Albino Vargas Barrantes / ANEP
28 de noviembre, 2018.
Parece que el escenario fue elaborado hasta el último detalle. Una especie de orquestación político-mediática se desarrolló en la tarde-noche del pasado viernes 23 de noviembre, cuando la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio a conocer su fallo acerca de las tres consultas de constitucionalidad que fueran sometidas a su conocimiento, con relación al detestado proyecto de ley-expediente legislativo No. 20.580, oficialmente denominado Ley del Equilibrio de las Finanzas Públicas, al que el pueblo denominó como combo fiscal.
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Todo estaba fríamente calculado. No más empezaba la tarde, las matrices mediáticas afines a la tríada gobiernista PLUS-PAC instalaban sus unidades móviles y cuerpo periodístico en Zapote y en Calle Morenos. Al resto de la prensa decente no le quedó más remedio que sumarse a la parafernalia montada.
Las horas fueron pasando y la expectativa inducida crecía a más no poder, con el desbordamiento en las redes sociales de las especulaciones sobre el contenido de dicho fallo constitucional; la mayoría de las cuales, si bien apuntaban a un “triunfo” de la tríada gobiernista, albergaban la esperanza de que la independencia de poderes, finalmente, se materializaría en una decisión de 38 votos para el segundo debate del combo fiscal.
Ingenuidad civil al máximo. La nobleza de un pueblo de fuertes convicciones democráticas pero que, reiteradamente, viene siendo estafado en cada contienda electoral cuatrienal, todavía apostó a la transparencia de la institucionalidad republicana que sostiene al sistema democrático.
El escenario montado mostró, para que nadie se llame a engaño, los alcances del real poder. No más terminando el presidente interino de la Sala Constitucional de dar el fallo, cuya naturaleza política quedó más que evidente… cuando entonces, ahora damos el pase a Casa Presidencial, con Alvarado al frente mostrando su satisfacción, ya en público, puesto que en privado lo había celebrado porque resultó más que obvio que conocía de ese fallo de antemano. Compadre hablado, según decir del pueblo.
La constatación abierta de que en las elecciones presidenciales (y también en las diputadiles), se vota pero no se elige, quedó retratada de cuerpo entero, con la parafernalia montada para que el pueblo se enterara, una vez más, que la Constitución Política puede acomodarse al interés de clase de la hegemonía impuesta a la gente; aunque esta se exprese en línea contraria y en forma abiertamente pacífica, vía Democracia de la Calle, en multitudinarias manifestaciones que expresan un sentir popular adverso a la ruta de la exclusión y de la desigualdad que nos fue impuesta y que la Sala Cuarta avaló.
Sin duda alguna, este fallo de la Sala IV es político. ¿Cuál no? Tan político como el que impuso la reelección presidencial para que Óscar Arias Sánchez fuera presidente, de nuevo. Tan político como el que facilitó la implementación de las leyes del TLC con Estados Unidos. Tan político como el que…, etc., etc., etc.
Según los estudiosos de las ciencias políticas, el problema es de hegemonía, de quién tiene la sartén por el mango, para decirlo en términos populares. La construcción de la hegemonía alternativa a la de ellos sigue pendiente, aunque nos echemos estos pulsos tan fuertes entre los dos frentes en pugna permanente: el pueblo, por un lado; por el otro, el capital con su latifundismo mediático y la peonada política que le sirve.
Note usted que ellos se imponen haciendo triquiñuelas, torciendo la institucionalidad, haciendo trampas políticas, comprando conciencias. Nosotros, los y las de abajo, jugamos transparentemente, apelamos a la Democracia de la Calle, más legítima que la formal-electoral que ellos siempre viven torciendo y retorciendo; esa que, repetimos, nos pone a votar, pero no a elegir.
El reto cívico-popular sigue siendo el mismo, pero más urgente que nunca: construir para elegir realmente, vía la concreción material de la propia hegemonía popular, cuyas voluntades están por todo lado, muy deseosas de esa articulación estratégica pendiente que muestra un potencial arrollador si las principales personas y entidades con incidencia en ello, así lo decidieran.
