La revelación de que el gobierno de Oscar Arias usó millones de dólares de donaciones externas para el pago de "consultorías" a funcionarios y allegados políticos, causó revuelo en Costa Rica, donde partidos opositores y la prensa exigen que se revele toda la información del caso.
Reportajes publicados esta semana por el diario La Nación denunciaron que la Casa Presidencial utilizó dos millones de dólares donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el pago de asesorías o consultorías a más de 80 personas, algunos de los cuales son funcionarios regulares del Estado.
El dinero es administrado por el propio BCIE, que hace directamente los pagos a los beneficiarios a pedido del gobierno.
Otra donación de 1,5 millones de dólares del gobierno de Taiwán al Ministerio de la Vivienda para la construcción de casas en un barrio pobre de San José, fueron utilizados para pagar consultorías mediante un fideicomiso que administra el BCIE.
Unos 315.000 dólares de esos fondos fueron entregados en pago por una consultoría al Centro Internacional de Desarrollo Humano (CIDH), una entidad privada de la que el ministro de Vivienda, Fernando Zumbado, fue miembro hasta un mes antes de asumir el cargo.
La Contralora General de la República, Rocío Aguilar, anunció el jueves que abrirá una investigación sobre el uso de los fondos, a fin de determinar si las contrataciones quebrantaron alguna disposición legal.
Por su parte, la Comisión de Control de Ingresos y Gasto Público del Congreso aprobó un llamado a declarar al ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, al ministro Zumbado y al representante de Costa Rica ante el BCIE, Alfredo Ortuño.
"Esto es el viejo expediente de crear un estado paralelo para obviar la fiscalización de los órganos de control del Estado, como son la Contraloría General de la República y la Asamblea Legislativa", dijo a la AFP el diputado Alberto Salom, del opositor Partido Acción Ciudadana (PAC, centro).
Salom insistió en que la mayoría de los recursos, tanto los donados por el BCIE como por el gobierno de Taiwán, son de naturaleza pública y deben estar sometidos a los controles normales del Estado.
Según el ministro Arias, los fondos administrados por el BCIE son privados y se han usado para pagar a profesionales altamente calificados, cuyos servicios no puede erogar el gobierno debido a la escasez de su presupuesto.
Sin embargo, el diario La Nación denunció este viernes que los fondos han servido para pagar a un mensajero que trabaja para una colaboradora del presidente Arias; a un músico que ameniza fiestas y a un mecánico que reparó los pisos en salones de la Casa Presidencial, entre otros.
El Partido Movimiento Libertario (ML, derecha) pidió al presidente Arias que ordene a los delegados de Costa Rica ante el BCIE que presenten toda la información correspondiente a los pagos, las razones y los antecedentes de estas asesorías.
"Creo que el Banco se salió completamente de sus funciones en esto y si no proporciona la información que se le solicita, se estará convirtiendo en cómplice del gobierno", afirmó el diputado libertario Mario Quirós Lara.
El legislador afirmó que los fondos administrados por el BCIE "son fondos enteramente públicos, pero aún si fueran fondos privados -como alega el gobierno- y de ahí se pagó a funcionarios públicos, se está incurriendo en los tipos penales previstos en la Ley contra la Corrupción".
