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sábado, 11 de febrero de 2012

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Desde Panamá siguen llegando las noticias del heroico conflicto y resistencia que han presentado los pueblos indígenas a los planes de saqueo, recolonización y depredación de los grandes capitales de las industrias extractivas imperialistas en ese país. El Gobierno de Martinelli que apuntala a esos capitales no ha escatimado la represión brutal tras esos propósitos

Desde Panamá siguen llegando las noticias del heroico conflicto y resistencia que han presentado los pueblos indígenas a los planes de saqueo, recolonización y depredación de los grandes capitales de las industrias extractivas imperialistas en ese país. El Gobierno de Martinelli que apuntala a esos capitales no ha escatimado la represión brutal tras esos propósitos. Paralelo a ello y en atención a la gran demanda de recursos energéticos que requieren las grandes industrias, se impulsan proyectos de construcción de grandes represas hidroeléctricas que por sí mismas también conllevan irreparables atropellos al medio ambiente y a los derechos territoriales, económicos, sociales, históricos y culturales de esas comunidades. Es notorio pues, que esta estrategia de implantación de grandes proyectos mineros e hidroeléctricos a expensas de los derechos y la autonomía de pueblos indígenas y no indígenas, se ha convertido en receta común de cuanto régimen o gobierno de signo derechista o progre-izquierdista tenemos en América Latina. El caso en comentario de Panamá con Martinelli es elocuente. Pero no lo son menos los casos de los pueblos mapuches y la Hidroaysen en Chile bajo el gobierno de Piñera, de las regiones de Cajamarca en Perú bajo el gobierno de Ollanta Humala, ni qué decir la prolongada resistencia de los pueblos amazónicos bajo los gobiernos Lula-Dilma, del entreguismo a los grandes capitales de la minería a cielo abierto bajo el gobierno del exguerrillero Pepe Mujica en Uruguay, o -ni más ni menos- que el caso de los pueblos indígenas del Tipnis en Bolivia bajo el gobierno de su “hermano” Evo Morales. 

Acá en Costa Rica no es distinto. La voracidad capitalista de estos consorcios de las industrias hidro-extractivas se ha expresado en grandes proyectos mineros, hidroeléctricos y de exploración y explotación petrolera, mismos que hasta el momento no han prosperado tanto en razón de la resistencia histórica de las comunidades y los movimientos sociales, como de las aberraciones y contradicciones del régimen en su ordenamiento jurídico administrativo-ambiental, que ha hecho aflorar por cierto toda la corrupción que suelen conllevar esas iniciativas. Es decir, una combinación de la lucha en las calles y en los mismos antros judiciales del sistema, ha dado al traste momentáneamente a todos estos planes de recolonización y depredación. Tales han sido los casos de los planes petroleros en las zonas costeras e indígenas de la Provincia de Limón y que hoy precisamente se pretenden revivir en esa y otras regiones del país, o aquel caso de la represa de Boruca en los territorios de esa comunidad indígena y que hoy también se intenta revivir con el megaproyecto hidroeléctrico del Diquís que toca territorios indígenas y no indígenas en la misma Zona Sur del país, el caso del trágico proyecto minero de Bellavista en Puntarenas y que hoy también se pretende abrir paso bajo el alero del Gobierno de Laura Chinchilla, y qué decir del más reciente y emblemático caso de Crucitas derrotado luego de una larga resistencia de más de 18 años pese a contar con todo el apoyo y la corrupción de los últimos gobiernos de Oscar Arias y Laura Chinchilla.

Como se ve, en este punto no hay mayores diferencias en cuanto al fondo de la estrategia recolonizadora y depredadora del Capital y las grandes transnacionales de la industria eléctrica y extractiva hoy en Panamá, con el resto de América Latina y con el caso de Costa Rica en particular. Los planes imperialistas son idénticos desde en el discurso respecto al “desarrollo” hasta el miedo y el chantaje respecto a “las demandas energéticas”.

Por otro lado, hoy todos los sectores políticos de la izquierda “progre” y de los movimientos sociales, ambientalistas e indigenistas de carácter progresista en Costa Rica, nos manifestamos en justa solidaridad con los pueblos gnobes de Panamá que hoy resisten heroica y ejemplarmente el brutal vasallaje y atropello a sus derechos por parte de un gobierno y un régimen abiertamente neoliberal, derechista y testaferro de las grandes transnacionales. Mas debe abandonarse esa doble moral que impide hacer lo mismo con aquellos otros pueblos avasallados por regímenes y gobiernos supuestamente “progre-socialistas” de América Latina, no menos testaferros de las grandes transnacionales hidro-extractivas que el de Martinelli.      

Las disputas por asuntos limítrofes siguen agrietando las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, dos países vecinos, sin que se vislumbre una salida por la vía del diálogo a las diferencias.



Desde noviembre del 2010, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, se ha convertido en el "paño de lágrimas" de ambos Estados, al presentar sendas demandas relacionadas con cuestiones vinculadas a diferencias en temas de límites.

Pese a la existencia de las demandas en la CIJ, la guerra verbal entre San José y Managua prosigue, con declaraciones y contradeclaraciones, que en vez de apaciguar los ánimos, más bien tienden a caldearlos.

Las relaciones entre las dos naciones se encuentran en el más bajo nivel de los últimos 30 años, luego de que Costa Rica acusara a la vecina de invadir, en octubre del 2010, una pequeña porción de su territorio, Isla Calero-Los Portillos, ubicada en la margen derecha del río San Juan.

Este río, cuya cuenca es considerada por expertos como un gran pulmón ambiental de Centroamérica, ha sido escenario, durante más de 150 años de disputas entre los dos países, todas relacionadas con la demarcación fronteriza.

El San Juan pertenece a Nicaragua, pero Costa Rica adquirió libre derecho de navegación perpetua con fines de comercio, al amparo de los tratados Cañas-Jérez, de 1858.

Costa Rica demandó a Nicaragua en noviembre del 2010 ante la Haya, tras acusarla de haber usurpado la pequeña porción fronteriza, de unos dos kilómetros cuadrados, y de construir un canal artificial para desviar las aguas del río.

En esa ocasión, el gobierno de San José responsabilizó a Managua de causar un grave daño ambiental en el sector, donde existe un humedal de interés internacional (RAMSAR).

En marzo pasado, la CIJ ordenó a las partes el retiro de personal civil y militar de la zona en disputa, que ahora ambos países reclaman como suya, mientras se conoce el fondo de la querella costarricense.

Si bien los dos países dirimen en la instancia su diferendo, los roces prosiguieron desde entonces.

Costa Rica ha acusado a Managua de enviar personal civil, de la juventud sandinista, a la zona en disputa, en presunta desobediencia de la orden de la CIJ.

Los ánimos se recalentaron a mediados del año pasado, luego de que el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla decidió ordenar, bajo un decreto de emergencia, la construcción de una carretera fronteriza, de 160 kilómetros, gran parte de la cual corre paralela al San Juan.

La reacción de Managua no se hizo esperar, y acusó su vecina de cometer un "crimen contra la naturaleza", elevado también el caso a la Corte de la Haya.

Para agudizar más la tensión, la Corte Centroamericana de Justicia, un organismo regional cuya jurisdicción no es reconocida por Costa Rica, y cuya sede está en Managua, ordenó a mediados de enero a San José suspender las obras en la margen derecha del San Juan.

El canciller Enrique Castillo emprendió en los últimas dos semanas una ofensiva a nivel de los países del istmo para quejarse de la actitud de la Corte Regional y tratar de neutralizar las presuntas intenciones de Nicaragua de "centroamericanizar" el diferendo.

En los dos últimos días, los intercambios verbales volvieron a suscitarse, con denuncias del ex comandante Edén Pastora, encargado por Nicaragua de dragar el San Juan, proyecto que incubó las primeras diferencias.

Pastora acusó a Costa Rica de cometer "ecocidio" en la cuenca binacional y anunció que Managua no ha descartado la posibilidad de construir un canal interoceánico utilizando el río para ello.

La respuesta de la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, fue inmediata, al descalificar a Pastora, al igual que lo hizo el ministro del Ambiente René Castro.

Es la tercera vez en menos de tres años, que ambos países se ven las caras en la Corte de la Haya por sus diferencias en torno a asuntos limítrofes.

Mientras tanto, el resto de Centroamérica parece mantenerse ajena a las disputas, y dejando que sea la CIJ la que las resuelva. "Se trata de un diferendo tan pequeño, que a casi nadie le importa en el exterior", dijo a dpa un analista político costarricense.