viernes, 17 de octubre de 2008

Diputados presentaron a Sala Constitucional consulta de proyecto "escoba"


escoba_2

Ilustración

A raíz de la aprobación en primer debate del proyecto "escoba" de la agenda de implementación del TLC, y la serie de inconstitucionalidades e inconsistencias que presenta tanto el proyecto como su trámite, los diputados del Partido Acción Ciudadana, Frente Amplio y Accesibilidad sin Exclusión llevaron el proyecto a consulta a la Sala Constitucional.

Ignorando la petición de la Sala IV, ignorando a los pueblos indígenas, manipulando a la opinión pública con campañas mediáticas, y reformando La Ley de Biodiversidad a gusto, los diputados del Partido Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana lograron aprobar en primer debate el proyecto "escoba", violentando la institucionalidad costarricense con tal de aprobar un tratado de libre comercio.



Gobierno de Costa Rica contra la pared por TLC con EEUU

SAN JOSE (AFP) — La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) de Costa Rica con Estados Unidos sigue siendo una incógnita para el gobierno del presidente Oscar Arias, tras un referendo ganado en octubre de 2007 y más de cuatro años de batalla a muerte con los detractores del acuerdo.

La decisión del Partido Acción Ciudadana (PAC), el principal de oposición, de hacer una consulta sobre la constitucionalidad de la última de las "leyes complementarias" del TLC que debe aprobar el Congreso, echaría por tierra la aspiración de Arias de concluir este largo episodio antes de las elecciones del 4 de noviembre en Estados Unidos.

El líder del PAC, Ottón Solís, puso al gobierno contra la pared esta semana al reclamar la eliminación de dos artículos del proyecto de ley -sobre reformas a las normas de propiedad intelectual-, como condición para que sus diputados no planteen la consulta a la Sala Constitucional (o Cuarta Sala) de la Corte Suprema, lo que dilataría su aprobación.

El gobierno rechazó la propuesta de la oposición y el proyecto fue aprobado en primer debate legislativo la noche del jueves, pero será llevado a la Sala Constitucional este viernes en la tarde, dijo a la AFP el jefe de fracción del PAC en el Congreso, Francisco Molina.

De acuerdo con las leyes, la Cuarta Sala debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley luego del primer debate legislativo -y antes del segundo y final- cuando lo solicitan al menos diez de los 57 diputados.

Ese tribunal ya había dictaminado sobre el proyecto, habiendo encontrado un vicio por no habérsele consultado a las comunidades indígenas, de acuerdo con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del que Costa Rica es signataria.

Esto obligó a Arias a pedir a Estados Unidos una segunda ampliación del plazo -que vencía el 30 de setiembre- para aprobar las leyes complementarias.

El nuevo plazo vence el 30 de diciembre, pero Arias se había impuesto la meta de culminar el proceso antes de las elecciones en Estados Unidos, en las que parece probable un triunfo del demócrata Barack Obama, quien ha criticado aspectos del TLC firmado con Centroamérica, como el enfoque del medio ambiente y las normas laborales.

Para cumplir con el plazo, el gobierno de Arias optó por eliminar el artículo cuestionado por la Corte, a fin de evitar la consulta a las comunidades indígenas (que consumiría casi un año), y el Congreso empezó un nuevo trámite legislativo abreviado.

El planteamiento del PAC de que se revise la constitucionalidad de la ley de propiedad intelectual produjo una indignada reacción del ministro de la Presidencia y hermano del mandatario, Rodrigo Arias.

"Una vez más el PAC manda un mensaje negativo a Costa Rica, un mensaje de boicot, de impedir que el TLC entre en vigencia lo antes posible", dijo el ministro Arias en una conferencia de prensa.

"Llevamos cuatro años y cinco meses desde que se firmó el Tratado y ya es hora de cerrar este tema, máxime si se considera que están en peligro miles de empleos de costarricenses", aseguró.

La lucha por el TLC ha costado al presidente Arias dos años y medio de su mandato (de un total de cuatro), en que la mayoría de los proyectos de desarrollo económico y social han sido pospuestos.

Además, el proceso ha producido gran desgaste a su gestión, que incluye la separación del cargo de su segundo vicepresidente, Kevin Casas, y una acentuada pérdida de popularidad en las encuestas, aunque logró aprobar el tratado por estrecho margen en un referéndum el 7 de octubre de 2007.

El TLC con Estados Unidos lo suscribieron Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana y en estos países ya se encuentra vigente.