SOBRE LA CONCESION DE LA BERNARDO SOTO LES PIDO POR FAVOR QUE ANALICEN MI SIGUIENTE OPINION Y DENUNCIA PARA QUE EL MINISTERIO PUBLICO ACTUE:
CIUDADANOS
Me he permitido redactar la anterior denuncia y emplazamiento publico al Fiscal General para que investigue los delitos evidentes y actos de corrupción, sería muy importante que los ciudadanos obliguemos al Fiscal General y literalmente inundemos de denuncias las Fiscalías de San Ramón, Grecia, Naranjo, que copien y refuercen con otros criterios para obligar a la investigación, sabemos de antemano que el señor Fiscal fue Viceministro de la pasada administración pero tengo la fe que existen en el Ministerio Público funcionarios probos que no van a dejar pasar la evidencia de los delitos manifiestos. Falta por discutir que la carretera interamericana es de interés público y por lo tanto no puede ser objeto de concesión, y eso comprende el tramo de la carretera Bernardo Soto. Espero haber contribuido con mi deber ciudadano para enfrentar la corrupción de la obra pública, ahora defendida extrañamente a capa y espada por nuestra señora Presidente.
NOTICIA CRIMINIS
DELITOS DE LA CONCESION BERNARDO SOTO A O.A.S.
EMPLEZAMIENTO PUBLICO AL FISCAL GENERAL PARA QUE INVESTIGUE
Señor:
FISCAL GENERAL DE COSTA RICA
Lo emplazo públicamente para que investigue los presuntos delitos que podemos señalar como: Peculado, Incumplimiento de Deberes, Enriquecimiento Ilícito, Asociación Ilícita, entre otros que la investigación determinara, en el CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA BERNARDO SOTO a la empresa denominada O.A.S., de conformidad con los hechos de conocimiento público y que evidentemente constituyen un entramado delictivo para beneficiar a la concesionaria indebidamente, para lo cual me permito recapitular los siguientes hechos que son reitero de conocimiento público y por lo tanto es obligación de la Fiscalía Anticorrupción investigar:
1. Mediante licitación se concesionó la Carretera Bernardo Soto a la empresa AUTOPISTAS DEL VALLE, dicha empresa nunca cumplió con los términos del contrato, no ejecuto obra alguna, inexplicablemente y pese a esa inacción, el Ministerio de Transportes y el Consejo de Concesiones, incumpliendo sus deberes para con la correcta administración pública en connivencia con la concesionara dicha, mantuvieron la vigencia de la adjudicación de la licitación por tiempo indefinido, violando toda la normativa de contratación publica, que obliga a dejar sin valor legal alguno la adjudicación ante el evidente incumplimiento de Autopistas del Valle. Técnicamente esa licitación de concesión era absolutamente nula y carecía de vigencia legal.
2. Como se desprende de las actuaciones subsiguientes, de manera ilícita los funcionarios a cargo de declarar la nulidad de la licitación utilizando subterfugios legales, autorizan el traspaso del contrato a otra empresa, a la actual concesionaria O.A.S., permitiendo la cesión de un contrato con evidente trafico de influencias, que permitió que Autopistas del Valle –según tengo entendido empresa hermana de Autopistas del Sol concesionaria de la carretera Santa Ana-Caldera -obtuviera por la cesión del contrato TREINTA Y TRES MILLONES DE DOLARES, por una obra que nunca inició y cuya adjudicación debió de declararse desierta, pero no obstante esa circunstancia de nulidad absoluta de la concesión por incumplir el cartel de licitación, los funcionarios públicos a cargo de defender el estado, que no son otros que los intereses ciudadanos por ellos representados, autorizan, avalan un traspaso de adjudicación absolutamente imposible y nulo. Estamos pues, señor Fiscal General ante un caso de corrupción de funcionarios de la administración pública que han incumplido sus deberes y concurrido a patrocinar una negociación ilegal.
3. DEBERA DE INVESTIGARSE SI ALGUN FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO CON ESTE NEGOCIADO RECIBIO DINERO PROVENIENTE DE ESTA DUDOSA E IRREGULAR CESION DE CONTRATO.
4. Los funcionarios a cargo de la concesión autorizan un costo de mas de quinientos millones de dólares como valor de las obras, cuando el correcto entendimiento determina que la inversión tal y como consta en el contrato no superaría los cien millones de dólares. Para ello basta con realizar el peritaje de costos que determinarán que los funcionarios a cargo de la concesión de la citada carretera Bernardo Soto, en connivencia con la empresa O.A.S. realizaron un estimado especulativo, lesivo al interés público, con la una finalidad delictiva de enriquecer a O.A.S., se deberá de investigar cual fue la participación activa de los funcionarios públicos que traicionando sus obligaciones de defender el interés público y al Estado, patrocinan esta trama de corrupción, a saber si alguno de ellos pudiese haber obtenido una ventaja económica para sí, por su actuar ilícito.
5. El contrato de concesión autoriza cobros exagerados de peaje a los ciudadanos, los cuales se pueden incrementar hasta en un setenta por ciento, sin justificación alguna con lo cual O.A.S. al final del contrato obtendría ingresos por cuatro mil millones de dólares por concesionar una carretera a la cual no le haría mejoras sustanciales, en otras palabras señor Fiscal General, se estaría autorizado a O.A.S. al COBRO DE UN IMPUESTO A LOS CIUDADANOS, lo cual es facultad exclusiva del Estado Costarricense, que en este caso se le esta delegando a una empresa privada. La pregunta es obligada, quienes están detrás de este negociado, lo cual se debe de investigar a profundidad.
6. Otro hecho de evidente ilicitud es permitir que la concesionaria O.A.S. pueda cobrar peajes con solo la puesta en inició de las obras, con lo cual se patrocina un enriquecimiento sin causa a quien esta obligada primero a realizar las obras civiles y una vez concluidas y aprobadas por los entes del Estado autorizar el cobro de peajes. En síntesis debemos decirlo aunque duela, nuestros funcionarios públicos a cargo de velar por los intereses del Estado Costarricense de manera viciada, ilícita y con corrupción evidente permiten a la empresa O.A.S. el cobro de un peaje a quien no ha hecho la obra para justificar el pago y que esta reciba ingresos de los ciudadanos que le estarían pagando anticipadamente por un servicio que no han recibido.
7. Por último Señor Fiscal General no conoce la historia patria un caso tan abultado de corrupción evidente, los funcionarios públicos han desbordado sus vicios y defienden lo indefendible ante el sentido común. Ante esta noticia criminis le toca a Usted investigar, utilizando todos los recursos procesales y legales de lo cuales el ordenamiento jurídico ha puesto a su disposición ante los delitos evidentes y descarado encubrimiento y patrocinio de las mas altas autoridades políticas para este asalto a los ciudadanos, cual patente de corsario, encubierta en un contrato de concesión.
5 de Abril de 2013
ALBERTO RODRIGUEZ BALDI
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