La
s préstamos que adquieren los gobiernos forman parte del giro normal de las economías nacionales y no necesariamente son negativas. Sin embargo, cuando los ingresos dejan de ser suficientes para cubrir los gastos y el desbalance de las finanzas públicas se aproxima a un punto crítico, las deudas heredadas no solo pueden resultar onerosas, sino que pueden limitar el margen de maniobra de un gobierno que se estrena.
Esto es lo que ocurre en la actualidad a la administración de Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana. Treinta años de gobiernos del bipartidismo tradicional son responsables, por ejemplo, del 87% de los créditos externos contratados para financiar programas o proyectos todavía en ejecución, en los que el Gobierno figura como deudor o garante.
De ese porcentaje, el 79% corresponde a administraciones del Partido Liberación Nacional (PLN) y el 8% a administraciones del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Abarcan desde el gobierno de Luis Alberto Monge, en 1985, hasta el de Laura Chinchilla, en el 2014. Solo el 13% fueron pactados por la actual administración. (Ver el gráfico “Deuda Externa del Gobierno Central, segundo semestre 2014, según gobierno que la contrató”).
Más relevante aun, según estudios del Ministerio de Hacienda, el “límite natural” máximo que puede alcanzar la deuda pública total –interna y externa− que el país podría honrar incluso durante largos periodos desfavorables desde el punto de vista fiscal y macroeconómico, corresponde a un monto equivalente al 60% del Producto Interno Bruto (PIB). Pero, al cierre del 2014, esta relación deuda/PIB del sector público no financiero ya alcanzaba el 56,79%, es decir, muy cerca del límite crítico.
Con esto, el margen de maniobra para que la administración actual resuelva el déficit fiscal con la contratación de deudas, es prácticamente nulo. Llama la atención, en este sentido, que incluso un mes antes de que Solís asumiera la Presidencia, y cuando la Contraloría General de la República ya alertaba al respecto −como no queriendo dejarle nada a su relevo−, la administración Chinchilla contrató un crédito por $35 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para un programa del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt) (ver el cuadro “Deuda externa del Gobierno Central en ejecución, segundo semestre 2014).
Además, de no llegarse a acuerdos de soluciones que recuperen el balance entre los ingresos y los gastos corrientes del Gobierno, y el endeudamiento público, y si la actual tendencia de la deuda continúa, se proyecta que para el año 2017 esa relación sería del 71,55% del PIB, y para el 2020 sería del 83,90% del PIB, algo que pondría al país en una situación de paria financiero internacional. (En 2013, la relación deuda pública/PIB de Estados Unidos era del 103,42%. Es decir, que ese país está endeudado “hasta el alma”. ¿Pero, quién amenaza con declarar en bancarrota a EE. UU.?)
A pesar de esto, en la Asamblea Legislativa se han aprobado otras iniciativas de endeudamiento, como el Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32, Tramo: Ruta N°4–Limón, por $395 millones, y se encuentran en diseño planes para la Modernización de Infraestructura del Puerto de Moín; II Etapa Programa Red Vial Cantonal; Modernización de puestos fronterizos (Peñas Blancas, Paso Canoas, Las Tablillas y Sixaola) y el Programa de Infraestructura Hospitalaria y Modernización de Sistemas Financieros-Administrativos.
TAMBIÉN SE AGOTARON LOS “EUROBONOS”
Otro recurso utilizado por las administraciones pasadas para financiarse ha sido la emisión de los llamados “eurobonos” o títulos valores a nombre del Estado costarricense, que son vendidos en moneda extranjera en el mercado internacional en lugar de hacerlo aquí, en colones, con el fin de evitar un alza en las tasas de interés locales.
Esta vía fue autorizada por la Asamblea Legislativa, pero por un número de ocasiones que ya se agotó. Según el Ministerio de Hacienda, al 2014 el monto de la deuda por los eurobonos sumaba un billón 726.215 colones, que fueron contratados por las administraciones Rodríguez y Chinchilla.
En la medida que los proyectos de reforma tributaria presentados a la Asamblea Legislativa se encuentran en el limbo de la negociación política, la actual administración busca otras opciones, como la oferta planteada a la República Popular China, para que esta compre bonos que ayuden a financiar el presupuesto del 2016 (ver la edición anterior de UNIVERSIDAD). La administración busca firmar un convenio para vender $300 millones en bonos a ese país, como hiciera el segundo gobierno de Óscar Arias.
La República Popular China, por su parte, todavía no ha respondido, pero hoy atraviesa por un periodo de ajustes económicos internos, que muy probablemente ocupan toda la atención de sus autoridades. La incertidumbre en cuanto a la economía china y su impacto sobre las de otros países, formaron parte de las razones por las cuales, a pesar de que la producción y el empleo mejoran en EE.UU., la Reserva Federal –Banco Central de ese país−, no se animó a subir las tasas de interés en dólares la semana pasada, tal como adelantó UNIVERSIDAD.
La mayor parte de la deuda externa pública costarricense está pactada a tasas fijas, de modo que cuando la FED sí proceda a subirlas, el impacto de esta alza será relativo, pero lo cierto es que las opciones para oxigenar las finanzas públicas se están acabando.
Por día los oficiales realizan en promedio 34 aprehensiones.
