastizales arbolados”. Este falso “plan
de manejo” fue técnicamente rebatido por los ingenieros forestales
Edwin Alpízar Vaglio y Quírico Jiménez Madrigal; pero aunque sus
informes fueron aportados oportunamente a los expedientes
administrativos, nunca se tomaron en cuenta.



La presencia del bosque pudo ser confirmada después por el propio
Tribunal Ambiental Administrativo (TAA). En atención a la denuncia por
cambio de uso tramitada en el expediente Nº 241-07-01-TAA, el 5 de
mayo del 2008 personeros de este Tribunal realizaron una barrida
ambiental. En esa ocasión sorprendieron a una cuadrilla dirigida por
el ingeniero forestal Fernando Rojas Conejo, talando y chapeando en
áreas de bosque y decomisaron una motosierra. El 12 de noviembre del
2009, el TAA realizó una nueva inspección con técnicos del Sistema
Nacional de Áreas de Conservación que levantaron parcelas de muestreo
y concluyeron que “De conformidad con los datos del muestreo realizado
en el sitio indicado por el Tribunal Ambiental el área cumple con las
variables para ser clasificada como bosque según el Artículo 3, inciso
d de la Ley Forestal 7575”.



No obstante, técnicos del ACT realizaron una nueva inspección el 22 de
julio del 2010 y una vez más, negaron en el papel la presencia del
bosque, valiéndose de una interpretación errónea de la definición de
bosque de la Ley Forestal (según su criterio personal, el dosel del
bosque lo conforman únicamente las copas de los árboles maduros; y
además ellos, de manera arbitraria, deciden cuáles árboles son maduros
y cuáles no lo son).



Cualquier coincidencia con otros casos más sonados tales como
Crucitas, Caldera, Sardinal… no es casualidad. Los hechos constatados
permiten pensar que en Costa Rica existen intereses económicos ligados
al poder político que está minando el ambiente de Costa Rica y que
muchos de los que se dicen defensores de los intereses del país, son
en realidad embusteros de mala fe.



Pese a todos los inconvenientes, hoy se prende una luz de esperanza
gracias a una nueva denuncia penal que se ventila en los Tribunales.
Lamentablemente, para llegar a este punto tuvieron que destruirse
decenas de hectáreas del maravilloso ecosistema costero que tratamos
de defender (ver fotos abajo). Esperamos que esta vez las autoridades
actúen con firmeza y honestidad, pero sobre todo, con sabiduría y
justicia.



BOSQUES

NUESTROS

bosquesnuestros@gmail.com



(Para más detalles, entrar a CASOS en www.bosquesnuestros.org)

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