MARTES, 29 DE JULIO DE 2014 19:38
Pagó sin refrendo a empresa fundada por su directora jurídica
Entre 2012 y 2013, la empresa Consultores en Infraestructura GIP Ltda. −fundada por la directora jurídica del ICE, Julieta Bejarano− recibió del Instituto $275 mil como pago por administrar una unidad ejecutora de fideicomiso cuyo contrato no tenía refrendo de la Contraloría General de la República (CGR).
Consultores en Infraestructura GIP Ltda. es una empresa fundada en 2005 por la directora jurídica del ICE, Julieta Bejarano, luego de acogerse al régimen de movilidad laboral del ICE, después de 32 años de trabajo.
En los últimos nueve años, la firma recibió contratos del ICE para la administración de fideicomisos en desarrollos de infraestructura eléctrica.
La jerarca del ICE alega que, el 7 de mayo del 2010, cedió sus acciones en GIP Ltda. y que, una semana después, fue recontratada como directora jurídica del Instituto.
En el caso de este fideicomiso, el ICE y el Banco de Costa Rica suscribieron un contrato en abril del 2012 para el desarrollo del Proyecto Red de Acceso de Nueva Generación (Range).
El fideicomiso es por ¢30 mil millones y tenía como objetivo la construcción de una red de fibra óptica. La oficina jurídica dirigida por Julieta Bejarano señaló en una nota enviada al jefe de la División de Banda Ancha, Iván Flores, que el contrato de GIP Ltda. no debía ser conocido por la CGR.
“Para efectos de validez y eficacia del contrato no se requiere el refrendo de la Contraloría y bastará con la suscripción de ambas partes”, concluye la nota firmada por Bejarano. El ICE se amparó en las potestades que le otorga la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones.
Criterios opuestos
La tesis de la dirección jurídica del ICE fue rebatida por la Contraloría General de la República (CGR) en junio de 2012, cuando la División de Contratación Administrativa emitió un criterio en donde asegura que la firma de contratos de fideicomisos no está eximida del refrendo de la CGR.
Posteriormente, el Gerente General del ICE, Alejandro Soto, pidió que el caso fuera conocido por la contralora de la República, Marta Acosta, pero, en 2013, la CGR decidió declarar nulo el concurso de ofertas promovido por el fideicomiso, porque no había sido refrendado.
La diferencia de criterios entre su dirección jurídica y la Contraloría provocó que el ICE acudiera al Tribunal Contencioso Administrativo solicitando medidas cautelares a la resolución de la CGR.
La respuesta del Tribunal fue rechazar la petición del ICE.
El caso se resolvió en noviembre del 2013, cuando el Tribunal Contencioso homologó un acuerdo conciliatorio entre ambas partes y la Contraloría accedió a revisar el refrendo del fideicomiso ICE-RANGE-BCR.
Finalmente, el 26 de febrero pasado, el fideicomiso fue refrendado por la Contraloría. Pero en su resolución, específicamente, hizo la salvedad de que dicha validación tiene efectos futuros pero, “no se convalida en forma alguna lo ejecutado sin refrendo”.
Paralelamente a esto, el Banco de Costa Rica en su calidad de fiduciario solicitó en julio del 2012 al ICE aclarar la situación del fideicomiso y consultó si las actividades programadas para la ejecución del proyecto debían continuar o si, por el contrario, esperar los resultados de las gestiones realizadas por el ICE ante la CGR.
Tres días después de dicha petición de información, el ICE en nota firmada por el Gerente de Telecomunicaciones, Claudio Bermúdez, estima que es necesario “no interrumpir la continuidad de la ejecución del fideicomiso suscrito”.
Ante una consulta de UNIVERSIDAD, el Banco de Costa Rica certificó que entre noviembre del 2012 y setiembre del 2013 giró un total de once pagos a la empresa GIP Ltda. Cada una de las facturas presentadas correspondía a la suma de $25 mil.
En total a la firma de consultores se le pagaron $275 mil.
Ahora, la Contraloría General de la República confirmó que el Área de Infraestructura de la División de Fiscalización investiga el caso. La periodista de dicha institución, Viviana Vargas, señaló que por estar abierta esta causa no podrían referirse al caso, ya que esto “podría comprometer la investigación que realiza dicha Unidad”.
Mientras que la Directora Jurídica del ICE, Julieta Bejarano, sostiene aún que el procedimiento no requería refrendo. UNIVERSIDAD solicitó conversar sobre el tema, pero Bejarano solamente remitió a la revisión de los documentos existentes sobre el tema, sin discutir el detalle del caso.
Por su parte, el presidente del ICE, Carlos Obregón, antes de asumir la presidencia del ICE formaba parte del Comité de Vigilancia de dicho fideicomiso, que tenían como objetivo darle seguimiento a la ejecución de los proyectos.
Desde noviembre del 2012, Obregón integró el comité junto a Jorge Sánchez y Rodolfo Silva. Dicha junta sesionaba mensualmente y por cada reunión recibían el pago de dietas que podrían ascender hasta los $255. Obregón renunció en abril de este año, aduciendo que las autoridades del nuevo Gobierno le había designado para ocupar la presidencia del ICE.
Firma “Iceísta”
Consultores en Infraestructura GIP Ltda. nació en el seno del ICE. Fue fundada por extrabajadores de la institución, entre los que se encuentran los ingenieros José Miguel Mena, Marco Antonio Jara, Álvaro Barrantes, Edwin Molina y la abogada Julieta Bejarano.
La sociedad es constituida en la vivienda de Bejarano en diciembre del 2005 y cada una de las partes acuerda aportar el 20% de las acciones. Hasta el 2004 Bejarano había sido directora legal del ICE, a esa fecha se acogió a la movilidad laboral.
La empresa asegura que nace para canalizar las inquietudes profesionales de cinco de sus fundadores, quienes al momento de fundar GIP, ya habían tenido bajo su responsabilidad la Unidad Ejecutora del fideicomiso de Titularización Proyecto Hidroeléctrico Peñas Blancas y fideicomiso P. H. Cariblanco.
El monto total de inversión de estos dos fideicomisos fue de $240 millones.
Posteriormente, entre 2005 y 2010, asumieron como Unidad Ejecutora de proyectos como el Hidroeléctrico Toro 3, Hidroeléctrica Canalete, Térmico Garabito. Por los primeros dos el ICE invirtió la suma de $540 millones, mientras que por el Térmico Garabito hasta ¢12.500 millones.
El ingeniero José Miguel Mena, fundador de GIP respondió a UNIVERSIDAD con relación al fideicomiso RANGE. Mena explicó que fueron contratados en setiembre del 2012 como Unidad Ejecutora de dicho fideicomiso y que fueron informados que el contrato no necesitaba el refrendo de la CGR.
“Tesis bajo la cual procedimos a realizar las funciones para las que fuimos contratados”, concluyó Mena.
Un informe de la auditoría del ICE fechado en 2012, revela algunas inconsistencias presentadas en el proceso de adjudicación de la Unidad Ejecutora del Fideicomiso P.H Toro 3.
La auditoría de la institución detectó que GIP fue contratada sin que antes existiera un procedimiento de contratación mediante un concurso. En este proceso fueron contratados luego de una instrucción de los fideicomitentes. Asimismo, las contrataciones se realizaron sin que se hiciera un análisis de la razonabilidad del precio contratado.
