LA VOZ DEL PUEBLO PROGRAMA QUE SE TRANSMITE EN COSTA RICA. ESCUCHELO EN RADIO GIGANTE 800 AM. DE LUNES A VIERNES DE 10 AM A 12 MD. DIRECTOR WALTER EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS TELEFONOS: 22442727 - 87151515
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Lo bueno es que en LA VOZ DEL PUEBLO de de hoy miércoles, quedó con las 4 letras al v iento el Dr. Walter Muñoz. Síi, el del PIN. La franqueza, coraje y profesionalismo del conductor del programa, Walter Rodríguez, así como la valentía y tozudez del Sr. Roberto Mora, el héroe de la CCSS (sin ser funcionario) quisieron que Muñoz contestara unas preguntas concretas sobre un posible referéndum para "salvar" la Caja. El asunto es que el Sr. Mora le ha dirigido varias notas con consultas sobre temas de interés para los costarricenses, sin que Muñoz quiera contestar. Pero cuando se le llamó en medio programa, el hombre (Muñoz) respondió mediante una carta al Sr. Mora en la que lo insulta de la manera más infantil, irrespetuosa y vulgar que se pudiera dar. Muñoz, que como Diputado no logró ni la millonésima parte de lo que ha logrado el Sr. R. Mora como simple ciudadano, se atreve a insultar a este último y a proyectar en él sus ansias de poder. ¡Hay Sr. Muñoz, que falta de categoría la suya. Usted no le llega a los tobillos a don Roberto Mora.!!!!
Rosa Maria MoralesYA NO ME INSPIRA CONFIANZA WALTER MUÑOZ NI SU REFERÉNDUM... FELICITACIONES A WÁLTER rODRÍGUEZ POR SU PROGRAMA Y LA FORMA DE HACERLO, Y BENDIONES... MIL BENDICIONES A DON ROBERTO MORA...
Una denuncia presentada anoche por canal 7, señala al Vicepresidente Luis Liberman como uno de los supuestos responsables de girar las órdenes para que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) abriera un camino sobre una zona protegida. Sin embargo, Liberman dijo desconocer tanto los trabajos que realiza el Conavi como los detalles del mismo y aseguró no tener ninguna relación con el proyecto de la Ruta 1856.
“No sé de qué me está hablando. Conavi es el que está a cargo de la obra, es el que está a cargo del proceso. Es él (Conavi) que sabe de esas cosas, hay que preguntarle al Conavi; yo no sé que es lo que están haciendo. Ni siquiera sé de cuál zona protegida me está hablando”, dijo el vicepresidente.
El camino al cual hace referencia Telenoticias y que el Vicepresidente dijo desconocer está ubicado dentro del Humedal Caribe. La denuncia planteada por el periodista Greyvin Moya señala que maquinaria del Conavi ingresó a lo largo de tres kilómetros, por órdenes de Liberman, para hacer un camino cuya longitud total sería de aproximadamente siete kilómetros. Ese paso comunicaría la trocha fronteriza con el sector de Caño Negro, pero bordeando el Río Colorado y no el San Juan.
“Eso es absolutamente falso. Yo nunca di una orden para que la carretera ingresara hasta esa zona. Sí recuerdo que en uno de los recorridos se me acercaron unos habitantes, y me preguntaron si la carretera los iba a beneficiar. Yo pregunté si la trocha iba a entrar ahí, y cuando me dijeron que no, pregunté ¿por qué no?” afirmó el Vicepresidente. “Se trata de un proyecto estratégico que se hizo de emergencia, y que tenía como principal objetivo el establecer una vía de comunicación entre los pueblos de esa zona, y que les llegaran la electricidad y las comunicaciones, y por supuesto, que se permitiera el ingreso de las autoridades ante eventuales amenazas. Pero nunca pretendimos dejar de cuidar aquello que se tenga que proteger por pertenecer a nuestro patrimonio natural”, expresó Liberman.
El Vicepresidente además llamó la atención a los medios de comunicación porque, según él, “están perdiendo el objetivo principal de la construcción de la trocha”.
El Vicepresidente de la República, Luis Liberman Ginsburg y el Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) Carlos Acosta Monge participaron hace algunos meses de una competencia de ciclismo en la Ruta 1856 Foto: conavi
Según información publicada por Telenoticias anoche, los trabajos se suspendieron tras una denuncia del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), cuando en octubre del año pasado se recolectó la evidencia de los trabajos que se llevaron a cabo en ese momento.
Por su parte, el MINAE confirmó que le sigue la pista a varias denuncias interpuestas por supuestas irregularidades que están fuera del Plan General de Emergencias por la construcción de la trocha fronteriza. Así lo señaló la Viceministra de Ambiente, Ana Lorena Guevara, quien afirmó tener conocimiento de varias denuncias, sustentadas en la desviación de trabajos que no estuvieron dentro de este plan.
“Cuando se detectaban obras que no estaban dentro del plan, las denuncias del MINAE sí se establecían; en este caso en particular le correspondía establecer la denuncia al área de conservación Huetar Norte, igual se presentaron denuncias de otras áreas porque ahí hay tres áreas de conservación involucradas en el desarrollo de los trabajos”, comentó la viceministra.
El impacto ambiental que dejó la maquinaria fue evidenciado anoche en las tomas y fotos que muestran árboles talados, huellas de tractores en medio de la vegetación y claros rodeados de bosque y vegetación.
De acuerdo con dicha información, tanto funcionarios de CONAVI (Alexánder Mesén) como habitantes del lugar habrían afirmado que la construcción de la vía, que originalmente iba aser de 7 kilómetros, fue ordenada por el vicepresidente Luis Liberman, y que debido a esa orden procedieron a accesar al humedal.
Liberman asegura no saber nada al respecto y dijo que desconoce si lo que afirmaron los entrevistados por el telenoticiero se basa en una mala interpretación de sus palabras o si tiene otras intenciones, pero reiteró que nunca ordenó la ampliación de la trocha. “Es más, desconocía que la carretera tuviese 3 kilómetros adicionales”, expresó.
Otras reacciones Por su parte, el Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, explicó que en el tema de la trocha fronteriza, efectivamente existió una comisión sobre el seguimiento a las resoluciones de La Haya, conocida también como la “comisión de alto nivel”. En ella participaban miembros del Ministerio de Seguridad, Comisión Nacional de Emergencias, del Instituto Costarricense de Electricidad, y siempre, de Cancillería, debido a que el tema tenía que ver con ese ente internacional.
“Yo participé en un par de reuniones porque tenía a cargo los temas de la instalación de la primera torre de vigilancia, y de una estación biológica, y fui testigo de los intercambios de criterios que se dieron en esas reuniones”, afirmó Benavides.
El Ministro de la Presidencia afirmó que el Ministerio de Seguridad tenía el criterio de que, ante una eventual evacuación de la población civil por un posible ataque de tropas extranjeras, todos los poblados cercanos deberían conectarse, mediante ramales, a la ruta 1856.
“Recuerdo que en una ocasión, el MINAE detuvo una maquinaria que trabajaba ampliando un trillo ya existente, debido a que sus técnicos afirmaron que podía existir un impacto ambiental negativo. Ese ramal quedó ahí. La obra se detuvo”, expresó el ministro.
Benavides concluyó diciendo que todas las decisiones sobre la construcción de la vía y la ampliación de ramales fueron tomadas por CONAVI, y que el único que mandaba a CONAVI era el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, cuyo jerarca fue separado por la Presidenta de la República ante denuncias de irregularidades.
Entre los miembros de esta comisión de alto nivel se encontraban Wálter Navarro, Mauricio Boraschi, Ana Lorena Guevara, Carlos Roverssi, Vanessa Rosaes y otros miembros de diferentes entidades, cuyos nombres aparecieron en la lista publicada ayer por Telenoticias. Colaboró con esta nota la periodista Yariela Novo
“Se nos ha hecho recordar (en especial por boca de Fishman) que en los tiempos del bipartidismo sí había gobernabilidad y se tomaban decisiones” puntualiza el analista.
Ese es un detalle particularmente llamativo del mencionado pacto, según se ha expresado en los discursos desde los cuales ha sido justificado. Se nos ha hecho recordar (en especial por boca de Fishman) que en los tiempos del bipartidismo sí había gobernabilidad y se tomaban decisiones para resolver los problemas del país. En contraposición se afirma que los días que corren son tiempos de “ingobernabilidad”; de disenso y fragmentación.
Hay aquí un serio problema en la forma como esta gente se representa la realidad a su alrededor. Quieren imaginar (o hacer creer) que la conflictiva Costa Rica actual surgió como de la nada o, si acaso, es fruto de la malignidad de gente díscola y malintencionada que les dio por crear multitud de partidos y diversas organizaciones sociales por el solo capricho de dificultar la “gobernabilidad” del país. La verdad es que, en rigor, esta Costa Rica plagada de problemas es, en medida considerable, el fruto maduro –a punto del desplome estrepitoso- del largo reinado bipartidista y su recetario neoliberal.
Hagamos un poquitín de memoria: el bipartidismo tiene su nacimiento a partir de ciertos acuerdos, en los primeros años ochentas, entre el entonces presidente Luis Alberto Monge y el señor Calderón Fournier, líder de la naciente agrupación política llamada Unidad. Ello sentó las bases del esquema partidista bicéfalo que rápidamente se consolidó en los siguientes años.
Si incluimos la administración Monge Álvarez (en que ya se empezó a operar efectivamente ese mecanismo) hubo cinco períodos gubernamentales de signo nítidamente bipartidista: Monge, Arias, Calderón, Figueres Olsen y Rodríguez. El esquema sufre una primera ruptura significativa durante el gobierno de Abel Pacheco (2002-2006) con la emergencia del PAC como una tercera fuerza de relativo peso.
Vinieron los escándalos de corrupción que salieron a la luz pública durante este último período gubernativo, y en los cuales, como sabemos, aparecían implicados -junto a otros caraduras de menor entidad- dos expresidentes salidos del Partido Unidad. Este quedó literalmente devastado. Es igualmente conocido que ello favoreció momentáneamente al PAC. En conjunto con otros factores -particularmente la presencia de dos elementos polarizantes: OAS como candidato liberacionista y el TLC- se configuró una coyuntura que pudo haber llevado al PAC al gobierno. Al cabo, fue una posibilidad desperdiciada por la falta de olfato político y el déficit de coraje en ciertos liderazgos de ese partido.
Mientras tanto, el panorama político se complejizaba. La izquierda no logró recomponerse y su participación en el escenario electoral ha seguido siendo marginal, si bien con representantes parlamentarios de primer nivel. La derecha ultraneoliberal consolidó un proyecto de medio ver –descarnadamente cínico en su propuesta política- a través del llamado Partido Libertario. El fundamentalismo pentecostal incursionó en el mundo de la política a fin de apuntalar sus negocios rentablemente alimentados por la promoción del fanatismo religioso, y algunas excentricidades folclóricas –como el PASE- echaron raíces en ese terreno abonado de frustraciones y desconfianza que ha devenido el panorama político nacional.
El caso es que el bipartidismo creó las condiciones que lo debilitaron y, eventualmente, lo destruyeron. Y ello básicamente de tres formas.
Primero, a través del inflamiento de expectativas en campañas electorales recargadas de promesas demagógicas que luego desembocaban en la frustración cuando la mayor parte de lo ofrecido se evidenciaba pura patraña.
Segundo, en virtud de las manifestaciones de corrupción con que se prodigaban los gobiernos bipartidistas.
Tercero, y posiblemente el factor principal, en virtud de las múltiples fallas de la estrategia neoliberal impulsada con notable unanimidad bipartidista, las cuales se hacían manifiestas –ya desde finales de los noventas e inicios del nuevo siglo- en múltiples frentes: desde la creciente ineficacia de la institucionalidad pública resultante del progresivo desmantelamiento del que fue víctima, hasta la persistencia de altos índices de pobreza y un ahondamiento gradual pero indetenible de la desigualdad y polarización social.
Y, sin embargo, al cabo ningún “partido” ha crecido tanto como el de las población sin partido alguno, lo cual es especialmente cierto entre las personas jóvenes, lo que hace prever que, con el tiempo, el problema tenderá a agudizarse. Ello resulta más llamativo en un contexto en que el derrumbe de la Unidad y los evidentes despistes políticos de los partidos opuestos al neoliberalismo, dejan todo listo para que se evolucione hacia un esquema tipo PRI mexicano, bajo control del PLN. Pero aún cuando esto último es muy factible (véase mi artículo: Hacia un tercer gobierno de Liberación), en todo caso lo que tendríamos sería una suerte de hegemonía precaria por parte del PLN, cuyos gobiernos enfrentarían situaciones de grave deslegitimación frente a sectores sustanciales de la población. De hecho, de seguir gobernando -como es probable que lo haga- ese partido tan solo contará con el apoyo de un 30% del electorado, a veces un poco más o un poco menos. Esa es la magia de nuestra limitada democracia electoral, donde el partido-menos-minoritario gobernaría, aún cuando la opinión de la mayor parte de la población le sea ajena e incluso abiertamente hostil.
Pero conviene tener presente que el problema de deslegitimación del que hablo no se limita al actual y eventuales gobiernos futuros del PLN. Es un problema que afecta al sistema en su conjunto. Es la institucionalidad democrática de Costa Rica la que, integralmente, se encuentra bajo la sombra de la duda.
Y ello, en último término, es quizá el mayor “éxito” que podemos reconocerle al proyecto neoliberal criollo entusiastamente impulsado durante veinte años por el bipartidismo de Chinchilla, Calderón y Fishman, en sus afanes por subordinar esta pequeña sociedad centroamericana a los salvajes imperativos de la globalización neoliberal. Pero ya eso es material para otro artículo.
El diputado de Renovación Costarricense (Evangélico), Justo Orozco, presentó como prioritario un proyecto de ley que pretende modificar la Constitución Política para explicitar que el matrimonio es conformado por “hombre y mujer”.
Para el legislador y Pastor evangélico, algunos derechos deben ser exclusivos para el matrimonio heterosexual, pero no quiere perseguir a nadie ni representar un peligro para nadie con este proyecto, dijo.
En conversación con Elpais.cr, Orozco explicó los alcances del proyecto presentado con la firma de otros doce diputados de varios partidos.
E.P.- ¿De qué se trata el proyecto de ley que ha propuesto como prioridad en la agenda legislativa?
J.O.- Modifica el artículo 52 de la Constitución Política que dice que la familia se fundamenta en la figura del matrimonio y que quien sostiene la sociedad es la familia.
Hemos visto muy activos a las organizaciones homosexuales y ellos tienen su perspectiva, sus deseos y tenemos que escucharlos, pero no queremos llegar a un matrimonio homosexual, entonces para que quede bien claro en la Constitución que cuando dice “matrimonio” se refiere a matrimonio heterosexual.
E.P.- ¿Entonces pretenden incluir que donde se habla de “matrimonio” en la Constitución Política se explicite que es entre “hombre y mujer”?
J.O.- Exactamente
E.P.- ¿Ve difícil que se apruebe?
J.O.- En todos los países ha pasado, en Honduras acaba de pasar, en algunos Estados de Estados Unidos, también.
Hay que reconocer que se está formando un gremio, si no muy significativo, muy bullicioso y son costarricenses que también hay que atender y los vamos a escuchar también, pero no queremos que se llegue a esa figura en la Constitución.
Que esa figura sea exclusiva a lo tradicional, formal, a la norma, la naturaleza, que es la reproducción entre el hombre y la mujer, que es lo que hace a la familia.
Algunos derechos que tienen que sean exclusivamente para el matrimonio heterosexual. Ya en la parte patrimonial vamos a ver también cómo se atienden las inquietudes de estas corrientes nuevas que son un poco extrañas para nosotros, pero que hay que atenderlas.
El mundo evoluciona, el mundo avanza, el mundo se moderniza y hay tendencias, hay modismos, pero hay que buscar defender el matrimonio.
E.P.- ¿Cuáles son esos derechos exclusivos?
J.O.- Bonos de vivienda, en el campo de la educación… los niños deben tener papá y mamá o se genera un conflicto allí. Ventajas básicamente de seguridad social.
E.P.- ¿Es suyo el proyecto de ley?
J.O.- Hay diputados de todos los partidos políticos. Es mía también, pero viene firmada por doce diputados más. Yo lo que estoy haciendo es colocarlo como proyecto prioritario.
E.P.- ¿En qué estado está, cómo podría avanzar el proyecto?
J.O.- Se requieren dos legislaturas. Tampoco estamos desesperados. Lo puse porque tenía la oportunidad y puedo dar testimonio de que eso da calidad de vida, da más coherencia, felicidad y más orden. Y un país necesita estar ordenado.
Lo priorizo pensando en el testimonio vivo que me ha tocado ver a mi. Testimonio de familias desintegradas, entrevistas que he tenido con gente homosexual, que ellos reconocen que la familia de ellos no es feliz con lo que ellos hacen.
E.P.- ¿A quién persigue con este proyecto?
J.O.- No vamos a maltratar a nadie. No acepto que me califiquen de homofóbico ni tradicional, ni republicano, ni conservador. No, no, lo que pasa es que lo bueno es lo bueno, el orden es el orden. No tengo nada en contra de nadie. No quiero representar ningún peligro para nadie. Es sencillamente mi punto de vista, soy educador de vocación he visto el rendimiento escolar, la deserción, el intento de drogadicción y todo eso proviene de hogares desintegrados. Necesitamos el papá y la mamá, necesitamos los dos juntos. Por eso defendemos esa parte socioeconómica. Lo que son ya deseos, preferencias, pues lo veo un poco como egoísmo como para que tenga mucha prioridad.
Sin embargo, las respetamos, gracias a dios somos un país tolerante, respetuosos, a nadie maltratamos, no vamos a promover persecución contra alguien.
Mi inocencia no me da para distinguir quién es homosexual y quién no, ni hombre ni mujer. Simplemente es mi prójimo.
Los usuarios de los servicios de autobuses tendrán que pagar el doble de lo que pagarían si no se hubiera modificado el modelo de ajustes de manera amañada, dice el legislador
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) ocultó a los usuarios “información esencial” sobre el nuevo modelo de ajuste automático de las tarifas de autobús, el cual hizo posible un aumento desmedido de las tarifas, denunció el diputado Manrique Oviedo.
El legislador, del Partido Acción Ciudadana (PAC), dijo que la Aresep no informó a los usuarios en la audiencia pública convocada para informar de los cambios en el modelo, de un artículo transitorio que luego sirvió para justificar el aumento.
Dicho artículo utiliza como base año para calcular el aumento el año 2009 y no el 2011, como debía ser.
Según Oviedo, al utilizar el año 2009 como año base, se están incluyendo en el ajuste los costos ya incorporados a la tarifa en ese año, el 2010 y el 2011. El resultado es que el aumento en las tarifas de autobuses aumentaron el doble de lo que correspondía.
Sin este artículo, el aumento no hubiera excedido el 5%.
Esto ha sido “un engaño y una violación al derecho fundamental de participación de los usuarios”, aseguró Oviedo.
“De manera ilegítima se omite discutir en la audiencia pública el artículo transitorio, el cual tiene consecuencias directas en el cálculo final de las tarifas que pagan los usuarios”, señaló el diputado Oviedo Guzmán.
Sala IV anula sentencia
Por su parte, la Sala IV anuló una sentencia que, según dijo, se emitió “por error administrativo”, en la cual se suspendía el aumento decretado por Aresep en virtud de un recurso de amparo interpuesto por el diputado Oviedo.
Los magistrados aseguraron que ese recurso aún no estaba listo para sentencia y que por una confusión administrativa se dio como resuelto.
Este incidente generó diferentes críticas, entre ellas la de la Defensoría de los Habitantes, para la cual tales errores son inaceptables, pues causan indefensión a la ciudadanía.
Un 71,7 % de los lectores del “Diario Extra” del 15 de los corrientes habían manifestado, entre un total de 2.018 participantes, que no es necesario un Plan Fiscal o PAC-quetazo de impuestos como el enterrado por la Sala IV para enfrentar la crisis o recesión que atraviesa la economía del país. Y según la más reciente encuesta por muestreo de Cid-Gallup, para el diario “La República”, nueve de cada diez costarricenses coinciden en que una reforma tributaria no es necesariamente la solución para combatir el déficit fiscal.
Esto significa que, al igual que en otras mediciones de la opinión pública, en estas encuestas, sean científicas o no, a público abierto o por muestreo, los ciudadanos reiteran su oposición a medidas tributarias de carácter permanente o irreversibles (como el alza de impuestos) para paliar una pérdida del dinamismo económico que se supone sea una situación coyuntural, es decir, pasajera y superable si no en el corto, en el mediano plazo. Al menos es lo que pregona la teoría económica estándar.
Por supuesto, que el declive que nos afecta desde el 2008 causó una sensible baja de la recaudación y no dejó que Chinchilla y sus amigotes pudieran disfrutar de la “mesa servida” que les prometieron los Arias. Sin embargo, si se supone que el trastorno es momentáneo, entonces el estimular una mejora de la producción y el consumo se vuelve la mejor fórmula para elevarla de nuevo. Lo que pasa es que las cosas se han complicado para la cúpula del Supra-Sistema de la Corrupción Planificada (SSCP) instalada en Zapote -o “mafia zapoteña”- cuando no acierta a superar los efectos de la Gran Crisis del 2008, que se prolongan sin remedio a través de varias fases. Esto, porque es global, sistémica, sinérgica y múltiple, va de lo ético a lo energético, de lo financiero a lo geopolítico, de las infraestructuras económicas a las superestructuras jurídicas e ideológicas. Mas esto la mafia no lo entiende y sigue aferrada a viejas mañas y recetas conservadoras y, como siempre, casi todas copiadas del exterior.
II
Ante tan incierta situación, ante tantas mentiras acerca de una supuesta recuperación económica, de blindajes fallidos y salidas en falso de Zapote, tienen mucha razón los ciudadanos al resistirse a cualquier Plan Fiscal (sea A, B o C) que le generaría más fondos a esa y a otras mafias del SSCP sedientas de recursos frescos para servirse copiosamente (ahora sí) la mesa, amplificando las redes de la corrupción organizada, cada vez más y mejor conectadas con las del crimen profesional y el narcotráfico a escala regional y global. Con ese temor y justificada sospecha de muchos ciudadanos, no hay ambiente para nuevos impuestos, los que asimismo vendrían a disminuir sus ingresos disponibles y a restringir su capacidad de consumo. Tampoco lo hay para la otra supuesta salida anunciada en el Plan B: restricciones al gasto público, incluido el social y productivo (el dedicado inversiones generadoras de empleo en salud, educación, vivienda, etc.) que, de darse, les rebajaría el salario social (o indirecto, derivado de esos gastos o inversiones en bienestar social) y los acercaría peligrosamente a la línea de la pobreza extrema, como ya ha comenzado a suceder con los recortes para este año.
Es explicable, por consiguiente, que las grandes mayorías sociales rechacen las iniciativas que afectan su nivel de vida, sus intereses y justas aspiraciones de movilidad social ascendente y de clase social. Y que, asimismo en el caso de otros recortes al gasto público en marcha, vendrían a deprimir aún más la economía, a sabotear el despunte de cualquier crecimiento y a posponer la recuperación de la economía. Al final, si la mafia zapoteña avanza más por ese tortuoso camino, lo que vamos a estar palpando es un aumento del descontento social con agudización de la lucha de clases y mayor inestabilidad política; atisbos de lo cual están ya presentes en el escenario nacional y de la lucha de clases, aunque sin líder ni partido u organización que articulen la confrontación, menos la negociación.
Sin embargo, el gobierno ha puesto a esa escabrosa agenda en la orden del día, bajo el alias de “política de austeridad fiscal” o simplemente Plan B fiscal. Y aunque algunos se dan cuenta en la cúpula de la poca viabilidad política de la misma, insisten obcecadamente en la necesidad de restringir gastos necesarios, congelar salarios y plazas vacantes (con lo cual se deprime la demanda agregada y se fomenta el desempleo y la pobreza), violar derechos, beneficios y pluses laborales, y por si fuera poco, incrementar o crear nuevos impuestos, especialmente convirtiendo el de ventas en un regresivo impuesto del 14% al valor agregado de toda la producción nacional –el temido IVA- , tanto de bienes (o mercancías) como de los servicios, incluidos los de salud y educación privadas. Y lo hacen sin preocuparse porque muchos ciudadanos de medios y bajos ingresos se vean forzados a usar esos lucrativos servicios brindados con altas tarifas, ante el grave y creciente deterioro de los públicos.
Tengamos presente que, lo que más importa a la mafia zapoteña así como a las otras que controlan el SSPC, es “tener y poder hacer Caja”, poseer cuantiosos fondos a disposición en el erario para continuar con el festín del “gobierno de los amigos”, asignados a renglones que para nada se recortarán, sino que se mantendrán en altos niveles para cubrir depredaciones y malversaciones como los de la nefasta Comisión Especial de Vivienda (CEV) de Calderón y los Arias; el tráfico de influencias desplegado por el Minaet en el caso Crucitas; el descarado uso de mecanismos estatales en apariencia legales para entregar el aeropuerto a Alterra, las vías a Caldera y San Ramón a Autopistas del Sol, y puerto Limón a APM Terminals; los aumentos de planilla de 11.000 o más puestos en el ciclo electoral al estilo de Doryan en la Caja; las concesiones y contrataciones según el modelo de Conavi para la platina y la trocha 1856; los casos de los alquileres al estilo de Cornick y Aresep; de compras de bienes y servicios según lo hacen en la CNE; de asesorías y consultorías y otros apoyos a la gestión estatal según la pauta de Herrero-Rodríguez y Garnier-Líberman en el MEP, Recope, etc. etc., todos indicadores de gestión del SSPC por y para el “gobierno de los amigos” y sus testaferros, entre ellos los tecnócratas fondomonetaristas.
IV
De paso, y para efectos de sentar una alerta general ciudadana, cabe indicar lo siguiente desde esta columna: que, mediante una ley tenebrosa que se tramita en el congreso, el gobierno de Zapote, ahora con el apoyo de las fracciones parlamentarias serviles del PASE, el PUSC y parte del PAC, pretende acabar de una vez por todas con la gratuidad de muchos servicios públicos (incluidos los sociales de educación y salud), autorizando el cobro por los mismos, o sea, el fatídico sistema que en España llaman el “co-pago”, según lo establece el art. 7 del proyecto “Ley de Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas” (Expediente legislativo No. 18.435) del Plan B, en la medida que sean “servicios públicos divisibles”; o sea, “aquellos cuyo consumo individual se puede determinar y controlar y que han sido asignados al Estado.”
Esa abierta conspiración contra la ciudadanía de parte de la clase política, desataría una mayor privatización del Estado y expansión de la redes de la corrupción organizada de alta escala; ya que las clases medias y trabajadoras al verse afectadas por la aprobación del referido proyecto de Ley, emigrarían más y más hacia los del sector privado en unos casos; y en otros, no podrían utilizarlos debido a su encarecimiento por vía del co-pago, no obstante financiarlos ellos de modo indirecto a través de impuestos o por pago de cuotas a la Caja del Seguro. Igual va a suceder en educación, en seguridad y en otras áreas donde ahora los servicios son provistos sin costo alguno para los usuarios por las instituciones. Avisados quedamos.
La canciller alemana Angela Merkel (d) recibe a la presidenta costarricense, Laura Chinchilla (i), hoy miércoles 23 de mayo de 2012 en la cancillería de Berlín, Alemania. Laura Chinchilla realiza una visita de estado a Alemania.EFE/MICHAEL KAPPELER
ENTREVISTAPor María Laura Aráoz (dpa)
Berlín, 23 may (dpa) - La crisis europea afecta también a América Latina y en particular a Centroamérica, que aspira a firmar en las próximas semanas un acuerdo de asociación con la Unión Europea, señaló hoy la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, al inicio de una visita de trabajo en Alemania.
"América Latina está siguiendo mucho los eventos en Europa, los sentimos como propios. La verdad es que nos angustia, se nos han salido las lágrimas viendo algunas de las escenas donde se le pone el rostro humano a la tragedia, especialmente en países como Grecia o España", dijo Chinchilla a periodistas tras reunirse con la canciller alemana, Angela Merkel.
"Salimos bien librados de esta crisis porque aprendimos de nuestra propia desgracia con las instituciones financieras y la situación de los 80", afirmó la mandataria costarricense y destacó los niveles de crecimiento de la región, que oscilan entre el dos y el diez por ciento.
Sin embargo, Chinchilla admitió que "también es cierto que América Latina tiene ajustes estructurales que hacer, sobre todo en lo que respecta al tamaño de sus Estados y el peso relativo de sus economías. De alguna manera estamos tomando nota para que ojalá no lleguemos a escenarios como los que ha llegado Europa".
La crisis europea y la situación de América Latina fueron dos temas centrales en la cita de Chinchilla de una hora celebrada con la jefa alemana de gobierno en la sede de la cancillería en Berlín.
"La canciller Merkel estaba muy interesada en conocer nuestra visión de lo que está pasando en América Latina y nosostros la suya de lo que ocurre en Europa", relató.
Asimismo, la dirigente centroamericana hizo saber a su anfitriona el deseo de ampliar la cooperación en las áreas de ciencia, tecnología e innovación así como el intercambio académico y el número de becas en estudios de ingeniería.
Chinchilla dijo que se repasaron temas de cara a la cumbre de biodiversidad en Rio de Janeiro y de energía limpia. "Aquí están dejando atrás la energía atómica después de lo ocurrido en Japón y quieren apostar por energías limpias como ya se hace en Costa Rica".
Respecto a Centroamérica, la jefa de Estado costarricense lamentó los graves problemas de seguridad interna, que atribuyó a la creciente presencia del narcotráfico.
"Centroamérica es víctima de una geopolítica perversa porque estamos en medio de los grandes productores de drogas en el sur y los grandes mercados consumidores en el norte. Hemos sido enganchados a un convoy de violencia que está no solamente cobrándose vidas humanas, sino que además está afectando la institucionalidad que tanto costó recuperar tras los años de la guerra".
Chinchilla opinó que las recetas aplicadas en América Latina para combatir el narcotráfico no han dado los frutos esperados. "La lucha contra el narcotráfico no ha sido exitosa, sino que se ha logrado desplazarla. Los éxitos de Colombia han sido los fracasos de México y eventualmente los éxitos de México terminarán siendo los fracasos de Centroamérica. Centroamérica no quiere convertirse en el último reducto de una guerra muy costosa que se cobra muchas vidas humanas".
No se manifestó partidaria de la legalización de las drogas, pero sí de revisar las estrategias vigentes. "Creemos que el derecho penal no tiene nada que hacer en materia de consumo de drogas. Es un asunto de salud pública que hay que atender y prevenir. Pero sí tiene el derecho penal que ver en materia de control del negocio de las drogas. Creemos que no estamos preparados para un escenario de legalización".
"No existen las salidas mágicas y rápidas. Forzarlas nos puede meter en escenarios muy maniqueístas, en donde tengamos que optar por o meternos en escenarios de guerras como los que han fracasado o llevarlos al otro extremo que es la legalización desconociendo las consecuencias negativas que pueda tener", ahondó.
Pero más allá de las estrategias, "Centroamérica necesita hacer una apuesta a instituciones más sólidas, más transparentes. Hay que invertir con mayor decisión en órganos judiciales más fuertes y más independientes, tomarse muy en serio la profesionalización de las policías e invertir para facilitar la educación y el empleo a los sectores jóvenes de la población que son los más proclives a engancharse en la droga", urgió.
Chinchilla fue recibida también hoy por el presidente federal alemán, Joachim Gauck, quien en horas de la noche ofrecerá una gala en su honor. Mañana se trasladará hacia el estado de Baden-Württemberg, en el sur del país, donde tendrá encuentros con autoridades y empresarios, además de visitar un centro de investigación de energía solar.
La mandataria continuará viaje posteriormente hacia Francia, Italia y Suiza.
La Fiscalía General de la República de Costa Rica puso hoy su grito al cielo, por la falta de personal calificado para atender el incremento de los casos de corrupción, vinculados con la administración pública.
El Fiscal General, Jorge Chavarría Guzmán, expresó en un comunicado de prensa su preocupación por la creciente cantidad de procesos penales complejos que desborda la capacidad de respuesta del grupo de profesionales que trabaja en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, “pese al esfuerzo y mística que estas personas entregan para rendir resultados positivos”.
“Los ocho fiscales auxiliares que laboran en ese despacho llevan en promedio, cada uno, 33 asuntos de complejidad alta”, informó el Fiscal,.
“Nuestra preocupación es que los recortes que tuvieron que hacérsele al presupuesto afectarán directamente la aprobación de plazas extraordinarias para el Ministerio Público, institución que se rige por una política de persecución muy clara para atacar la corrupción en zonas costeras, municipalidades y entes estatales, así como la infalible persecución al resto de delitos incluidos en nuestra legislación”, afirmó.
Indicó que las plazas extraordinarias son aprobadas por el Poder Judicial durante períodos determinados, y su continuidad depende del presupuesto con el que se cuente.
Para Chavarría, “la poca o nula posibilidad de aumentar la planilla para el 2013 y 2014 es preocupante, si tomamos en cuenta el aumento de causas abiertas en lo que llevamos del año”.
El Fiscal informó que entre los casos complejos que tramita la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción están las investigaciones sobre la carretera Juan Rafael Mora Porras, el caso de la minera “Crucitas”, la concesión de la vía a Caldera.
Además, la donación de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la licitación de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), otorgada a la empresa Procesos, vinculada con el ex ministro de Hacienda, Fernando Herrero.
Le siguen irregularidades en la Junta de Desarrollo del Sur (Judesur), y procesos penales contra alcaldes de Coronado, Mora, Atenas, Alajuela, Bribrí, Jacó, Osa y Golfito, entre muchos otros casos.
Según el comunicado, para el Fiscal adjunto Juan Carlos Cubillo, “la gran cantidad de nuevos casos de corrupción que está ingresando a la Fiscalía está siendo abordada adecuadamente solo por el gran esfuerzo y dedicación que están entregando los fiscales y fiscalas”.
Sin embargo, señaló que es preocupante que la falta de recursos humanos y materiales en algún momento perjudique alguna de las investigaciones.
Varios documentos muestran como familiares del candidato a Sub Contralor General de la República, impulsado por el oficialista Liberación Nacional, David Salas Aguilar, se vieron beneficiados por un programa del cual él era parte. Elpais.cr
San José, 23 may (Elpais.cr) – El candidato a Sub Contralor General de la República, impulsado por el oficialista Liberación Nacional, David Salas Aguilar, participó en la Comisión de Becas de Casa Presidencial en la administración Figueres Olsen (1994-1998), donde se vieron beneficiados varios de sus familiares.
David Salas Aguilar participó en dicha Comisión, en representación del despacho del Presidente, y compartió funciones con la hoy diputada liberacionista Ileana Brenes Jiménez, que representaba en la misma instancia a la viceministra de ese momento, Alicia Fournier Vargas, actualmente legisladora.
La encargada del programa era Fournier Vargas, tarea que le fue asignada por el Ministerio de la Presidencia, dirigido por Marco Vargas.
Entre los beneficiados con el programa de becas se encontraba la hermana del candidato a sub Contralor, Veronica Salas Aguilar, que hoy funge como funcionaria en la Asamblea Legislativa.
Según documentos que se encuentran en poder de este medio, también se vieron beneficiados con el programa, varios familiares y vecinos de Salas, todos residentes en El Barón de San Rafael de Esparza.
Salas Aguilar es actualmente el candidato que cuenta con el apoyo oficialista para ocupar el puesto de Sub Contralor, donde tendría funciones de fiscalización de los recursos del Estado.
Panamá, 23 may (EFE).- Grupos de indígenas panameños que exigen suspender la construcción de una hidroeléctrica en el occidente de Panamá se enfrentaron hoy con piedras a la Policía, que los repelió con gases lacrimógenos, sin que hasta ahora haya reportes de heridos o detenidos.
Medios locales mostraron imágenes de los enfrentamiento entre los indígenas y los agentes antimotines, que desde el pasado fin de semana custodian el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco debido a los ataques intermitentes de los aborígenes.
Según reportes de la prensa local, unos 60 indígenas intentaron detener las obras, cuya suspensión piden con el argumento de que la hidroeléctrica afecta el patrimonio natural de la Comarca Ngöbe Bluglé, dijo el líder de las protestas, Cilio Guerra.
Las mismas fuentes indicaron que los grupos indígenas pactaron una "tregua" y que representantes de la empresa Generadora del Istmo S.A. (Genisa), de capital hondureño y responsable del proyecto, se encuentran en el lugar para entablar un diálogo.
Por su parte, el Gobierno ha rechazado las protestas con el argumento de que el proyecto hidroeléctrico solo afecta "el 1 por ciento" de la comarca indígena.
Barro Blanco está localizado a casi 400 kilómetros de la capital panameña, en la provincia de Chiriquí, y fue incluido en un acuerdo firmado en marzo pasado por los líderes Ngöbe Buglé y el Gobierno que puso fin a una crisis que duró más de un mes, que costó la vida de dos aborígenes y causó decenas de heridos, entre ellos varios policías.
El acuerdo, que estableció la prohibición legal de la explotación minera en la Comarca Ngöbe Buglé y condicionó los proyectos hidroeléctricos a la aprobación de los indígenas, generó el rechazo de algunos grupos de indígenas disconformes.
En el caso de Barro Blanco, las partes negociadoras convinieron en marzo pasado que la obra continuara pero que una comisión técnica revisara el estudio de impacto ambiental, cuyo resultado determinará si se mantiene el proyecto o es suspendido.
Esa revisión aún no se ha hecho, afirmaron el martes los portavoces indígenas, incluida la cacica Silvia Carrera, líder de las negociaciones de marzo pasado.
Yo en mi nombre le agradezco todos los esfuerzos que realiza para recuperar dineros que patronos morosos adeudan a la CCSS. Su lucha ha sido de varios años, sin buscar notoriedad. Usted es el típico costarricense que busca dejar para futuras generaciones instituciones que sean fuertes y eficientes.
Lamento la contestación que le hiciera en horas de la mañana el Dr. Walter Muñoz, aún no comprendo el motivo de tal arrebato. Solo espero que pronto se respondan las preguntas que se tienen. Cuando se tienen argumentos estos se exponen sin necesidad de recurrir a los insultos.
Le agradeceré más SERIEDAD, cuando solicito se me conteste -no a mi persona, es para un sin número de ciudadanos que lo solicitamos- siete preguntas puntuales y que en ningún momento son ni comprometedoras ni al azar. Mucho menos por hacer daño a nadie, simplemente necesitamos TRANSPARENCIA por parte de los integrantes de la Asociación Nacional de Asegurados de la CCSS, Por favor don Daniel estoy seguro de que Usted es una persona respetable, no permitan que lo utilicen de esta manera.
Simplemente contesten y aporten los documentos que se les solicita, eso no es ningún pecado, cuando el asunto esté totalmente claro, tenga por seguro que no será únicamente el suscrito que los acompañe en esta lucha, serán muchos asegurados más.
Nuevamente y de manera respetuosa le solicito se me conteste lo siguiente:
Favor hacerme llegar la documentación por este mismo medio:
1. El nombre y calidades de las personas que lo acompañan a Usted en la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Asegurados de la Caja Costarricense de Seguro Social, recientemente inscrita, específicamente en Abril del 2012, bajo las citas de presentación TOMO: 2011, ASIENTO: 132920
2. ¿Qué nos puede asegurar a los ciudadanos y asegurados de este país, que con este referéndum no se nos va a politizar nuevamente la Junta Directiva de la CCSS?
3. ¿Cuál forma de elección será la que se llevará a cabo para elegir a los posibles postulantes a la Junta Directiva?
4. ¿Quién o quiénes serán las personas que aprueben a los postulantes?
En fin, ¿cuáles serán los mecanismos legales para llevar a cabo esta selección?
5. Favor adjuntar a esta solicitud losestatutos vigentes de la Asociación.
6. Para que este referéndum sea totalmente TRANSPARENTE, cuáles han sido los recursos económicos con que cuenta dicha Asociación y de donde provienen. Por favor aportar documentación.
7. ¿Por qué si el Tribunal Supremo de Elecciones está imprimiendo los documentos del Referéndum para que el Pueblo se pronuncie ya sea a favor o en contra de este, aún no existen noticias de ellos?
Saludándolos primeramente y esperando se encuentren bien, paso a enviarle los documentos solicitados de importancia.
Gracias
Walter Muñoz Céspedes. Presidente Asociación Nacional de Asegurados Unidos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Armando Acuña Delgado. Vicepresidente Asociación Nacional de Asegurados Unidos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Rose Mary Vargas Vargas. Secretaria Asociación Nacional de Asegurados Unidos de la Caja Costarricense de Seguro Social.
P.D.: Mil disculpas el envío desde mi correo personal ya que el correo de Costarricense.cr no me deja enviarle a muchas personas a la vez. Gracias
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