Más de la misma corrupción alrededor del Plan fiscal B

Columna “Pensamiento Crítico”

I

Un 71,7 % de los lectores del “Diario Extra” del 15 de los corrientes habían manifestado, entre un total de 2.018 participantes, que no es necesario un Plan Fiscal o PAC-quetazo de impuestos como el enterrado por la Sala IV para enfrentar la crisis o recesión que atraviesa la economía del país. Y según la más reciente encuesta por muestreo de Cid-Gallup, para el diario “La República”, nueve de cada diez costarricenses coinciden en que una reforma tributaria no es necesariamente la solución para combatir el déficit fiscal.

Esto significa que, al igual que en otras mediciones de la opinión pública, en estas encuestas, sean científicas o no, a público abierto o por muestreo, los ciudadanos reiteran su oposición a medidas tributarias de carácter permanente o irreversibles (como el alza de impuestos) para paliar una pérdida del dinamismo económico que se supone sea una situación coyuntural, es decir, pasajera y superable si no en el corto, en el mediano plazo. Al menos es lo que pregona la teoría económica estándar. 

Por supuesto, que el declive que nos afecta desde el 2008 causó una sensible baja de la recaudación y no dejó que Chinchilla y sus amigotes pudieran disfrutar de la “mesa servida” que les prometieron los Arias. Sin embargo, si se supone que el trastorno es momentáneo, entonces el estimular una mejora de la producción y el consumo se vuelve la mejor fórmula para elevarla de nuevo. Lo que pasa es que las cosas se han complicado para la cúpula del Supra-Sistema de la Corrupción Planificada (SSCP) instalada en Zapote -o “mafia zapoteña”- cuando no acierta a superar los efectos de la Gran Crisis del 2008, que se prolongan sin remedio a través de varias fases. Esto, porque es global, sistémica, sinérgica y múltiple, va de lo ético a lo energético, de lo financiero a lo geopolítico, de las infraestructuras económicas a las superestructuras jurídicas e ideológicas. Mas esto la mafia no lo entiende y sigue aferrada a viejas mañas y recetas conservadoras y, como siempre, casi todas copiadas del exterior.

II

Ante tan incierta situación, ante tantas mentiras acerca de una supuesta recuperación económica, de blindajes fallidos y salidas en falso de Zapote, tienen mucha razón los ciudadanos al resistirse a cualquier Plan Fiscal (sea A, B o C) que le generaría más fondos a esa y a otras mafias del SSCP sedientas de recursos frescos para servirse copiosamente (ahora sí) la mesa, amplificando las redes de la corrupción organizada, cada vez más y mejor conectadas con las del crimen profesional y el narcotráfico a escala regional y global. Con ese temor y justificada sospecha de muchos ciudadanos, no hay ambiente para nuevos impuestos, los que asimismo vendrían a disminuir sus ingresos disponibles y a restringir su capacidad de consumo. Tampoco lo hay para la otra supuesta salida anunciada en el Plan B: restricciones al gasto público, incluido el social y productivo (el dedicado inversiones generadoras de empleo en salud, educación, vivienda, etc.) que, de darse, les rebajaría el salario social (o indirecto, derivado de esos gastos o inversiones en bienestar social) y los acercaría peligrosamente a la línea de la pobreza extrema, como ya ha comenzado a suceder con los recortes para este año. 

Es explicable, por consiguiente, que las grandes mayorías sociales rechacen las iniciativas que afectan su nivel de vida, sus intereses y justas aspiraciones de movilidad social ascendente y de clase social. Y que, asimismo en el caso de otros recortes al gasto público en marcha, vendrían a deprimir aún más la economía, a sabotear el despunte de cualquier crecimiento y a posponer la recuperación de la economía. Al final, si la mafia zapoteña avanza más por ese tortuoso camino, lo que vamos a estar palpando es un aumento del descontento social con agudización de la lucha de clases y mayor inestabilidad política; atisbos de lo cual están ya presentes en el escenario nacional y de la lucha de clases, aunque sin líder ni partido u organización que articulen la confrontación, menos la negociación.

Sin embargo, el gobierno ha puesto a esa escabrosa agenda en la orden del día, bajo el alias de “política de austeridad fiscal” o simplemente Plan B fiscal. Y aunque algunos se dan cuenta en la cúpula de la poca viabilidad política de la misma, insisten obcecadamente en la necesidad  de restringir gastos necesarios, congelar salarios y plazas vacantes (con lo cual se deprime la demanda agregada y se fomenta el desempleo y la pobreza), violar derechos, beneficios y pluses laborales, y por si fuera poco, incrementar o crear nuevos impuestos, especialmente convirtiendo el de ventas en un regresivo impuesto del 14%  al valor agregado de toda la producción nacional –el temido IVA- , tanto de bienes (o mercancías) como de los servicios, incluidos los de salud y educación privadas. Y lo hacen sin preocuparse porque muchos ciudadanos de medios y bajos ingresos se vean forzados a usar esos lucrativos servicios brindados con altas tarifas, ante el grave y creciente deterioro de los públicos. 

Tengamos presente que, lo que más importa a la mafia zapoteña así como a las otras que controlan el SSPC, es “tener y poder hacer Caja”, poseer cuantiosos fondos a disposición en el erario para continuar con el festín del “gobierno de los amigos”, asignados a renglones que para nada se recortarán, sino que se mantendrán en altos niveles para cubrir depredaciones y malversaciones como los de la nefasta Comisión Especial de Vivienda (CEV) de Calderón y los Arias; el tráfico de influencias desplegado por el Minaet en el caso Crucitas; el descarado uso de mecanismos estatales en apariencia legales para entregar el aeropuerto a Alterra, las vías a Caldera y San Ramón a Autopistas del Sol, y puerto Limón a APM Terminals; los aumentos de planilla de 11.000 o más puestos en el ciclo electoral al estilo de Doryan en la Caja; las concesiones y contrataciones según el modelo de Conavi para la platina y la trocha 1856; los casos de los alquileres al estilo de  Cornick y Aresep; de compras de bienes y servicios según lo hacen en la CNE; de asesorías y consultorías y otros apoyos a la gestión estatal según la pauta de Herrero-Rodríguez y Garnier-Líberman en el MEP, Recope, etc. etc., todos indicadores de gestión del SSPC por y para el “gobierno de los amigos” y sus testaferros, entre ellos los tecnócratas fondomonetaristas.

IV

De paso, y para efectos de sentar una alerta general ciudadana, cabe indicar lo siguiente desde esta columna: que, mediante una ley tenebrosa que se tramita en el congreso, el gobierno  de  Zapote, ahora con el apoyo de las fracciones parlamentarias serviles del PASE, el PUSC y parte del PAC, pretende acabar de una vez por todas con la gratuidad de muchos servicios públicos (incluidos los sociales de educación y salud), autorizando el cobro por los mismos, o sea, el fatídico sistema que en España llaman el “co-pago”, según lo establece el art. 7 del proyecto “Ley de Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas” (Expediente legislativo No. 18.435) del Plan B, en la medida que sean “servicios públicos divisibles”; o sea, “aquellos cuyo consumo individual se puede determinar y controlar y que han sido asignados al Estado.”

Esa abierta conspiración contra la ciudadanía de parte de la clase política, desataría una mayor privatización del Estado y expansión de la redes de la corrupción organizada de alta escala; ya que las clases medias y trabajadoras al verse afectadas por la aprobación del referido proyecto de Ley, emigrarían más y más hacia los del sector privado en unos casos; y en otros, no podrían utilizarlos debido a su encarecimiento por vía del co-pago, no obstante financiarlos ellos de modo indirecto a través de impuestos o por pago de cuotas a la Caja del Seguro. Igual va a suceder en educación, en seguridad y en otras áreas donde ahora los servicios son provistos sin costo alguno para los usuarios por las instituciones. Avisados quedamos.