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miércoles, 17 de octubre de 2018

LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL LICENCIADA GLORIA VALERIN RODRIGUEZ EX-DIRECTORA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATICA DE COSTA RICA




LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL
 


La historia reciente de nuestro país es el antecedente de  la profunda convicción de los constituyentes respecto de la independencia de los poderes del Estado.  No puede haber democracia ni Estado de Derecho si no se respeta la independencia de los poderes.  Esta noción alude también a la separación de estos o de sus funciones y al delicado equilibrio diseñado para una convivencia armónica.  Cuando esos equilibrios se rompen, empieza a romperse, a veces muy sutílmente, el sistema democrático.


 


La independencia del Poder Judicial, de sus jueces, es sin duda, parte de la esencia del sistema democrático.  El artículo 167 constitucional, no puede entenderse ni como un formalismo ni como un adorno.  Su entendimiento correcto exige el respeto no sólo al Derecho, sino a la ética de todos aquellos que intervienen en decisiones que afectan esa independencia.


 


Dice ese numeral que para la discusión y aprobación de proyectos de ley que se refieran a la organización y funcionamiento del Poder Judicial, debe la Asamblea Legislativa consultar a la Corte Suprema de Justicia; para apartarse del criterio de la Corte, se requerirán 38 votos.


 


En primer lugar, hay que entender que el criterio de la Corte no solo es necesario para la aprobación, sino también para la discusión del proyecto, venir a decir que la consulta  puede hacerse, como se hizo, después de haber sido aprobado en primer debate, no es sólo una burla a la Constitución, es una grave falta a los deberes éticos de quienes toman esas decisiones.


 


La consulta no es un mero formalismo, es obligado para la Asamblea Legislativa, contar con el criterio de la Corte, porque si ésta dice que el proyecto  contiene aspectos que se refieren a la organización y funcionamiento del Poder Judicial, la consecuencia es la votación calificada.  No pueden inventarse que la Corte debe manifestar que está en contra del proyecto  para que la votación se califique porque la norma constitucional es clara y su fin primordial es proteger con la votación calificada, la independencia del Poder Judicial . La sola referencia a este delicado asunto en un proyecto de ley, hace que la votación se califique, cuando así lo estima la Corte, único órgano competente para hacer tal declaración.


 


La independencia del Poder Judicial se amenaza cuando  se arreglan elecciones de magistrados, cuando se le niega la reelección a uno por sus sentencias pero también se lesiona cuando a sus jueces, desde otros poderes del Estado, se les restringen sus derechos.  Quizás, está última, sea la forma más sutil y grave,  para atentar contra esa independencia.


 


Si la Corte Suprema de Justicia, acoge el pronunciamiento de su asesoría legal, como parece que debiera ser, pues el texto último consultado, no solo no se aparta del primero en lo que concierne al Poder Judicial, lo agrava, deberá manifestarse en el mismo sentido, lo que calificaría la votación y echaría por tierra todo el procedimiento 208 bis aplicado al proyecto, pues el Reglamento de la Asamblea, precisamente en ese numeral, establece que ese procedimiento especial sólo puede aplicarse  a proyectos cuya aprobación requiera mayoría absoluta (lo que exceda de la mitad de los miembros presentes), lo que imposibilita aplicarlo a proyectos que requieran mayoría calificada (dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa: 38 diputados).


 


El derecho es en esencia lógica.  La consecuencia lógica de no hacer la consulta a la Corte en el momento requerido (desde el mismo momento en que se aprobó el nuevo texto) era previsible: si requería 38 votos, todo el procedimiento aplicado sería nulo.


 


El plan fiscal no solo tiene esos problemas, hay , por ejemplo, normas que son contradictorias, por eso era necesaria la pausa, la reflexión, el uso de la lógica jurídica, elementos indispensables para una buena ley.  ¡Qué pena!  Con poquísimas excepciones, seguimos ayunos de todo eso en la Asamblea Legislativa.

martes, 16 de octubre de 2018

VIDEO TRABAJADORES Y SINDICATOS CELEBRAN LA CAIDA DEL PLAN FISCAL

ALBINO VARGAS BARRANTES DE ANEP EN LA VOZ DEL PUEBLO
CON EL SR. PRODUCTOR WALTER EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS




VIDEO TRABAJADORES Y SINDICATOS CELEBRAN LA CAIDA DEL PLAN FISCAL


Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han dado este martes un golpe al expediente 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, interpretando que afecta el funcionamiento del Poder Judicial.

En la sesión ordinaria y abierta al público los altos jueces decidieron que la reforma violenta la independencia del Poder Judicial, su funcionamiento y organización.

11 magistrados votaron por una opción donde se concuerda que hay afectación y señalan los puntos en que hay injerencia.

Entre las posiciones que expresaron los magistrados, la mayoría insistió en que el proyecto afecta la administración directa del Poder Judicial en puntos como pluses salariales, evaluación de jueces y lesiones a su autonomía, presupuesto, entre otros razonamientos.



Esta situación impide que el proyecto se pueda seguir tramitando por la vía rápida del 208 bis, que permitía aprobarse con apenas 29 votos.

Es decir, debido a lo que indica el artículo 167 de la Constitución Política, para aprobar el proyecto se ocupan 38 votos.

De los 22 magistrados sólo 12 hablaron y según sus razonamientos al menos 10 indicaron que el proyecto afecta la independencia del Poder Judicial.

El discurso más incendiario y aplaudido por las personas que llegaron al auditorio fue el del presidente Fernando Cruz.

Cruz dejó muy claro que la reforma resquebraja la independencia judicial y por ello no puede dar su aval a esta iniciativa.

"El 208 bis socava todos los fundamentos de la participación democrática y de lo que es el derecho parlamentario", indicó.



VIDEO TRABAJADORES Y SINDICATOS CELEBRAN LA CAIDA DEL PLAN FISCAL


SE CAYO EL COMBO FISCAL EXPEDIENTE 20580 EN CORTE SUPREMA DE JUSTICIA





Corte Plena pone en jaque la reforma fiscal

Magistrados concuerdan que proyecto violenta independencia judicial

11 magistrados dicen que hay afectación, ahora, la reforma fiscal ya no podría seguir su segundo debate.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han dado este martes un golpe al expediente 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, interpretando que afecta el funcionamiento del Poder Judicial.

En la sesión ordinaria y abierta al público los altos jueces decidieron que la reforma violenta la independencia del Poder Judicial, su funcionamiento y organización.

11 magistrados votaron por una opción donde se concuerda que hay afectación y señalan los puntos en que hay injerencia.

Entre las posiciones que expresaron los magistrados, la mayoría insistió en que el proyecto afecta la administración directa del Poder Judicial en puntos como pluses salariales, evaluación de jueces y lesiones a su autonomía, presupuesto, entre otros razonamientos.

Esta situación impide que el proyecto se pueda seguir tramitando por la vía rápida del 208 bis, que permitía aprobarse con apenas 29 votos.

Es decir, debido a lo que indica el artículo 167 de la Constitución Política, para aprobar el proyecto se ocupan 38 votos.

De los 22 magistrados sólo 12 hablaron y según sus razonamientos al menos 10 indicaron que el proyecto afecta la independencia del Poder Judicial.

El discurso más incendiario y aplaudido por las personas que llegaron al auditorio fue el del presidente Fernando Cruz.

Cruz dejó muy claro que la reforma resquebraja la independencia judicial y por ello no puede dar su aval a esta iniciativa.

"El 208 bis socava todos los fundamentos de la participación democrática y de lo que es el derecho parlamentario", indicó.

miércoles, 22 de agosto de 2018

HOMBRE QUE ABUSÓ SEXUALMENTE DE HIJASTRA EN PIZZERÍA IRÁ 24 AÑOS A PRISIÓN Sharon Hernández C. shernandezco@poder-judicial.go.cr



HOMBRE QUE ABUSÓ SEXUALMENTE DE HIJASTRA EN PIZZERÍA IRÁ 24 AÑOS A PRISIÓN
Sharon Hernández C.
21 de agosto del 2018. Un hombre identificado como Gerardo Ballestero Sancho fue condenado a 24 años de prisión, luego de que la Fiscalía de San Joaquín de Flores comprobara su culpabilidad como responsable de cometer seis abusos sexuales, en perjuicio de su hijastra menor de edad. La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de la zona, el viernes anterior.
La prueba recabada comprobó que los hechos ocurrieron entre octubre del 2010 y setiembre del 2011, en una pizzería ubicada en la localidad de San Juan, en Santa Bárbara. La Fiscalía probó que Ballestero llevaba a la menor, quien tenía 10 años de edad, al local que les pertenecía; ahí aprovechaba para abusar sexualmente de ella.
Posterior a los hechos, la niña contó lo que le estaba ocurriendo, por lo que la familia acudió al Ministerio Público, donde se abrió una investigación en contra del imputado, bajo el expediente 12-254-0382-PE.
Mientras la sentencia adquiere firmeza, Ballestero cumplirá prisión preventiva.


Un ingenioso ardid ejecutado por un abogado y notario costarricense le permitió apoderarse, en un lapso de seis años, de bienes valorados en $41 millones (unos ¢23.000 millones), que eran producto de la herencia de un ciudadano alemán. Así lo determinó el Tribunal de Juicio de San José, el pasado 13 de julio, cuando condenó a ocho años de prisión a Carlos Roberto Loría Quirós, de 70 años. Este es un conocido litigante creador de una página en Internet llamada La Campanada, desde la cual denunció presuntos actos ilícitos de funcionarios gubernamentales y que ha utilizadopara criticar en los últimos meses al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En el fallo, los jueces ordenaron a Loría devolver el dinero producto del fraude (los $41 millones) además de asumir las costas del juicio, estimadas en ¢2.356 millones, y pagar ¢134 millones, al abogado penalista Francisco Castillo González, pues se acreditó que fue despojado de los honorarios por servicios profesionales prestados durante el desarrollo de este caso. Debido a la alta pena y al peligro de fuga, el tribunal josefino envió al abogado a descontar seis meses de prisión preventiva, mientras el fallo, que fue apelado, adquiere firmeza. En la actualidad, el abogado está recluido en el Centro de Atención Integral de San José (conocido como cárcel de San Sebastián), confirmó el Ministerio de Justicia y Paz.



Un ingenioso ardid ejecutado por un abogado y notario costarricense le permitió apoderarse, en un lapso de seis años, de bienes valorados en $41 millones (unos ¢23.000 millones), que eran producto de la herencia de un ciudadano alemán.
Así lo determinó el Tribunal de Juicio de San José, el pasado 13 de julio, cuando condenó a ocho años de prisión a Carlos Roberto Loría Quirós, de 70 años. Este es un conocido litigante creador de una página en Internet llamada La Campanada, desde la cual denunció presuntos actos ilícitos de funcionarios gubernamentales y que ha utilizadopara criticar en los últimos meses al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
En el fallo, los jueces ordenaron a Loría devolver el dinero producto del fraude (los $41 millones) además de asumir las costas del juicio, estimadas en ¢2.356 millones, y pagar ¢134 millones, al abogado penalista Francisco Castillo González, pues se acreditó que fue despojado de los honorarios por servicios profesionales prestados durante el desarrollo de este caso.
Debido a la alta pena y al peligro de fuga, el tribunal josefino envió al abogado a descontar seis meses de prisión preventiva, mientras el fallo, que fue apelado, adquiere firmeza. En la actualidad, el abogado está recluido en el Centro de Atención Integral de San José (conocido como cárcel de San Sebastián), confirmó el Ministerio de Justicia y Paz.
Atractivo patrimonio
En este caso se juzgaron hechos cuyo inicio se remonta a 1998, cuando llegó al país el inversionista alemán Wolff Ulrich Schneider para comprar terrenos, especialmente en el área costera del Pacífico sur.
Este hombre falleció en febrero del 2004 de forma natural cuando se encontraba en Bélgica. Los negocios en Costa Rica los manejaba por medio de Mario Carazo Zeledón, quien era el socio y apoderado de los bienes.
Tras la muerte de Schneider, su esposa, Petra Schneider, pidió a Carazo que le entregara los terrenos, pero este se negó, pues no tenía claro si era la voluntad de Wolff Ulrich, razón por la cual puso los bienes en un fideicomiso.
Petra logró que un Juzgado de Hamburgo, Alemania, la declarara a ella y Elfriede Schwarzkoph de Schneider (madre de Ulrich) como las herederas, por lo cual se abrió un proceso sucesorio en el Juzgado de Menor Cuantía de Parrita y Quepos.
En el 2005, la mujer alemana contactó a Carlos Roberto Loría luego de leer sus fuertes críticas en La Campana y, además, porque sabía hablar alemán. A él le encomendó representarla en el proceso para retomar los bienes.
Precisamente, Loría y su esposa, de apellido Bedaña, se hicieron cargo de los asuntos legales de Petra Schneider y fue entonces cuando se creó una sociedad llamada Deco Asesorías S.A. a la cual, al inicio, se le cedieron los derechos para reclamar los bienes de la herencia. En su fundación, esa sociedad tenía como socias a las señoras Petra y Elfriede, pero con el paso de los meses, quedó en manos de Loría y Bedaña.
Según la sentencia 865-2018 del Tribunal de Juicio de San José y firmada por los jueces Maribel Bustillo Piedra, Laura Sánchez Sánchez y Alberto García Chaves, Deco Asesorías logró asumir, con el tiempo, el control de cerca de 25 propiedades ubicadas en los cantones de Osa y Quepos, en Puntarenas, las cuales tenían un gran valor económico
Algunas de esas fincas estaban en la llamada zona marítimo terrestre, es decir, tenían acceso a la playa.
Aunque, en este asunto, Mario Carazo figuró en algún momento como imputado, en el expediente hay una sentencia de sobreseimiento emitida en setiembre del 2009.
Acciones ilegales
De acuerdo con el fallo judicial, se responsabilizó a Loría de los delitos de administración fraudulenta y fraude de simulación, pues mediante la falsificación de escrituras, falsos pagos y otros engaños, se apropió de los bienes del inversionista alemán.
Para el tribunal, el abogado cometió el delito de administración fraudulenta pues, usando la firma Deco Asesorías, logró trasladar dinero y fincas a cuentas bancarias y otras sociedades que eran de su propiedad. Sin embargo, en juicio, Loría alegó que tanto el dinero como los terrenos, eran parte de los pagos por honorarios profesionales.
Los jueces consideraron lo contrario y le atribuyeron que “no cumplió con el deber de buen cuidador y administrador y, por el contrario, decidió perjudicar al titular, mediante la realización de la suposición de operaciones y el empleo abusivo e indebido de los bienes que le habían sido confiados”.
Asimismo, se le responsabilizó del fraude de simulación al gravar con un préstamo ficticio una propiedad, la cual era parte del pago de honorarios al abogado Francisco Castillo.
Para el tribunal, ”Carlos Roberto Loría (...) fraguó un plan altamente elaborado en el que se utilizaron instrumentos públicos (notariales) para ejecutar parte del ardid, con el que también se vio afectada la fe pública, la publicidad registral y se llevó a error al Registro Nacional”.
Asimismo, consideraron que “la cuantía de lo defraudado resulta de las más grandes o significativas posibles ($41 millones o más), siendo difícil que se presente, en nuestra realidad, otra defraudación de esa magnitud”.
El tribunal no condenó a Loría al máximo de la pena que la ley contempla para los delitos antes citados “por su edad, preparación y comportamiento en la sociedad, aun cuando el hecho que realizó sea de los más gravosos que pueden encontrarse”.
Acusación y descargo
En una declaración que rindió en juicio, Petra Schneider dijo que el dinero invertido en Costa Rica era de ella y su esposo.
Asimismo alegó: “Yo estoy aquí porque me robaron mis bienes y dinero. Por siete años, he sufrido mucho. Todo esto es muy malo. Todos mis derechos, mis propiedades, derechos de mis cuentas (bancarias)... Por eso estoy aquí.
“Todos los papeles y libros estaban en la caja fuerte de Carlos Loría y no sé que los hizo. Sin mi autorización, hizo todo por debajo y detrás de mi espalda. Yo no di autorización; solo la di para guardar. Él lo que quiere es el dinero y quedarse con las propiedades (...) He sido muy perjudicada, perdí millones y propiedades. Mi situación está muy mal, tengo solo dinero para comer y sobrevivir”.
En tanto, Carlos Roberto Loría, al explicar sus actuaciones, afirmó que siempre fueron de carácter legal e insistió en que el dinero que recibió fue para pagos de honorarios profesionales y otras obligaciones, como el pago de impuestos.
Poco antes de concluir el debate, manifestó: “Aquí se busca que yo vaya a prisión por una deuda (...). Aquí se ha dicho que yo he dañado a todo el mundo. La parte más dañada hemos sido nosotros, mi esposa y mis hijos.

“A mi casa llevaron la Policía y nos allanaron (...); buscaban nuestra prisión preventiva. No encontraron nada. No encontraron dinero. Lo que encontraron fueron documentos que dan testimonio de un trabajo del 2005 al 2011 en protección a lo que se me encomendó. El daño ha sido enorme. Prefiero que me hagan daño a mí; no a otro”.
En marzo del 2013, las autoridades judiciales realizaron allanamientos en los bufetes de varios abogados, entre ellos el de Carlos Roberto Loría.
En marzo del 2013, las autoridades judiciales realizaron allanamientos en los bufetes de varios abogados, entre ellos el de Carlos Roberto Loría.
Ruta del dinero
Los bienes de esta herencia que generó tal controversia legal en Costa Rica, también causaron duda en el Ministerio Público, que inicialmente, investigó el caso como de legitimación de capitales. De hecho, se presumió que podría tratarse de una estafa.
Sin embargo, el tribunal en la sentencia descartó esas presunciones y recalificó los delitos a administración fraudulenta y fraude de simulación.
Asimismo, en la resolución se estableció que el dinero lo trajo el ciudadano alemán Wolff Ulrich Schneider, quien lo sacó de Alemania por medio del principado de Liechtenstein.
Schneider empezó los contactos en el país durante 1998 y comenzó a realizar compras de propiedades en los cantones de Osa y Quepos. Las fincas fueron inscritas a nombre de 15 sociedades que tenían como apoderado a Mario Carazo Zeledón.
Al morir Schneider, el 4 de febrero del 2004 en Bélgica, es cuando se desencadena la disputa por la herencia.
En el expediente judicial se establece que, en total, se trataba de 25 propiedades, de las cuales 14 eran terrenos que estaban en la zona marítimo terrestre y, por tanto, sujetos a las regulaciones que establecían las municipalidades.
Asimismo, el tribunal, al resolver el caso, declaró que hubo muchas falsedades en documentos inscritos ante el Registro Nacional, en los cuales se daba cuenta de asambleas de accionistas, traspasos de acciones e incluso del establecimiento de varias hipotecas. Todos esos documentos fueron anulados y se devolvió a su estado original la situación de varias de las sociedades.
También ordenaron poner en conocimiento de esta sentencia a las autoridades de Tributación Directa, del Ministerio de Hacienda.

viernes, 10 de agosto de 2018

MS-C STEVEN NUÑEZ RIMOLA MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE COSTA RICA / Tercera edición del reto Empléate Vivir la Integración Programa brindará oportunidades laborales a personas refugiadas Agosto 10, 2018 CP-039-2018 MTSS · ACNUR dará subsidio económico a empresas que contraten personas refugiadas a través del programa Intégrate al Empleo · Participarán 20 empresas y 4 centros de formación San José, Costa Rica. Este viernes se dio el lanzamiento del programa Intégrate al Empleo, una iniciativa que busca facilitar la contratación de personas refugiadas o solicitantes de esta condición. Esta facilitación se dará a través de un subsidio económico que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR dará a las empresas que contraten personas refugiadas. Esas empresas podrán acceder a este incentivo tras firmar un convenio con ACNUR y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Paralelo al lanzamiento de este programa se realizó la tercera edición del Reto Empléate Vivir la Integración que precisamente convocó a personas refugiadas o solicitantes de refugio y a un grupo de 20 empresas interesadas en firmar el convenio con el ACNUR.



Comunicado de prensa

Tercera edición del reto Empléate Vivir la Integración
Programa brindará 
oportunidades laborales a personas refugiadas

Agosto 10, 2018
CP-039-2018 MTSS

·      ACNUR dará subsidio económico a empresas que contraten personas refugiadas a través del programa Intégrate al Empleo
·      Participarán 20 empresas y 4 centros de formación
San José, Costa Rica. Este viernes se dio el lanzamiento del programa Intégrate al Empleo, una iniciativa que busca facilitar la contratación de personas refugiadas o solicitantes de esta condición.

Esta facilitación se dará a través de un subsidio económico que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR dará a las empresas que contraten personas refugiadas. Esas empresas podrán acceder a este incentivo tras firmar un convenio con ACNUR y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Paralelo al lanzamiento de este programa se realizó la tercera edición del Reto Empléate Vivir la Integración que precisamente convocó a personas refugiadas o solicitantes de refugio y a un grupo de 20 empresas interesadas en firmar el convenio con el ACNUR.

Para el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Steven Núñez Rímola, este tipo de iniciativas son fundamentales “para poder ofrecer las oportunidades necesarias para mejorar la calidad de vida de estas personas que se vieron obligadas a salir de sus países de origen por su propia seguridad”

“Estamos poniendo a disposición de estas personas no sólo el servicio de intermediación laboral, sino la oportunidad de mejorar sus perfiles ocupacionales a través de la formación técnica”, añadió

Precisamente en este reto Empléate Vivir la Integración participaron 4 centros de formación que pusieron a disposición de los asistentes las carreras técnicas disponibles.

Miguel Urbano, oficial de Soluciones Duraderas de ACNUR, destacó que “esta iniciativa pretende lograr más de cien contrataciones. Es una oportunidad para muchas personas, en tanto permite que las empresas conozcan a sus potenciales colaboradores, además, se brinda capacitación a las personas refugiadas, ayuda económica a las empresas y resulta un espacio donde quien gana es la sociedad”.

Intégrate al Empleo es un programa liderado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y cuenta con el apoyo financiero de ACNUR y la Fundación Mujer.

Buen día

jueves, 9 de agosto de 2018

Estimado señor Román Macaya Hayas, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Reciba un saludo cordial. Quisiera por este medio, de manera atenta y respetuosa, hacerle algunas acotaciones con relación a su proposición de la nueva modalidad de financiamiento cobrando un nuevo impuesto a los costarricenses, para mejorar los ingresos de la institución. Tal y como lo indicó Usted literalmente: “Vamos a tener que encontrar otros mecanismos de financiar sin dejar las cotizaciones” Entre otras, indica Usted, que no es suficiente para el mantenimiento de equipos médicos y la atención a los costarricenses y extranjeros, ya que los gastos de la Caja Costarricense de Seguro Social se incrementan. El año anterior, la Junta Directiva de la institución decidió un aumento del 0.5% cada 5 años en las cuotas obreras y, Usted pretende seguir metiendo la mano en los bolsillos de los conciudadanos, “qué fácil ve Usted las cosas”. Hasta dónde quiere llegar la Caja y sus representantes con estos abusos, ya el pueblo no da más, ya que es de los bolsillos de los costarricense que se paga todo el despilfarro de los diferentes gobiernos, además de todas las injustas convenciones colectivas y, pensiones de lujo. Don Román, Usted antes de ser embajador de los Estados Unidos de América representando a Costa Rica, tenía un programa, además de un grupo denominadoOBSERVATORIO CIUDADANO, donde se criticaba a la Caja por su pésimo servicio, por las filas interminables, por sus citas a largo plazo, por el sin número de muertes en el hospital del Niños y, ahora cambia de bando y ve las cosas color de rosa.



Estimado señor Román Macaya Hayas, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Reciba un saludo cordial.
Quisiera por este medio, de manera atenta y respetuosa, hacerle algunas acotaciones con relación a su proposición de la nueva modalidad de financiamiento cobrando un nuevo impuesto a los costarricenses, para mejorar los ingresos de la institución.
Tal y como lo indicó Usted literalmente:
“Vamos a tener que encontrar otros mecanismos de financiar sin dejar las cotizaciones”
Entre otras, indica Usted, que no es suficiente para el mantenimiento de equipos médicos y la atención a los costarricenses y extranjeros, ya que los gastos de la Caja Costarricense de Seguro Social se incrementan.
El año anterior, la Junta Directiva de la institución decidió un aumento del 0.5% cada 5 años en las cuotas obreras y, Usted pretende seguir metiendo la mano en los bolsillos de los conciudadanos, “qué fácil ve Usted las cosas”.
Hasta dónde quiere llegar la Caja y sus representantes con estos abusos, ya el pueblo no da más, ya que es de los bolsillos de los costarricense que se paga todo el despilfarro de los diferentes gobiernos, además de todas las injustas convenciones colectivas y, pensiones de lujo.
Don Román, Usted antes de ser embajador de los Estados Unidos de América representando a Costa Rica, tenía un programa, además de un grupo denominadoOBSERVATORIO CIUDADANO, donde se criticaba a la Caja por su pésimo servicio, por las filas interminables, por sus citas a largo plazo, por el sin número de muertes en el hospital del Niños y, ahora cambia de bando y ve las cosas color de rosa.
Le voy a recordar que el 4 de mayo del año en curso, según oficio Nº 8963-16-18 se le envió al Subgerente Jurídico de la Caja, un documento que dispuso la Junta Directiva, en el artículo 16º de la sesión Nº 8963, celebrada el 12 de abril del 2018, donde se le solicita criterio en relación con los alcances legales del informa final de mayoría de la COMISIÓN INVESTIGADORA LEGISLATIVA, con el fin de sancionar a diferentes gerencias de la Caja por su pésimo desempeño, pero…...simplemente en la CCSS se amparan a las solicitud de los diputados, no son vinculantes y, no hace nada.
“CONCLUSIONES
Ha quedado demostrado que los problemas de mala gestión hospitalaria e imprudente manejo de listas de espera en el Hospital México, específicamente, en el Servicio de Cardiología no son resultado exclusivo de la falta de recursos financieros, sino que existen otras condiciones que influyen, dentro de la cadena de mando(Gerencias-Direcciones-Jefaturas) para que el servicio no se brinde en condiciones de oportunidad y calidad requeridas.
Existe una ausencia de políticas administrativas creativas, oportunas y eficientes que deberían ser diseñadas por las personas que están ocupando las Gerencias de Infraestructura y Tecnología y Médica de la CCSS, así como en la Dirección y las Jefaturas del servicio de cardiología del Hospital México, que se evidencia en la imposibilidad de diseñar instrumentos de gestión y herramientas tecnológicas para manejar las lista de espera, en perjuicio evidente del interés público (salud de los pacientes.
La Gerencia de Infraestructura y Tecnología tienen como cabeza una profesional en arquitectura que no ha rendido buenos frutos, especialmente no ha cumplido el deber de brindar soluciones informáticas a los problemas de gestión y planificación que tiene la CCSS y el tiempo (20 años aproximadamente) es prueba de ello”
Ahora bien don Román, esta es una muestra contundente de que muchos de los altos jerarcas de la Caja son perjudiciales para la institución, pero, la Junta Directiva en lugar de poner gente eficiente en esos puestos, más bien le recargan a una persona que está seriamente denunciada por el Primer Poder de la República, lagerencia de logística. O sea, nos metemos de Guatemala a Guatepeor, como dice el dicho.
Por favor, vamos a seguir con esta mediocridad, cuidando puestos de personas que pertenecen al grupo de ungidos del olimpo, que son intocables, a pesar de sus innumerables cuestionamientos, pero don Román, no es el suscrito el que indica estas anomalías, son los ex diputados de una comisión que investigó seriamente el tema.
Por favor, no le meta el dedo a la llaga, primero haga los cambios pertinentes de muchos de aquellos enemigos de la Caja que laboran con Usted y, después hablamos.
No se crea el salvador de la Caja poniendo impuestos, primero limpie la casa y después conversamos.
Ponga personal eficiente a cobrar los miles de millones que le adeudan los patronos morosos a la Caja y, verá que, en lugar de impuestos, con dineros sanos, Usted podrá salvar a la Institución.

Atentamente;

Roberto Mora Salazar
Céd: 1-396-099
Correo electrónico: roberto.romoxa@gmail.com
8 de agosto de 2018

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