Una organización pública que perdió el rumbo.
Alfonso J. Palacios Echeverría
Desde hace ya algunas semanas la prensa nacional ha sido el escenario de una lucha encarnizada entre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), por cuanto la segunda le ha determinado a la primera que debe “devolverle” a los usuarios (entiéndase los ciudadanos, es decir, los dueños del ICE) un sobre precio que pagaron durante bastante tiempo en las tarifas eléctricas, que meses atrás le había aprobado, previendo las tradicionales pérdidas del caudal de las hidroeléctricas durante el verano pasado (lo cual no se dio), y que los precios de los combustibles, necesarios para hacer funcionar las plantas generadoras, mantendrían el nivel anterior a la crisis mundial, (lo cual no se dio tampoco, sino que más bien se vinieron abajo), con lo cual el ICE economizó más de cincuenta y cinco mil millones de colones.
Esta devolución, entendámonos bien, sería por un monto bastante menor, y mediante una reducción de la tarifa durante un tiempo determinado, hasta lograr la cantidad determinada por la ARESEP. Es decir, no sería una reducción de tarifa permanente, sino temporal.
Pues bien, el ICE, utilizando el argumento que ello le restaría capacidad de inversión hacia el futuro, ha desatado una campaña feroz a través de los medios de comunicación, llegando incluso a apelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo (sin haber agotado el procedimiento administrativo ante la ARESEP), logrando suspender la aplicación de la resolución que la obligaba a ello a partir del 1 de Septiembre.
En ocasiones anteriores he defendido al ICE, denunciando las políticas que éste y gobiernos neoliberales anteriores han aplicado, en el sentido de impedirle su normal desarrollo con el propósito de debilitarlo, y así justificar la penetración de los intereses privados en la generación y distribución de energía eléctrica, como también lo han hecho en el campo de las telecomunicaciones, hasta llegar a lo que eufemísticamente se llama “apertura”, dentro de lo acordado en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y los países centroamericanos.
Pero en esta oportunidad debemos hacer una llamada de atención, muy seria y enérgica, porque al parecer el ICE ha perdido su rumbo con esta actitud. Y si bien es cierto que los ciudadanos lo apoyaron fuertemente cuando el ex presidente Rodríguez Echeverría intentó “venderlo al mejor postor”, ello no significa que nosotros, los ciudadanos, los dueños de las organizaciones públicas, le hayamos dado carta blanca para actuar a su antojo, caprichosamente, y mucho menos, mentir tan descaradamente, como lo están haciendo en esta situación.
Y digo mentir, porque el argumento de que pierden capacidad financiera para futuras inversiones es falso. El aumento de tarifas (que debió haber sido por un tiempo determinado, no como la estableció la ARESEP, indefinido) tenía la intención expresa que mencionamos anteriormente, y por lo tanto, una vez desaparecidas las circunstancias que lo justificaban, de oficio -no como en esta ocasión sucedió, a solicitud del sector industrial- la ARESEP debió rebajarlas de inmediato. Es decir, era una medida temporal, que el ICE se creyó como definitiva porque le convenía, pues ya en las tarifas anteriores estaba contemplado, como era de esperarse, que la Instituto cubriera sus costos y obtuviera réditos que invertiría en proyectos futuros. Aquí falló la ARESEP, pues debió haber establecido en la autorización del aumento, una cláusula de suspensión de la medida una vez se debilitaran o desaparecieran las causas que la justificaban.
Resulta ahora incluso lastimero ver al vocero del ICE aparecer con ceño fruncido y gesto amargado en los medios televisivos, defendiendo lo indefendible. Por ello le queremos recordar algunas cosas a todos y cada uno de los funcionarios de esta organización pública, a la que le reconocemos su importantísimo papel en el desarrollo del país.
En primer lugar, que no son una empresa privada, voraz e indiferente de las necesidades de los ciudadanos. Que son los ciudadanos sus dueños, que su razón de existir somos todos los costarricenses, y que no pueden y no deben olvidar ni por un segundo esta realidad. Que el principio de solidaridad social sobre el que su fundamenta su existir, debe ser la meta en esta oportunidad, y que no le podemos permitir que se desvíen de él. Cualquier otra actitud está alejada de su naturaleza de organización pública, y la consideramos como un acto de soberbia inaceptable. No son una “república independiente” que puede hacer lo que les venga en ganas.
En segundo lugar, que no pueden ahora ampararse en la nueva ley que se aprobó en la Asamblea Legislativa, siendo una de las que siguieron al “ajuste” posterior al TLC, para ocultar a los ciudadanos informaciones que nos pertenecen a todos, o tergiversar datos en su beneficio, pues somos los dueños de la organización. La transparencia debe ser el pilar fundamental sobre el que se base su funcionamiento. Y que no estamos dispuestos a aceptar que la burocracia se apodere de la organización, llámese como se llame, y la maneje de espaldas al pueblo. Ya bastante se filtra hacia la opinión pública sobre las corruptelas internas que existen en la administración, a todo nivel, y que no se han solucionado y erradicado, por falta de pantalones de quienes debieran hacerlo, o porque todos son cómplices de las mismas.
En tercer lugar, que comprendemos que, como producto de los ataques a que ha sido sometida la organización, en su “cultura organizacional” se haya introducido un elemento negativo, como es la neurosis colectiva organizacional que los hace estar siempre alerta frente a los políticos de turno, pues han sido víctimas de todos los artilugios que el neoliberalismo disfrazado de al menos los últimos cuatro gobiernos ha utilizado para debilitarla. Pero que en esta oportunidad el tema es otro. Y pueden estar seguros que -como cuando el “Combo del ICE”- se trate de atacarla para destruirla, el pueblo entero les defenderá. Pero con esa misma energía les exigimos cordura, honradez y coherencia.
Es, pues, una fuerte llamada de atención, para que rectifiquen, pues han perdido su rumbo. Y todo parece como rabieta de chiquillo malcriado a quien le han arrebatado un caramelo… pero un caramelo de cincuenta y cinco mil millones de colones. Aunque solamente nos van a devolver una parte, porque la otra ya se la comieron.
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