Caja en quiebra… morosos campantes
Estado no paga atención médica de personas que no cotizan
La catástrofe de la Caja se origina en el monto que deben sus contribuyentes, que está llegando a un hito no muy deseado del equivalente de casi $1 mil millones.
La mayor parte de la deuda proviene del sector público, la que desde 2008 a abril de este año asciende a cerca de $840 millones, o sea ¢423 mil millones.Para recuperar los dineros, la entidad aplica distintos mecanismos, entre ellos la suscripción de convenios con el Ministerio de Hacienda, adecuación de pagos, y aplicar medidas administrativas antes de proceder al cobro judicial.
Sin embargo, la baja recaudación impositiva, producto de la desaceleración económica del periodo 2009-2010, implica que el Gobierno no cuente con los recursos para cancelar sus obligaciones.
Con esa brecha entre las necesidades y los recursos limitados, diariamente lidian los jerarcas de la institución que debe velar por la seguridad social.
En la acera de las dolencias, cerca de 60 mil personas hacen fila para cirugía, unos 150 mil pacientes esperan un ultrasonido y unos 100 mil hacen antesala en consulta externa.
A esta situación las autoridades de la Caja deben hacerle frente con un 84% de la infraestructura hospitalaria en mal estado por el deterioro de las paredes, por filtraciones de aguas negras, ventilación en pésimo estado, o de áreas cerradas, como es el caso de los quirófanos en el San Juan de Dios, o la falta de
camas en el Calderón Guardia, más un faltante de casi mil especialistas a nivel nacional.Además, está la carga impuesta por 760 órdenes sanitarias giradas por el Ministerio de Salud contra las distintas unidades de atención.
Esta acumulación de problemas cada vez crece más, y se alimenta de varios factores, entre ellos la insuficiencia en la gestión, falta de recursos y un aumento en la población.
De la suma adeudada sobresale la del Estado por ¢423 mil millones ante todo por desinteresarse del pago de su obligación con los indigentes, inmigrantes, niños y adolescentes de padres cesantes o por la transferencia de empleados del Ministerio de Salud a la Caja.
Eso a pesar de que la Caja desde 2003 ha venido estableciendo convenios con Hacienda para recuperar parte de los recursos.
A esto se agregan ¢3.900 millones adeudados por los ministerios al no pagar la cuota obrero patronal, monto sobre el que también se firmó un convenio en abril de este año y que debe entrar en ejecución este mes.
Mientras, los patronos privados por concepto de esa misma cuota deben poco más de ¢27.883 millones.
El Departamento de Cobro, con el propósito de recuperar esa suma, tiene en cobro judicial al 83% de los que deben la cuota obrero patronal.
Parte de ella se origina en la llamada cuota obrera, que paga el trabajador pero que el patrono no traslada, lo que constituye un caso penal.
A fin de que las deudas más recientes no se añejen y corran la suerte de ir a la esfera judicial, los encargados de gestionar el cobro han girado instrucciones a todas las sucursales del país.
Ante la crisis se han propuesto metas de recuperación más rigurosas, pero con niveles de flexibilidad para quienes llegan a un acuerdo de pago, dijo Luis Calderón, director de cobro de la Caja.
Gabriela Masís
gmasis@larepublica.net
