miércoles, 30 de mayo de 2012
DUDOSO MANEJO DE CHEQUES DENUNCIA EL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES YA QUE EL DR. WALTER MUÑOZ QUIZO COBRARLE AL TSE 43 MILLONES . LAS MOVIDAS EN EL BANCO DE COSTA RICA Y EL DESCUBRIMIENTO DEL TSE.
HTTP://WWW.NACION.COM/2011-11-
LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL 2010 PARA ALCALDÍAS
TSE rechaza pago al PIN por dudoso manejo de cheques
Tribunal sospecha que Partido simuló pagos para obtener deuda política
Exdiputado Wálter Muñoz afirma que las transacciones fueron por gastos reales
El TSE le rechazó el pago de la deuda política al Partido Integración Nacional (PIN), presidido por el exdiputado Wálter Muñoz (1998-2002), por un dudoso manejo de los cheques utilizados para justificar sus gastos de campaña.
La institución electoral sospecha de una aparente simulación.
Muñoz Céspedes, médico y varias veces excandidato presidencial, negó cualquier anomalía. Dijo que los gastos fueron reales y que el Banco de Costa Rica (BCR) puede dar cuenta de ello.
Por su participación en las elecciones municipales de diciembre pasado, el PIN tenía derecho a recibir ¢43 millones, pero el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solo le reconoció ¢450.000.
Según concluyó el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE en un informe remitido al PIN, existe una “duda razonable” sobre la veracidad de los gastos que el Partido reportó en su liquidación.
Integración Nacional le cobró ¢43,6 millones al Tribunal, en su mayoría por gastos de propaganda. Pidió el reembolso de un contrato de ¢22,6 millones por 452 minivallas de vinil, así como otro de ¢18,4 millones por 21.250 afiches y 66.000 volantes.
La agrupación política, que postuló candidatos para 12 alcaldías (no ganó ninguna), firmó ambos contratos con Grupo Sagar.
No obstante, el TSE detectó que, aunque las elecciones se celebraron el 5 de diciembre, los supuestos pagos a la imprenta se realizaron el 19 de enero, último día en que se podían justificar gastos de campaña.
Con información suministrada por el BCR, el Tribunal determinó que, al parecer, Muñoz hizo un primer depósito de ¢5 millones en la cuenta del Partido a las 3:22 p. m. de ese día y, a partir de este giro, movió el dinero una y otra vez hasta justificar cheques por ¢47 millones.
Es decir, según narra el informe, se emitía un cheque a nombre de un beneficiario y, de inmediato, se depositaba en la misma cuenta. Eso ocurrió en 22 ocasiones, cuatro de ellas en la sucursal del Banco en el Mall San Pedro, Montes de Oca, y otras 18 en la sede central en San José. Estos últimos ocurrieron entre las 5:52 p. m. y las 6:48 p. m. ante un mismo cajero.
En lugar de hacer un solo pago o dos a Grupo Sagar, a nombre de esa empresa se emitieron nueve cheques de ¢4,5 millones o ¢5 millones, cada uno, durante esa tarde.
Ayer, no fue posible obtener una versión de esa compañía, aunque se llamó al número de la oficina, a un teléfono celular y se le enviaron dos correos electrónicos.
“No se evidencia en ningún momento recursos suficientes para cubrir los más de ¢47 millones girados a los diferentes beneficiarios”, le dijo el Banco al TSE, según el informe de esa última institución.
“Tales transacciones se componen básicamente de una secuencia de depósitos y giros de cheques, los cuales se van cambiando ordenadamente sin provocar faltantes de fondos”, añadió el BCR.
El Tribunal también anotó que, de acuerdo con un documento de Sagar, las minivallas fueron entregadas el 10 de diciembre, después de las elecciones.
Wálter Muñoz negó que los cheques fueran depositados en la misma cuenta. Afirmó que estos fueron cambiados por los beneficiarios, quienes retiraron el efectivo en la misma caja.
El exdiputado alegó que se efectuaron depósitos pequeños porque la cuenta del Partido tenía un problema que impedía introducir grandes montos.
Según Muñoz, el TSE ha “hecho lo imposible por liquidar” a su partido y ya apelaron.
Luis Polinaris, quien fue el candidato del PIN en San José, aseguró que el Partido solo le entregó 2.500 panfletos pequeños unos días antes de los comicios.
Prevén que Costa Rica tenga el déficit fiscal más alto de la región - SEMANARIO UNIVERSIDAD
Fernando Rodríguez, especialista en impuestos de la UNA. (Foto: David Chavarría)
Economistas del Programa de Estudios Fiscales de la Universidad Nacional (UNA) prevén que Costa Rica tendrá al finalizar el año el déficit fiscal más alto de Latinoamérica, contrario a las cifras que presentó recientemente Édgar Ayales, ministro de Hacienda, y en las cuales indicó que mediante algunas medidas que se implementarán se lograría una reducción de al menos 0.5 puntos porcentuales de este déficit al finalizar el año.
Para las autoridades de Hacienda, la contención del gasto en inversión pública y la colocación de deuda externa hasta por $4.000.000.000 -mediante la emisión de los denominados eurobonos-, podrían solventar la difícil situación económica del país.
Criterio que no comparten expertos de la UNA, quienes auguran que la situación fiscal del país será insostenible, ya que las soluciones planteadas son insuficientes.
“Nosotros vemos un déficit que crece, y no va a ser 4.5%, porque el gasto sigue subiendo, por tanto no descartamos que ese déficit sea mayor”, señaló el economista de la UNA y especialista en impuestos, Fernando Rodríguez.
Rodríguez manifestó que si bien el Gobierno podría reducir el gasto en los próximos seis meses con el fin de alcanzar la cifra planteada, ello tendría sus implicaciones negativas en sectores vulnerables de la población. “Eso sería a costa de algunas áreas de gasto”, señaló el economista.
Además, otro de los factores que podrían influir en la decisión del Poder Ejecutivo de realizar gastos o no, es la cercanía a las elecciones presidenciales de 2014.
Fernando Rodríguez es del criterio de que en un año preelectoral no ha habido ningún gobierno que se atreva a hacer un recorte importante de gasto; por el contrario, se busca la colocación de partidas en proyectos específicos para la materialización de obras.
El Programa de Estudios Fiscales de la UNA vislumbra que el déficit para los próximos dos años podría superar el 5% del Producto Interno Bruto (PIB), ya que los proyectos planteados en la Asamblea Legislativa que buscan frenar la evasión no generarían “recursos frescos” que compensen el faltante.
Es por esto que se concluye que la única vía que tendría el país es la captación de ingresos mediante nuevos impuestos. “No nos debemos escapar como país de la discusión de una reforma fiscal”, manifestó el economista Francisco Sancho.
Según Sancho, la carga tributaria debe ascender del 13 al 20%, y esto solamente se lograría trasladando el soporte tributario al impuesto de renta y no al de venta, tal y como fue planteado en el denominado proyecto de Solidaridad Tributaria.
“El impuesto de ventas es lo más regresivo, en cambio el de renta no”, opinó Sancho. (Véase nota aparte “Hay una gran incertidumbre en materia fiscal”)
PRESIÓN SOBRE TASAS DE INTERÉS
Otro de los temas analizados por los especialistas del Programa de Estudios Fiscales de la UNA fue el impacto que tiene el déficit fiscal en el incremento de la deuda pública.
En el año 2011, la deuda del gobierno central fue de 30.76% del PIB, pero los economistas de la Universidad Nacional perciben que para el próximo año, de mantenerse lo que llamaron un “escenario conservador”, esta podría alcanzar el 38%, impulsando al país cada vez más a los límites máximos recomendados.
El crecimiento exponencial de las tasas de interés es uno de los factores que podría agravar el aumento en la deuda, y el gasto público.
Las tasas de intereses han crecido, según lo concluyen los economistas de la UNA, debido a la presión de los bancos públicos.
“Los bancos públicos principalmente están captando más dinero para colocar créditos, y eso ha provocado movilidad en el desarrollo de proyectos inmobiliarios”, señaló Julio Espinoza, economista experto en temas de financiamiento del gasto y sostenibilidad fiscal de la UNA.
Los economistas llamaron la atención sobre esta tendencia creciente del crédito, la cual tendría un efecto negativo, debido a que el costo de financiarse con deuda es mayor.
Francisco Sancho, Programa de Estudios Fiscales de la UNA
“Hay una gran incertidumbre en materia fiscal”
El economista Francisco Sancho, coordinador del Programa de Estudios Fiscales de la Universidad Nacional, conversó con UNIVERSIDAD sobre la situación económica del país y los posibles escenarios que deberá enfrentar el gobierno en los próximos meses. A continuación un extracto de la entrevista.
¿Por qué considera difícil cumplir la expectativa del gobierno de reducir el déficit?
-No es un panorama alentador, no hay una propuesta estructural más integral. El Gobierno tira la pelota para adelante pero no muy adelante, porque en la próxima campaña el tema fiscal será el central, y lo que es cierto es que hay una gran incertidumbre; el Ministerio de Hacienda quiere dar señales de certidumbre, porque para ellos como administradores es un poco complicado empezar a alarmar, para llamarlo de alguna forma. Pero en el caso nuestro, si uno ve el panorama donde no hay reforma fiscal, con un proyecto de ley que apenas está entrando a la corriente legislativa, el cual además tiene implicaciones serias en sectores como el universitario, significa que habrá una reacción de estos. Uno percibe que no hay nada que mitigue el déficit a través de ingresos, porque este proyecto planteado es muy transitorio. Con esa medida no se alcanzaría recaudar ni siquiera un 0.9% del PIB.
Entonces, ¿qué tan efectivas podrían llegar a ser algunas de las otras medidas anunciadas por el Gobierno, como el recorte al gasto?
-Se plantea disminuir el crecimiento del gasto real a un 4% y que con eso se podría tener un impacto positivo en la reducción del déficit. La duda de nosotros es si se puede sostener ese 4% en términos de gasto, porque hay deudas en temas sensibles como educación, seguridad e inversión pública, y entonces es difícil imaginar que el Gobierno haga ese frenazo en el gasto.
También se plantea la colocación de eurobonos.
-Los eurobonos implican seguir colocando deuda, y en un momento de incertidumbre a nivel internacional y donde el acreedor podría argumentar adquirir deuda en un país que no fue capaz de aprobar una reforma fiscal, y falta esperar el tratamiento que se le da en términos de tasas de interés en el marco de los eurobonos.
¿Qué ha sucedido con las tasas de interés?
-El crédito de los bancos públicos ha crecido presionando las tasas de interés, y así es como auguramos un frenazo a corto plazo, porque en la actualidad se mantiene la incertidumbre sobre el endeudamiento, y eso es algo que la población no ha captado, pero que en algún momento deberá entender que el crédito solamente debe ser utilizado para cubrir gastos necesarios.
Pero esto tendría un efecto en lo productivo
-Si freno todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con vivienda, que es una de las actividades más dinamizadoras de la economía, profundizo la crisis.
¿Cuál es la línea para seguir?
-Se debe empezar a trasladar el soporte de los tributos en renta y no ventas, ese es el camino, al tiempo que las reformas deben hacerse con conciencia tributaria y fiscal, donde el Estado rinda cuentas sobre cómo se gasta lo que se recauda; no se vale que yo siga pagando impuestos altos y siga yéndome en el mismo hueco sobre la carretera durante un año. Además que la economía crezca con aquellos sectores dinámicos que no pagan impuestos y van a seguir sin pagar impuestos; a todas luces esto es injusto. Hay cooperativas grandes que no pagan nada, eso no debe ser, hay que corregirlo, debe haber una conciencia nacional para que ellos contribuyan.
El margen de acción del Gobierno es reducido si quiere solucionar estos problemas.
-Es poco, sí. El ministro tiene que resolver los problemas ya. A lo mejor está preocupado por terminar bien esta administración, y las soluciones que tienen planeadas podrían ayudar pero solo ahora, heredando graves problemas que aún no han sido discutidos. La ministra de finanzas francesa cuando se venía la crisis en Europa decía “todos sabemos que se viene un tsunami y nos preparamos poniéndonos solamente un traje de baño”; bueno, acá viene algo silencioso, grande y nosotros no nos estamos preparando.
Nicaragua decreta "alerta amarilla" por daños en frontera Costa Rica
La vocera oficial, Rosario Murillo, dijo que el presidente Daniel Ortega ordenó declarar "alerta amarilla" en la sureña provincia de Río San Juan y la cuenca de esa vía acuática, ante "la gravedad de los daños" detectados por expertos ecologistas en la zona protegida.
Según el texto de la declaración, la vía de 160 kilómetros que Costa Rica construyó junto a la margen derecha del río perteneciente a Nicaragua, provocó destrucción de suelos, agua y biodiversidad, y alteró la calidad del agua al recibir sedimento degradado, creando turbidez y destruyendo el hábitat acuático y el ecosistema general.
Destacó que la carretera generó cambios en el relieve de la zona, que constituye una reserva de biosfera y refugio de vida silvestre y donde hoy se detectan más de 100 "sitios críticos" (vulnerables) a causa de la erosión, sedimentación e interrupción de corredores biológicos naturales.
"La gravedad del daño provocado es tal, que no existen medidas de mitigación posibles que garanticen el uso funcional de la carretera, sin que afecte los 120 kilómetros de contacto directo con el río", advirtió el documento.
La declaración de "alerta amarilla" permitirá al gobierno de Nicaragua tomar "medidas extraordinarias" en cuanto a administración de desastres, activando los comités de emergencia municipales para prevenir posibles desastres durante la temporada lluviosa que inició este mes.
"Estamos ante una situación de emergencia ambiental crítica, empeorada por las lluvias que han caído y las que están por llegar", resaltó Murillo al leer el informe en las radioemisoras del gobierno.
Nicaragua ha protestado ante Costa Rica por la construcción de la carretera fronteriza, que fue interrumpida hace varias semanas. Según la presidenta Laura Chinchilla, ahora se están investigando irregularidades financieras del personal a cargo de la obra.
Ambos países mantienen además una disputa en torno a la soberanía sobre un pequeño y pantanoso territorio en la frontera común, caso que fue estudiado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Honorable señor don Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Ministro de la Presidencia:
Honorable señor don Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Ministro de la Presidencia: Respetuosos saludos. Ante la consternación, el estupor, la profunda indignación que está generando todo lo que está saliendo a la luz pública sobre el tema de la construcción de la trocha en la frontera con Nicaragua; hemos acudido a comunicarnos con el señor diputado don Luis Fishman Zozinsky, quien nos indicó de que la propia señora Presidenta de la República se comprometió con él a la conformación de una comisión de la más necesaria objetividad política y de altísimo nivel independiente, con miras a establecer la verdad real de todo lo que ocurrió al respecto. Ojala su digna autoridad ministerial y todo su Gobierno entiendan, a plenitud, la profundidad del enojo ciudadano en todo esto. Este grave asunto tiene ya perfil como para convertirse en el más grande escándalo con robo y despilfarro de finanzas públicas jamás visto en la historia republicana costarricense. Hablamos de que las cantidades involucradas son de total magnitud que, bien empleadas, por ejemplo, habrían servido para darle contenido económico al incierto y esfumante manual de puestos para el personal raso de la Fuerza Pública, el personal de base, ese que es el que se lleva los balazos, y que tiene ahorita salarios miserables comparados con lo que están devengando ya los mandos medios y altos del cuerpo policial más grande del país. Esos policías humildes y sencillos dentro de los cuales están los que fueron destinados a enfrentar la situación con la controversia fronteriza con Nicaragua. Todo esto es verdaderamente vergonzo. En tal sentido desde esta agrupación sindical, con toda vehemencia y siempre con el debido respeto, hacemos un llamado para que tal comisión se instale cuanto antes, al haber transcurrido ya una semana del compromiso presidencial al efecto. Con toda consideración,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
En Zona Inalienable del Barva construyen camino ilegal y talan bosque
La Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia denunció ante las autoridades la construcción de un camino y la tala de bosque en un terreno propiedad del Estado.
El abogado José Fco. Alfaro Carvajal, dirigente de la organización, consideró que para hacer la destrucción se necesitaron días, mientras la Municipalidad de San Rafael y el Ministerio del Ambiente (Minaet), “no vieron nada como no pocas veces”.
Dijo que ese hecho lamentable ocurrió en las montañas de Heredia, fuente del agua del 80% de los habitantes del Valle Intermontano Central.
Alfaro denunció que lo peor del caso es que todo ha ocurrido “en la zona inalienable creada por la Ley 65 de 1888”, donde se ha realizado la habilitación de un camino por medio de eliminación de vegetación menor y movimiento de tierra, camino que ha sido por mucho tiempo de uso público.
“La habilitación del camino de uso público se ha realizado con el objetivo de darle acceso a un terraceo que se ha realizado recientemente, también en la zona inalienable, coordenadas 530868 – 226081, para lo cual se ha realizado la eliminación de casi toda la cobertura vegetal, incluso tala de árbol nativo, dejando el suelo con tierra suelta, con la posibilidad de impactar la Quebrada Carballo por efecto de la erosión”, explicó.
Alfaro manifestó que en esa zona de vocación forestal, se podría estar dando un cambio de uso del suelo.
“La zona donde se han realizado las obras denunciadas es de alta vulnerabilidad hidrogeológica, por lo que toda obra constructiva, incluyendo movimientos de tierra, remoción de cobertura vegetal, en caso de que se pudieran llevar a cabo, deben ser de bajo impacto ambiental y contar con viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)”, aseguró el abogado.
Además, recordó que la Sala Constitucional le ordenó al MINAET y a las Municipalidades que tengan jurisdicción en la zona inalienable de la LEY 65 DE 1888, no permitir que se realicen actividades de beneficio privado en esa zona (voto 2088-12109).
A raíz de las ilegalidades, la Asociación demanda se realice la investigación sobre los hechos denunciados; por estar en la zona inalienable creada por la Ley 65 de 1888, se le ordene al responsable de habilitar el camino de uso público, que paralice cualquier actividad e igualmente en el caso del terraceo, movimiento de tierra y apertura de camino en la finca en posesión privada se le ordene al responsable de la finca que no realice más obras.
Igualmente, por encontrarse lo denunciado en una zona inalienable que es de administración del MINAET, se investigue por parte del ACCVC-SINAC quién o quiénes son los responsables directos o indirectos por haberse realizado la habilitación del camino y el terraceo y se interpongan las denunciase correspondientes ante las autoridades judiciales.
El abogado José Fco. Alfaro Carvajal, dirigente de la organización, consideró que para hacer la destrucción se necesitaron días, mientras la Municipalidad de San Rafael y el Ministerio del Ambiente (Minaet), “no vieron nada como no pocas veces”.
Dijo que ese hecho lamentable ocurrió en las montañas de Heredia, fuente del agua del 80% de los habitantes del Valle Intermontano Central.
Alfaro denunció que lo peor del caso es que todo ha ocurrido “en la zona inalienable creada por la Ley 65 de 1888”, donde se ha realizado la habilitación de un camino por medio de eliminación de vegetación menor y movimiento de tierra, camino que ha sido por mucho tiempo de uso público.
“La habilitación del camino de uso público se ha realizado con el objetivo de darle acceso a un terraceo que se ha realizado recientemente, también en la zona inalienable, coordenadas 530868 – 226081, para lo cual se ha realizado la eliminación de casi toda la cobertura vegetal, incluso tala de árbol nativo, dejando el suelo con tierra suelta, con la posibilidad de impactar la Quebrada Carballo por efecto de la erosión”, explicó.
Alfaro manifestó que en esa zona de vocación forestal, se podría estar dando un cambio de uso del suelo.
“La zona donde se han realizado las obras denunciadas es de alta vulnerabilidad hidrogeológica, por lo que toda obra constructiva, incluyendo movimientos de tierra, remoción de cobertura vegetal, en caso de que se pudieran llevar a cabo, deben ser de bajo impacto ambiental y contar con viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)”, aseguró el abogado.
Además, recordó que la Sala Constitucional le ordenó al MINAET y a las Municipalidades que tengan jurisdicción en la zona inalienable de la LEY 65 DE 1888, no permitir que se realicen actividades de beneficio privado en esa zona (voto 2088-12109).
A raíz de las ilegalidades, la Asociación demanda se realice la investigación sobre los hechos denunciados; por estar en la zona inalienable creada por la Ley 65 de 1888, se le ordene al responsable de habilitar el camino de uso público, que paralice cualquier actividad e igualmente en el caso del terraceo, movimiento de tierra y apertura de camino en la finca en posesión privada se le ordene al responsable de la finca que no realice más obras.
Igualmente, por encontrarse lo denunciado en una zona inalienable que es de administración del MINAET, se investigue por parte del ACCVC-SINAC quién o quiénes son los responsables directos o indirectos por haberse realizado la habilitación del camino y el terraceo y se interpongan las denunciase correspondientes ante las autoridades judiciales.
Niegan que comisión maneje trocha fronteriza desde la Casa Presidencial
Mientras la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) acaparan la atención pública desmintiéndose acerca de quién hizo qué con la plata destinada a la trocha fronteriza paralela al río San Juan, ha quedado entre bambalinas la autoridad política superior que ha manejado el proyecto desde la Casa Presidencial.
Sin embargo, el manejo del proyecto y las decisiones han estado en manos de una comisión de alto nivel que se ha reunido en la Casa Presidencial. Se trata de una comisión interinstitucional integrada por los Ministerios de Relaciones Exteriores; Seguridad Pública; Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; y Obras Púbicas y Transportes (MOPT); y en la cual participan también el Instituto Costarricense de Electricidad y la CNE.
Las reuniones las ha presidido ocasionalmente el Vicepresidente Luis Liberman o la propia Presidenta Laura Chinchilla, según fuentes allegadas a la sede gubernamental.
A esas reuniones asistían los ingenieros Manuel Serrano y Franco Ramírez directamente encargados de las obras y contrataciones del proyecto, y el director ejecutivo del CONAVI, Carlos Acosta. De momento, estos han sido los únicos funcionarios suspendidos para investigación, al señalarlos como presuntos responsables de irregularidades con las contrataciones y pagos de las obras de la trocha y caminos de acceso, mientras que por las decisiones tomadas “arriba” no se ha señalado a nadie.
Según Francisco Chacón, Ministro de Comunicación, a la comisión asisten los viceministros de las carteras mencionadas para coordinar el papel que le corresponde a cada una de las instituciones en el proyecto. Como este es un proyecto que implica una serie de decisiones de diferentes órganos, la comisión está conformada entonces por los viceministros, aseguró.
El Ministro negó que la comisión decida los gastos y sumas invertir, pues eso –dijo- corresponde a cada institución o ente encargado de eso.
Respecto de si a las reuniones acudían los ingenieros del CONAVI que ahora están suspendidos y bajo investigación por supuestos manejos indebidos, Chacón respondió que él no estuvo en las reuniones, pero no sería de extrañar que asistieran representantes del CONAVI porque ellos son el ente ejecutor, y necesariamente eran parte de la toma de decisiones en lo que a ellos les correspondía.
A la pregunta de si hay actas de las reuniones, dijo no saber si las hay, pero no necesariamente debía haberlas, puesto que en este caso no se trata del órgano formal establecido, sino que es un mecanismo de coordinación de las funciones que le corresponde a cada de las instituciones de acuerdo con su competencia legal.
Consultada la exviceministra de infraestructura (MOPT), María Lorena López, dijo que ella no tuvo ninguna participación en la comisión interinstitucional. Ahí se llamó a la figura del Ministro, como ministro, y éste al director ejecutivo del CONAVI, institución encargada de la ejecución.
Comentó que era una tema de seguridad nacional que se manejaba muy confidencialmente, y ella desconoce el detalle de quienes conformaron la comisión, pero sí estaban todos los que tenían alguna injerencia en la parte de seguridad y todas las acciones que se debían llevar a cabo frente a la situación con la isla Calero.
Ricardo Benavides, Ministro de la Presidencia, negó que él presidiera la comisión y que esta se ocupara la trocha fronteriza, aspecto en que coincidió también el vicecanciller Carlos Roverssi, quien representa a Relaciones Exteriores en esa instancia. Según ambos funcionarios la instancia funcionó para dar respuesta al conflicto de isla Calero y a los requerimientos por el juicio en el tribunal de La Haya. La trocha es un asunto que vino después y lo manejó CONAVI, puntualizó Roverssi.
Distintas fuentes coinciden en que la vía fronteriza ha sido considerado como materia de seguridad nacional, y fue concebido inicialmente como una propuesta del Ministerio de Seguridad Pública para conectar los puestos de policía en localidades al borde de la frontera con Nicaragua, cuya única vía de comunicación terrestre era la navegación por el río San Juan, perteneciente a Nicaragua.
De ahí que el proyecto ha sido manejado como algo más que la trocha, la cual surge como un subproducto de lo que se ha presentado como la obra estrella del gobierno de Laura Chinchilla.
Entre los participantes en las reuniones de la comisión se cita a Carlos Espinach, influyente empresario que forma parte del círculo de asesores de Chinchilla que no aparecen a la luz pública, y a los que la mandataria ha venido consultando importantes decisiones. Entre ellas, las relacionadas con la baja del ministro de Hacienda, Fernando Herrero, y la destitución del ministro del MOPT, Francisco Jiménez, con el objetivo de desviar la atención de los escándalos de corrupción que presionaban al Gobierno y parar el que se venía en relación con la trocha (ver UNIVERSIDAD del 16 de mayo pasado).
Oficialmente el CONAVI figura como la unidad ejecutora del proyecto fronterizo, tras un acuerdo con la CNE, que proveyó fondos para las obras con base en el decreto de emergencia emitido por el Poder Ejecutivo el 21 de febrero del 2011, para hacer frente a lo que se asumió como una violación de la soberanía nacional por la invasión de tropas nicaragüenses a la fronteriza isla Calero, junto a la desembocadura del río San Juan.
Entre el CONAVI, cuya junta directiva está integrada por ministros y otros altos jerarcas del Gobierno, lo mismo que la CNE (ver recuadros “Junta directiva…”) ha surgido un enfrentamiento por el uso de los fondos del proyecto.
En un comunicado, el CONAVI desmintió a Vanessa Rosales, presidenta de la CNE, quien afirmó que el CONAVI había gastado sin permiso ¢2.500 millones de dichos fondos, por lo que se le exigirían rigurosas explicaciones. En otra declaración aparte, sostuvo que esos recursos se habían utilizado para pagar cuentas atrasadas, a pesar de que la autorización era para hacer obra nueva.
La presidenta de la CNE quiso también descargar en la Contraloría General de República (CGR) responsabilidad por la fiscalización sobre el uso de los recursos, dando a entender que le correspondería al ente contralor tras aprobar el presupuesto para las obras que debía ejecutar el CONAVI.
Ante sus afirmaciones, la CGR se apresuró a enviarle el mismo día una nota aclaratoria recordándole las disposiciones de la Ley general de control en materia de manejo y control de los recursos asignados (ver recuadro “Recordatorio de la Contraloría”).
DESMENTIDO
El plan fue aprobado mediante acuerdo No. 034-02-2012 de la junta directiva de la CNE, y con base en el convenio firmado entre ambas entidades, dichos fondos serían girados contra la reserva de ¢10.000 millones aprobada para el plan de inversión, en una cuenta que sería abierta para el efecto en la caja única del Estado, argumentó CONAVI en un campo pagado publicado el pasado domingo 20 de mayo.
No es cierto –añade- que se tomaron ¢2.500 millones sin permiso de la CNE, pues el CONAVI contaba a su favor con los ¢9.998.680.436,00, los cuales fueron efectivamente aprobados, liberados y trasladados por la CNE, y con vista en la cláusula cuarta del citado acuerdo no se requerían aprobaciones adicionales para disponer de los recursos. El CONAVI rechaza en “forma categórica” las manifestaciones de la señora Rosales, en el entendido que en ningún momento ha dispuesto recursos que no le corresponden para la atención de la emergencia suscitada en el sector fronterizo norte del país.
La polémica surge tras las denuncias por corrupción en el CONAVI, las cuales causaron la caída del Ministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez, en lo que posteriormente derivaría en nuevo escándalo por supuestos despilfarros, costos ficticios y dádivas a funcionarios encargados de dirigir las obras.
En esta primera etapa del proyecto se habrían gastado cerca de ¢30.000 millones, más del triple del costo real de los trabajos realizados.
Tres funcionarios del CONAVI fueron suspendidos y el Ministerio Público realiza una investigación.
Entre ellos se incluye Carlos Acosta, que era director ejecutivo de CONAVI, y asistía a la comisión en representación del ministro Jiménez.
Para el diputado Walter Céspedes, está claro que en esta construcción ha habido despilfarro y desprotección de los bienes públicos. Lo que le está diciendo la CGR a la CNE es que no podía mediante un convenio trasladarle al CONAVI, como unidad ejecutora, competencias y responsabilidades de fiscalización que le asigna la ley para el cuido de los fondos.
Como ejemplo del mal manejo de los recursos y del proyecto, citó que la CNE ha cambiado tres veces el reglamento para las contrataciones de estas obras. En setiembre pasado emitió el primer reglamento, en noviembre lo modificó y en marzo pasado sacó el tercero en sustitución de los otros dos, denominado “Reglamento específico para los procesos de compra y contratación al amparo de los mecanismos de excepción por declaratoria de emergencia bajo el decreto Nº 33440.”
A raíz de las denuncias por los malos manejos de proyecto, la directiva del CONAVI acordó en marzo pasado paralizar las obras, a propuesta de la entonces viceministra del MOPT María Lorena López. Luego se acordó reanudarlas y el ministro interino Luis Llach anunció que se movilizará maquinaria del MOPT para darles mantenimiento a los trabajos realizados y evitar que se deterioren con las lluvias.
La declaratoria de emergencia que dio pie a la construcción de la carretera, emitida el 21 de febrero del 2011, autoriza al Poder Ejecutivo, las instituciones públicas, entidades autónomas y semiautónomas, empresas del Estado, municipalidades, así como cualquier otro ente u órgano público a dar aportes, donaciones, transferencias y prestar la ayuda y colaboración necesaria a la CNE para estas obras.
CHIVO ESPIATORIO
Allí se habría decidido la estocada a Jiménez, quien ya arrastraba fricciones por diversos conflictos en el Gobierno.
A Jiménez se le pidió la renuncia y él aceptó presentarla, pero antes de que lo hiciera la presidenta adelantó el anuncio de su destitución en Casa Presidencial.
“Es totalmente falso”, dijo Chacón cuando se le preguntó si así había ocurrido.
“La decisión la tomó la señora Presidenta el mismo viernes, después de revisar todos los antecedentes del caso”, aseguró.
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