La propia Auditoría Interna del ICE cuestionó la razonabilidad de los honorarios que ese Instituto y Jasec acordaron pagarle a la empresa Consultores en Infraestructura GIP, durante 16 años, por desempeñarse como la unidad ejecutora del proyecto hidroeléctrico Toro III, construido por ambas empresas públicas en Venecia de San Carlos.
Ese no fue el único cuestionamiento a la contratación que se extenderá del 2012 al 2028. La Auditoría también dudó de que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) cumplieran con los principios de contratación administrativa al entregarle a dedo el trato de unos $6 millones (¢3.360 millones) a GIP.
Así lo advirtió en un informe emitido desde setiembre del 2012, el mismo año en que la alianza ICE-Jasec ordenó al Banco de Costa Rica (BCR), en su papel de administrador del fideicomiso bancario que financió Toro III, contratar a la compañía sin dar oportunidad a otras empresas.
GIP hoy está en la mira de los diputados. Ellos denunciaron ante la Procuraduría de la Ética que esta firma, fundada en el 2005 por la actual directora jurídica del ICE, Julieta Bejarano, y otros exfuncionarios del Instituto, recibió contrataciones directas por $17,6 millones en el sector público de energía, del 2006 al 2012 .
Bejarano dejó el ICE en el 2004 luego de 32 años de labor acogiéndose a una movilidad laboral. Regresó a la institución en el 2010. Alega haber vendido su participación en GIP y niega haber incidido en los contratos otorgados.
Los diputados pidieron a la Contraloría General de la República esclarecer, mediante una auditoría financiera y contable, si se pagó un sobreprecio por los equipos y si, además, esto se realizó con autorización de la propia Contraloría.
Los sindicalistas pidieron a los diputados abstenerse de “politizar” su investigación, invitándolos a enfocarse en las actuaciones de los involucrados directos en la planificación, diseño y control de Toro III.
El Frente recordó a los congresistas los cuestionamientos “éticos y legales” contra Carlos Obregón Quesada, actual presidente ejecutivo del ICE y Julieta Bejarano, directora jurídica y secretaria ejecutiva del Consejo Directivo del Grupo ICE.
La propia Auditoría Interna del Instituto cuestionó la razonabilidad de los honorarios que el ICE y Jasec acordaron pagar a la empresa Consultores en Infraestructura GIP, durante 16 años, por sus labores como la unidad ejecutora de este proyecto hidroeléctrico.
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