1.- La legítima restitución de José Manuel Zelaya Rosales en la Presidencia de la República, cargo en que permanecerá hasta el fin del período constitucional por el cual fue electo, y que concluye el 27 de enero del próximo año, fecha en que entregará el poder al candidato designado libre y democráticamente por el pueblo, en elecciones supervisadas y reconocidas por la comunidad internacional.
2.- La conformación de un gobierno de unidad y reconciliación nacional, compuesto por representantes de los principales partidos políticos.
3.- La declaración de una amnistía general exclusivamente para todos los delitos políticos cometidos con ocasión de este conflicto, antes y después del 28 de junio pasado.
4.- La renuncia expresa del presidente Zelaya, y de su gobierno, de la pretensión de colocar una “cuarta urna” en las próximas elecciones, o realizar cualquier consulta popular no autorizada expresamente por la Constitución de la República de Honduras
5.- El adelantamiento de las elecciones nacionales del 29 de noviembre al último domingo de octubre, y el adelantamiento de la campaña electoral de los primeros días de septiembre a los primeros días de agosto.
6.- El traslado del comando de las fuerzas armadas del poder ejecutivo al Tribunal Supremo Electoral, un mes antes de las elecciones, para efectos de garantizar la transparencia y normalidad del sufragio, conforme con los términos de la Constitución de la República de Honduras.
7.- La integración de una comisión de verificación compuesta por hondureños notables y miembros de organismos internacionales, en especial por representantes de la Organización de Estados Americanos, que vigile el cumplimiento de estos acuerdos y supervise el correcto retorno al orden constitucional.
