DERECHO DE RESPUESTA.
FRENTE A UNA INFAMIA, LA VERDAD BIEN FUNDAMENTADA.
San José, 20 de mayo del 2013
Lic. Oscar Aguilar Bulgarelli
Presente
Estimado don Oscar:
Como Derecho de Respuesta, le ruego acoger y comunicar a sus radioescuchas y tele-escuchas, la siguiente nota de mi parte. Independientemente, con mucho gusto estoy dispuesto a participar en cualquiera de sus programas, si Usted lo considera pertinente, para hablar sobre el tema de esta aclaración pública o sobre cualquiera de los otros casos en que he intervenido como Abogado.
1.- Hace 3 años, el Gobierno de Venezuela intervino 35 Casas de Bolsa y varios bancos y empresas privadas de seguros, como parte de su visión ideológica con respecto al Sector Bancario y Financiero y el proyecto político de la Revolución Bolivariana.
2.- Además y paralelamente, el gobierno venezolano logró introducir una alerta internacional, por medio de INTERPOL, con respecto a 19 banqueros y empresarios privados. Esos empresarios se refugiaron o encontraron asilo político en países como los Estados Unidos, República Dominicana, Colombia, Panamá y Costa Rica.
3.- Junto al Dr. Joe Whitley, Ex Procurador, Ex Consejero Legal del Departamento de Justicia, uno de los redactores de la ley que creó el Homeland Security o Ministerio de Interior de los Estados Unidos y su primer Consejero Legal, en la actualidad miembro asociado de Greenberg-Trauberg, uno de los bufetes de abogados más prestigiosos y respetados de Washington, asumí profesionalmente la defensa de varios de esos casos y, muy especialmente, el de Leopoldo y Gabriel Castillo Bozo y el Grupo Ban Valor de Venezuela.
4.- Le informo que, desde hace más de 2 años, la alerta internacional de INTERPOL está borrada y desestimada. Ante la Comisión de Control de INTERPOL, en Lyon, Francia, órgano superior y de control de la policía mundial, se demostró fehacientemente que las acciones del gobierno chavista respondían, exclusivamente, a razones de persecución política, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 3 de los Estatutos Constitutivos de la INTERPOL. Como consecuencia y después de un procedimiento escrito y oral, la Comisión de Control le ordenó a la Secretaría General de INTERPOL eliminar la alerta respectiva y desestimar la solicitud del gobierno venezolano.
5.- En la actualidad, tenemos presentada una demanda contra el Estado Venezolano, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, por violaciones expresas y flagrantes a los artículos respectivos del Pacto de San José o Convención Interamericana de Derechos Humanos, referidos al derecho al debido proceso, las garantías jurisdiccionales y el derecho a la propiedad privada. La demanda está en fase final de decisión, para ser posteriormente enviada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica
5.- En ambos casos, el Estado Venezolana fue notificado, como corresponde en Derecho Internacional.
6.- En Venezuela no existe Estado de Derecho, ni independencia entre los Poderes del Estado. El Poder Judicial responde a las directrices políticas e ideológicas del Poder Ejecutivo. De eso existen innumerables informes internacionales. Lo que existe es un aparato de desinformación y propaganda al servicio de la Revolución Bolivariana, al estilo de los regímenes fascistas del pasado o los pocos regímenes comunistas que quedan en el mundo, como el de Cuba y Korea del Norte.
7.- Los hermanos Castillo Bozo podrían haberse quedado en los Estados Unidos, disfrutando de su fortuna bien habida en el campo de la banca, los seguros y la agricultura. Optaron, sin embargo, por seguir trabajando en los campos de su especialidad y fundaron el Grupo BBA, con sede en Aruba y bajo las estrictas leyes de el Reino de Holanda y de la Comunidad Europea, con importantes inversiones en los Estados Unidos (Nueva York y Miami), Republica Dominicana, Guatemala y Panamá.
8.- Le aclaro que la fortuna económica de los hermanos Castillo Bozo viene desde atrás por razones familiares y que su padre, don Osvaldo Castillo, es un viejo y conocido banquero y empresario venezolano, de mucha tradición y años de trabajo en su país. Todos sus hijos siguieron esa tradición y, sus inversiones en los Estados Unidos, son de muchos años y están plenamente consolidadas en Nueva York y Miami. El Grupo BBA es de más reciente creación y responde a una estrategia de negocios en Centro América y el Caribe.
8.- Después de los hechos resueltos de INTERPOL y de la demanda ante la CIDH contra el Estado Venezolano, los hermanos Castillo Bozo me ofrecieron el cargo de Asesor y Consejero Legal de sus empresas. Acepté y esa es la razón por la que paso cerca de 10 días al mes, en tales funciones en los países citados y como miembro asesor de la Junta Directiva.
No tiene Usted derecho a desinformar al pueblo costarricense, por medio de sus programas. Una cosa es simpatizar con el gobierno chavista y la revolución Bolivariana, lo cual es el derecho de cualquiera, pero otra muy distinta es difundir informaciones falsas y tendenciosas. Los hechos son lo que le he señalado y están muy claros y bien fundamentados y probados, aunque el aparato de desinformación venezolano y cubano, por medio de las redes sociales y en publicaciones allegadas al régimen chavista, diga lo contrario. Eso es parte del estilo de gobierno de los regímenes autoritarios. "Mentir y mentir...que al final algo queda".
Es más, en el caso de los hermanos Castillo Bozo se produjo una jurisprudencia internacional de la mayor importancia y de la cual me siento, en lo personal y como abogado especializado en Derecho Internacional, muy orgulloso, porque se determinó por parte de la Comisión de Control de INTERPOL, integrada por siete comisionados de distintas regiones del mundo, que la persecución política, por parte de regímenes autoritarios, no califica solamente cuando se efectúa contra políticos, como es el caso de Manuel Rosales -anterior Candidato a la Presidencia de la República contra el propio Teniente Coronel Hugo Chávez Frías- o contra Carlos Ortega, líder de la Confederación Venezolana de Trabajadores, ambos exilados políticos en Perú y en cuya defensa igualmente participe, sino que también califica cuando se ejerce sin fundamento legal ni probatorio, contra empresarios privados, a los que se procede a confiscar sus bienes, por una decisión fundamentada en razones políticas e ideológicas. Con ello, el mundo avanzó en sus Derechos Humanos.
Claro está, todo lo anterior si se cree en el régimen democrático y en el Estado de Derecho y si se entiende que la INTERPOL es una institución muy seria y respetable que procede en estricto acatamiento y contra los legajos probatorios y no por demagogia o populismo.
Quedo a sus órdenes, atentamente
Lic. Fernando Berrocal Soto
Abogado, Carné 1211.
