Un israelí de apellido Abitbol y su esposa costarricense, arraigados en nuestro país, presentaron el 8 de marzo anterior una denuncia penal ante la Fiscalía de Garabito, la cual quedó registrada bajo el expediente 17-000115-0645-PE.
En la acusación la pareja asegura que fue estafada por un norteamericano de apellidos Frank Reeves, representante de una sociedad denominada GreenLeaf Holdings Technologies, por medio de la cual adquirieron una licencia por $25 mil (ȼ13 millones) que les autorizaba la siembra de marihuana medicinal en nuestro territorio.
La denuncia indica que para ello les entregaron un documento con sellos y membrete del Ministerio de Salud que contiene la aparente firma de la viceministra de la cartera, María Esther Anchía.
Según la acusación penal en manos de DIARIO EXTRA y las pruebas presentadas por los representantes legales del extranjero, dicha sociedad tendría también vínculos con el precandidato presidencial de la Unidad Social Cristiana, Gerald Murray, así consta en las diligencias realizadas ante el Ministerio Público de Garabito (ver documento de sociedad del Registro Nacional en que aparece el denunciado Murray).
POR MEDIO DE CONTRATOS
Según explicó el abogado, sus clientes fueron contactados muchas veces para ofrecerles las licencias de siembra de marihuana, ya que ellos estaban interesados en explotar dicho negocio en Costa Rica, cuando la ley pasara en el Congreso.
“El contrato que aseguraba la compra de la licencia para sembrar marihuana es de una sociedad vinculada a Gerald Murray. Mi representado le entregó el dinero en una cuenta certificada por las autoridades financieras. Los depósitos se hacen en tractos para evadir los controles financieros por tratarse de montos a depositar superiores a los $10 mil”, explicó Jorge Benavides Herrera, licenciado en Finanzas, Banca y Bolsa, y representante de la firma Benavides Herrera & Asociados, especialistas en delitos económicos.
Según el representante del israelí, su bufete tiene conocimiento que la estafa no solo incluye a su cliente, ya han contactado a otra compañía interesada en el mercado cannábico, que al parecer también giró montos cercanos a los $25 mil y cuyos afectados aglomerados en esa compañía llegarían al orden de las 100 personas, por lo que el daño sería por un monto cercano a los $3 millones (ȼ1.500 millones).
REUNIONES EN JACÓ
El abogado demandante expresó que el interés del israelí en el tema de las licencias para sembrar marihuana medicinal inició desde el momento en que los involucrados lo contactaron hace poco más de un año y le ofrecieron la posibilidad de adquirirla, asegurando que contaban con contactos en la Asamblea Legislativa, donde se estudiaba el caso.
Los ahora acusados le mencionaron al denunciante que las licencias serían efectivas antes de la aprobación de la ley y que posteriormente estas llegarían a valorarse en montos de hasta de $1 millón, explicó Benavides.
“Por medio de correos electrónicos de un supuesto funcionario de la empresa GreenLeaf Holdings Technologies, de apellido Sánchez, le aseguraron al demandante los vínculos estrechos de la compañía con altos mandos de la Asamblea Legislativa, asunto que aún estamos investigando”, destacó el abogado de las víctimas.
Uno de los documentos referidos a la fiscalía evidencia la forma en que la supuesta compañía trataba de convencer al extranjero para que comprara las licencias falsas.
“Mi meta inicial es despertar su interés y organizar reuniones con algunos actores clave en Costa Rica, junto con los redactores de la ley. Nuestro aliado clave es un senador de Costa Rica...”, indica el correo electrónico enviado al foráneo por parte de la compañía del demandado Frank Reeves.
Entre las negociones y supuestos ofrecimientos de Murray y Reeves, se pactó una reunión programada el año anterior en la localidad de Jacó en la que participaron los señalados en este caso.
“Reeves no está en el país en este momento y Murray niega el vínculo que inició en un hotel de Jacó y estos se presentaron como los únicos representantes en Costa Rica para vender licencias de marihuana, a mis clientes les interesó la posibilidad y confiaron sin asesorarse”, detalló Jorge Benavides.
LICENCIAS FALSAS
Entre las pruebas aportadas a la Fiscalía de Garabito, destaca un documento del Ministerio de Salud con sellos y membretes de la institución, que fue presentado a los demandantes cuando se procedió al pago de la licencia por parte de los interesados.
El permiso presentado tiene oficio número 0001 (ver foto falsa licencia de siembra de marihuana) y fue entregado el 15 de diciembre del 2016 a los ofendidos.
El documento está autorizado con la firma de la viceministra de Salud, María Esther Anchía, y manifiesta que la razón social Lactuaric Investment S.A. está autorizada para la siembra de marihuana por parte del Instituto Costarricense de Investigación, Regulación y Control de Cannabis.
En la misma se expresa que el oficio es un permiso de funcionamiento y operación de licencia.
“Viene un permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud de un instituto que no existe y con la firma de la viceministra que no corresponde a la de la funcionaria. El documento fue vendido por 25 mil dólares y le daba la autorización de sembrar 300 mil plantas de marihuana”, aseguró el abogado Benavides.
• Gerald Murray
MILITANTE DEL PUSC NIEGA ACUSACIONES
Por medio de la página Marihuana Medicinal Costa Rica, el precandidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Gerald Murray, negó toda relación con el caso y anunció que habrá implicaciones legales para desacreditar la acusación penal presentada en su contra.
“Anda una noticia falsa por redes sociales haciendo acusaciones muy fuertes, sobre la participación de políticos, autoridades de gobierno, empresarios y nuestro director general. Estos ataques son hechos por un ‘medio de comunicación’ que le pertenece al único laboratorio que opera y comercia legalmente con cannabis en el país.
Por esa razón hemos procedido con una acusación penal en contra del dueño del medio, el que redactó la noticia”, indica el comunicado firmado por Gerald Murray, director general de CMCR.
La afirmación es en alusión a una página web informativa denominada Medical Cannabis News, que compartió la acusación que se cristalizó en la demanda presentaba a inicios de este mes.
• Dra. María Esther Anchía
VICEMINISTRA ADUCE QUE SU FIRMA ES FALSA
DIARIO EXTRA realizó la consulta al Ministerio de Salud sobre la existencia del documento que avala las licencias vendidas en la millonaria cifra y por medio de un comunicado indicaron que el documento es falso y la firma no corresponde a la de la viceministra Anchía.
“El Ministerio de Salud informa a la población que el documento bajo el título de un supuesto Instituto Costarricense de Investigación, Regulación y Control de Cannabis es completamente falso. Este instituto es inexistente.
El Ministerio de Salud desmiente categóricamente que dicho documento haya sido firmado por la viceministra de Salud, Dra. María Esther Anchía Angulo”, reza el comunicado de prensa.
En la denuncia penal se indica que este documento falso fue entregado al demandante como el aval que le aseguraba el derecho de explotación de cannabis medicinal y los demandados se comprometieron a que en diciembre del 2016 quedaría en firme la ley en la Asamblea Legislativa.
• Marvin Atencio del PAC
DIPUTADO PIDE INVESTIGAR DENUNCIA POR ESTAFA
El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marvin Atencio, quien forma parte de la comisión que analiza el proyecto, confirmó a DIARIO EXTRA que en su despacho tiene copia tanto de la licencia falsa del Ministerio de Salud, como de un contrato firmado por las partes involucradas.
“Sumamente preocupado porque el proceso para crear la ley que autoriza el uso del cannabis medicinal no ha concluido y con este documento que incluye una firma falsa de la señora viceministra y también de un contrato que hicieron, es claro que incurren en una falsedad ideológica y me parece que es un asunto penal, porque entiendo que han estafado a esta empresa con una cantidad importante de dinero, de venta de licencias en dólares”, indicó.
Atencio reiteró que si la ley no se aprueba como debe ser, tanto el uso ilegal de la droga seguirá, como las estafas a empresarios honestos.
“Son personas que se prestan para estafar a empresarios de buena fe, que quieren invertir en un proyecto muy importante, pero que tiene primero que llegar a ser ley y estar regulado por el Ministerio de Salud y que puede durar hasta dos años para llegar a funcionar”, manifestó Atencio.
