sábado, 10 de julio de 2010
Amenaza regional: Masiva presencia militar de EEUU en Costa Rica
Caracas, 08 Jul. AVN (Por Eva Golinger).- El pasado 1º de julio, el Congreso de Costa Rica autorizó la llegada de 46 buques de guerra y 7 mil tropas estadounidenses a las costas costarricenses para realizar operaciones militares, misiones antinarcóticos y supuestas acciones humanitarias en la región.
Según la prensa costarricense, la mayoría de las naves de guerra son fragatas con una longitud de 135 metros, con capacidad para transportar dos helicópteres artillados SH-60 o HH-60B – Blackhawks, además de 200 marines y 15 oficiales en cada uno.
Pero otras naves y portaaviones, como el USS Making Island, tienen la capacidad para transportar a 102 oficiales y casi 1500 tropas, y están artillados y preparados para el combate intensivo. Pueden transportar 42 helicópteros CH-46, cinco aviones de combate duro AV-8B Harrier y seis helicópteros Blackhawk.
También se ha autorizado la entrada de submarinos de combate, naves tipo catamarán, un buque hospital y vehículos de reconocmiento y combate con la capacidad de movimiento tanto por mar como por tierra. Podrá ingresar a Costa Rica el buque USS Freedom, con la capacidad para combatir a submarinos.
Impunidad para los soldados estadounidenses
Un documento oficial enviada de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica al Ministerio de Seguridad del país centroamericano explicó las condiciones de impunidad plena que disfrutarán los soldados estadounidenses, “El personal de los Estados Unidos en Costa Rica podrá disfrutar de libertad de movimiento y el derecho de realizar las actividades que considere necesarias en el desempeño de su misión”.
La autorización, solicitada por la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, fue aprobada por el Congreso para un periodo de seis meses, hasta el 31 de diciembre de 2010. No obstante, sectores políticos del país también caribeño, se oponen a ésta medida, y consideran que “la magnitud bélica [de la presencia militar estadounidense] violenta la soberanía del país”.
Los partidos políticos costarricenses Acción Ciudadana (PAC), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Frente Amplio (FA) también se opusieron a la presencia militar estadounidense, alegando que “la fuerza destructiva de los buques, helicópteros y marines es desproporcionada para el combate del narcotráfico”.
Amenaza Militar
El año pasado, Estados Unidos y Colombia firmaron un acuerdo militar para permitir el uso de siete bases militares en el territorio colombiano, además de cualquier otra instalación civil o militar que sea necesaria para el cumplimiento de las operaciones y misiones estadounidenses en Suramérica.
Un documento oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos reveló que su presencia en Colombia era necesaria para poder ejecutar operaciones militares de “amplio espectro” por todo el continente. Además, el documento indicó que desde Colombia, las fuerzas estadounidenses combatirían “la constante amenaza de…los gobiernos anti-estadounidenses en la región”, haciendo referencia a los vecinos de Colombia, como Venezuela, Ecuador y Bolivar, considerados por Washington como “adversarios”.
El documento de la Fuerza Aérea también habló de la capacitación de las Fuerzas Armadas estadounidenses para poder ejecutar “una guerra de forma expedita” en la región, utilizando a Colombia cómo base de operaciones.
Durante los últimos cuatro años, Washington ha aumentado su presencia militar en las islas de Aruba y Curazao, donde desde el 1999 mantiene pequeñas bases de operaciones de avanzada. Las islas nerlandesas están ubicadas a menos de 70 kilómetros de la costa venezolana.
Luego de la tragedia producida por el terremoto en Haiti en enero, Estados Unidos envió por encima de 20 mil tropas y equipos militares desproporcionados al país caribeño. La creciente presencia militar estadounidense fue percibida por muchos en la región como un intento de militarizar al Caribe e intimidar a países como Venezuela, clasificado por Washington como “una amenaza” a sus intereses.
La Constitución de Costa Rica prohíbe la presencia de fuerzas armadas en su territorio y proclama al país cómo una zona de paz. La nación centroamericana no tiene ni siquiera sus propias fuerzas armadas o equipos de defensa.
La sorprendiente, desproporcionada y masiva presencia militar estadounidense en Costa Rica parece formar parte de la expansión militarista de Estados Unidos en la región que busca recuperar su dominación e influencia sobre lo que aún considera su “patio trasero”.
Masiva tala de almendro amarillo en Cutris de San Carlos
Tribunal Ambiental solicita intervención urgente del MINAET en San Carlos tras recibir alerta de la Guardia Rural de Los Chiles sobre tala ilegal de almendro amarillo, especie vedada que es hábitat de la lapa verde.
Alrededor de 50.000 metros cúbicos de madera se localizaron en una finca de unos extranjeros de origen oriental para aparente tráfico ilegal de madera.
El Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) está solicitando la intervención urgente de autoridades de el Área de Conservación Arenal - Huetar Norte del SINAC/MINAET en una finca ubicada en Los Almendros de Cutris, San Carlos, donde ha sido detectada una masiva tala ilegal de almendro amarillo, una especie forestal absolutamente vedada por ser el hábitat de la lapa verde, la cual se encuentra en peligro de extinción.
La alerta fue presentada hoy ante el Tribunal Ambiental por la Delegación de la Guardia Rural de Los Chiles, informando que han localizado alrededor de 50.000 metros cúbicos de madera de almendro amarillo, que representa una gran cantidad de tucas y madera aserrada como para llenar hasta cinco furgones.
La tala se localizó en una finca propiedad de extranjeros de origen oriental y ha puesto en alerta a las autoridades pues se trata de bosque primario con almendro amarillo. La corta se habría hecho, aparentemente, para tráfico ilegal de esta madera preciosa, cuyo valor en el mercado es alto.
Un equipo del Tribunal Ambiental ha estado haciendo inspecciones esta semana en la zona de San Carlos y Los Chiles, alrededor del Refugio Silvestre de Caño Negro y otras áreas, debido a la cantidad de denuncias sobre afectación ambiental que se están dando en esta zona. El Tribunal Ambiental ofrecerá un informe detallado a principios de la semana entrante.
“Estamos sumamente preocupados por los daños ambientales que se están dando en toda la zona de San Carlos y Los Chiles, incluyendo Cutris, donde ahora se está detectando además esta tala masiva de almendro amarillo, una especie que se encuentra vedada por su importancia como hábitat para la lapa verde”, recalcó José Lino Chaves, Presidente del Tribunal Ambiental.
Se quiere aplicar a Costa Rica lo que con sangre y fracasos se hizo en México, dice Arnoldo Mora
Caracas, 09 Jul. AVN.- El analista político y emérito profesor universitario, Arnoldo Mora, manifestó este viernes en una de las columnas más leídas que “se quiere aplicar a Costa Rica lo que, con gran derramamiento de sangre y total fracaso ha intentado el presidente Calderón en México", en referencia a la "ocupación" del país centroamericano por tropas de Estados Unidos (EEUU) autorizadas por el Congreso tico.
La decisión del Poder Legislativo de Costa Rica referida a la autorización que otorgara a miles de marines para ocupar el territorio nacional, no fue bien acogida por la ciudadanía quienes junto a varios diputados de oposición de los partidos Acción Ciudadana (PAC), Frente Amplio (FA) y Unidad Social Cristiana (PUSC), anunciaron su rotundo rechazo a la medida.
Para el columnista del diario La República, Arnoldo Mora, quien tituló su trabajo "Costa Rica ocupada", la salida del hemiciclo de un grupo de diputados fue un: “Gesto patriótico que los enaltece, un grupo numeroso salió del plenario cuando se dio esa nefasta votación, en que los siervos menguados dieron el abrazo de bienvenida a las huestes de William Walker”.
Precisó una nota de Mora que: “Si algunas resoluciones de la Sala IV han reducido a su mínima expresión las facultades otorgadas por la Carta Magna al Primer Poder de la Nación, este voto mayoritario para que los marines yanquis ocupen el país por encima de nuestras leyes y tribunales, constituye la renuncia total a todas esas potestades constitucionales y que por mandato popular deberían ser los primeros en cumplir”.
Según la prensa costarricense un total de 46 buques de guerra, 184 helicópteros de la más sofisticada tecnología bélica, 10 aviones que permiten transportar un ejército altamente profesionalizado compuesto por 13.629 soldados, entrarían y ocuparían Costa Rica por mar, tierra y aire, comentó el columnista.
“El pretexto para perpetrar ese monstruoso asalto a la soberanía nacional es el combate al narcotráfico que, con razón, se considera uno de los mayores males que acechan a los hogares e instituciones nacionales”, reseñó Mora quien es miembro de Número de la Academia Costarricense de la Lengua.
“Se quiere aplicar a Costa Rica lo que, con gran derramamiento de sangre y total fracaso ha intentado el presidente Calderón en México. Pero, a decir verdad, lo único que en ese país han conseguido es militarizar la lucha contra los carteles de la droga y provocar con ello una guerra civil que, solamente durante el actual gobierno, ha provocado 26 mil muertes con resultados nulos ya que los carteles se han acrecentado en número y poder”.
Continúa el texto de Mora afirmando que: ”Todo eso se debe a que Washington no tiene interés en destruir el negocio ilícito de la droga, porque de ese negocio se nutre en buena medida su economía, dado que los grandes bancos tienen el lavado como uno de sus negocios más lucrativos”.
Finalmente señaló que: “Si realmente quisieran combatir el narcotráfico tendrían que comenzar por los propios Estados Unidos, principales consumidores de droga (25%) y el mayor mercado consumidor (30 millones). Por eso, la única razón de hacer este despliegue militar en nuestro suelo es de índole geopolítica”.
Estallido de violencia en Panamá provoca éxodo a Costa Rica
Turistas extranjeros atrapados por el estallido de incidentes armados en la sublevada provincia panameña de Bocas del Toro empezaron a emigrar hoy a Costa Rica, en busca de seguridad, confirmaron hoy medios locales.
Sin embargo, debido a la falta de transporte, muchos visitantes se sienten atrapados y no saben hacia dónde dirigirse, en medio de los más graves alzamientos de esa provincia en los últimos cien años.
Este sábado se registraron nuevos enfrentamientos entre obreros bananeros, en su mayoría indígenas de la etnia Ngöbe-Buglé, y agentes del Cuerpo de Control de Multitudes de la Policía Nacional.
Los choques se produjeron en finca 13, en el distrito de Changuinola, con ráfagas de armas automáticas, un día después del fracasado del diálogo con una comisión oficial.
Trabajadores de la empresa bananera Bocas Fuit Company advirtieron que seguirán en pie de lucha hasta que sea derogada la Ley 30, mejor conocida como "Ley 9 en 1" o "Ley Chorizo", que es reconocida como el detonante de la crisis.
Los manifestantes, armados con palos, piedras y machetes, cerraron el acceso al puente sobre el río Changuinola, uno de los más importantes del distrito, de vocación bananera y agrícola.
El área ha sido sobrevolada varias veces por helicópteros para detectar a grupos que lanzaron escaramuzas contra varios cuarteles.
Los huelguistas recordaron este sábado a un obrero indígena muerto en enfrentamientos con las fuerzas de represión policial y a más de un centenar de heridos en diversas refriegas.
Por otro lado, los sindicatos, gremios de educadores y grupos ambientalistas mantienen desde el viernes una vigilia en la capital panameña, como anticipo a una huelga nacional, en procura de la derogación de la Ley 30, que consideran inconstitucional.
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) ofreció su apoyo a los obreros indígenas en Boca del Toro, y confirmó el inicio de consultas para convocar a una huelga nacional a partir del lunes.
Sin embargo, la ministra de Trabajo y Desarrollo Social, Alma Cortés, negó que el gobierno pretenda derogar la legislación, cuyo objetivo sería la atracción de inversiones foráneas y la eliminación de trabas burocráticas para contratar o despedir a empleados.
Los manifestantes acusan al gobierno de Ricardo Martinelli de entregarle a Panamá a las multinacionales mineras e instaurar un régimen de explotación laboral, con métodos dictatoriales de derecha.
No obstante, el vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Antonio Fletcher, abogó por el diálogo y estimó que una huelga nacional "no será beneficiosa" para este país, que este año ha alcanzado grados de inversión por su desempeño económico.
En previsión de incidentes en zonas metropolitanas, el gobierno dispuso el cierre de colegios secundarios. Asimismo, la Universidad de Panamá fue clausurada en forma indefinida.
Sin embargo, debido a la falta de transporte, muchos visitantes se sienten atrapados y no saben hacia dónde dirigirse, en medio de los más graves alzamientos de esa provincia en los últimos cien años.
Este sábado se registraron nuevos enfrentamientos entre obreros bananeros, en su mayoría indígenas de la etnia Ngöbe-Buglé, y agentes del Cuerpo de Control de Multitudes de la Policía Nacional.
Los choques se produjeron en finca 13, en el distrito de Changuinola, con ráfagas de armas automáticas, un día después del fracasado del diálogo con una comisión oficial.
Trabajadores de la empresa bananera Bocas Fuit Company advirtieron que seguirán en pie de lucha hasta que sea derogada la Ley 30, mejor conocida como "Ley 9 en 1" o "Ley Chorizo", que es reconocida como el detonante de la crisis.
Los manifestantes, armados con palos, piedras y machetes, cerraron el acceso al puente sobre el río Changuinola, uno de los más importantes del distrito, de vocación bananera y agrícola.
El área ha sido sobrevolada varias veces por helicópteros para detectar a grupos que lanzaron escaramuzas contra varios cuarteles.
Los huelguistas recordaron este sábado a un obrero indígena muerto en enfrentamientos con las fuerzas de represión policial y a más de un centenar de heridos en diversas refriegas.
Por otro lado, los sindicatos, gremios de educadores y grupos ambientalistas mantienen desde el viernes una vigilia en la capital panameña, como anticipo a una huelga nacional, en procura de la derogación de la Ley 30, que consideran inconstitucional.
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) ofreció su apoyo a los obreros indígenas en Boca del Toro, y confirmó el inicio de consultas para convocar a una huelga nacional a partir del lunes.
Sin embargo, la ministra de Trabajo y Desarrollo Social, Alma Cortés, negó que el gobierno pretenda derogar la legislación, cuyo objetivo sería la atracción de inversiones foráneas y la eliminación de trabas burocráticas para contratar o despedir a empleados.
Los manifestantes acusan al gobierno de Ricardo Martinelli de entregarle a Panamá a las multinacionales mineras e instaurar un régimen de explotación laboral, con métodos dictatoriales de derecha.
No obstante, el vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Antonio Fletcher, abogó por el diálogo y estimó que una huelga nacional "no será beneficiosa" para este país, que este año ha alcanzado grados de inversión por su desempeño económico.
En previsión de incidentes en zonas metropolitanas, el gobierno dispuso el cierre de colegios secundarios. Asimismo, la Universidad de Panamá fue clausurada en forma indefinida.
SALA IV DIJO NO A AUMENTAZO DE LOS DIPUTADOS
Magistrados señalaron errores en el procedimiento del proyecto
SALA IV TAMBIÉN DEJÓ A DIPUTADOS SIN “AUMENTAZO”
Magistrados señalaron errores en el procedimiento del proyecto
SALA IV TAMBIÉN DEJÓ A DIPUTADOS SIN “AUMENTAZO”
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Carlos Avendaño, Danilo Cubero, Walter Céspedes, Viviana Martín y Justo Orozco, de izquierda a derecha, impulsaron el fallido aumento salarial para los diputados. |
La Sala Constitucional determinó ayer que las bancadas que impulsaron el “salariazo” cometieron errores en el procedimiento, tiñendo de vicios de constitucionalidad el trámite del proyecto que fue aprobado el 24 de mayo.
LO QUE MAL COMIENZA
...
Los diputados decidieron tramitar por la vía rápida su aumento salarial de ¢2,6 millones a ¢4,3 millones mensuales.
El mecanismo que escogieron fue el estipulado en el artículo 208 bis del Reglamento Legislativo, que limita los tiempos para la discusión del plan y de las mociones presentadas para modificarlo.
Cuando el tema se empezó a tramitar, los diputados vieron que el proyecto no había cumplido con el requisito de publicidad, por lo que se decidió suspender el trámite de discusión para publicarlo en La Gaceta, habilitando más días para la presentación de las mociones. En el lapso, varios diputados decidieron retirar su apoyo al aumento.
Después vendría el anuncio de la presidenta Laura Chinchilla de que, en caso de aprobación, vetaría el proyecto, pues podría significar un conflicto de intereses. Esto porque también se habrían incrementado las pensiones de los ex presidentes, beneficio del que gozará cuando deje el gobierno.
Debido a los vicios en el procedimiento, los magistrados consideraron innecesario pronunciarse sobre el fondo del proyecto.
CASO CERRADO
Consultada sobre el criterio de la Sala, la diputada Viviana Martín, jefa de fracción de Liberación Nacional, declaró que el tema es asunto cerrado. “Nuestras declaraciones en su momento fueron que este es un expediente archivado de nuestra parte”, se limitó a decir ayer.
El jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Juan Carlos Mendoza, celebró la decisión de los magistrados: “El trámite del proyecto fue atropellado y estaba pensado para cercenar el derecho de enmienda de los diputados. Fue un procedimiento abusivo”, declaró anoche el diputado.
Aunque ya está dicho que el oficialismo quitó el impulso al aumento salarial diputadil, si el Parlamento decidiera rescatar el proyecto, primero debería retrotraer su trámite hasta el punto donde se cometieron los errores señalados por la Sala, no sin antes enmendar sus contenidos, en caso de que existan yerros que los magistrados rehusaron puntualizar.
Un Mensaje a la Conciencia
Un Mensaje a la Conciencia
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Alto, buen mozo, de treinta y un años de edad, cayó sin embargo en una profunda depresión. A pesar de ejercer una buena profesión —la de taxidermista— en Génova, Italia, había sido incapaz de conquistar a una señorita. Esto llevó a Francesco Grandi a caer en la vorágine de la depresión suicida. Al llegar una noche a su apartamento, abrió la llave del gas. Cuando juzgó que ya había suficiente gas en la habitación, encendió un fósforo. Instantáneamente se produjo una tremenda explosión. Milagrosamente, Francesco quedó vivo, con sólo un brazo fracturado, pero cuatro jóvenes, que dormían en el apartamento de al lado, murieron. «Otra vez —comentó Mario Valucci, investigador de la policía— justos pagaron por pecadores.» Esta se ha convertido en una frase proverbial: «Pagar justos por pecadores.» Es una frase que al parecer está respaldada por muchos hechos de la vida. Y no es sólo en los tribunales de justicia que se absuelva a pecadores y se castigue a inocentes, sino que en la vida diaria parece ocurrir lo mismo. Un hombre borracho sale a escape con su auto por la carretera. Por el alcohol que tiene en el cerebro, pierde el control del vehículo y se estrella contra un autobús escolar. El conductor del auto sale ileso, pero en el autobús hay muchos heridos, y doce niños pierden la vida. Inocentes pagan por un culpable. Un padre de familia abandona a su esposa y a sus seis hijos, y se da a una vida de juergas, francachelas y correrías con otras mujeres. Su pobre esposa se enferma y muere de la desilusión, y los seis niños engrosan las filas de los huérfanos. Uno solo ha pecado, pero siete inocentes sufren las consecuencias. Un joven de sólo veintidós años de edad se entrega a las drogas. Su vicio demanda una enorme cantidad de dinero. Trastornado, se arma de un rifle automático, entra en un restaurante popular, y mata a veintidós personas. Ninguna de ellas era culpable de aquel vicio; todas eran inocentes. Y sin embargo trescientas personas —parientes y amigos de las víctimas— se sumen en el dolor por la culpa de uno solo. Estos casos, recogidos de recientes crónicas policiales, nos llevan a preguntarnos: ¿Acaso siempre tienen que pagar los justos por los pecadores? La respuesta es: «No.» Lo que ocurre es que nuestra vida es muy corta para ver el punto final. El Juez eterno y justo no permitirá que la justicia divina quede burlada. Mientras tanto, sometámonos al señorío de Cristo. Él nos será fiel. Él sabe castigar al culpable y recompensar al inocente. | |||||||
viernes, 9 de julio de 2010
Video-documental sobre contenido de tóxicos en cementos de Costa Rica
8 Julio 2010. Paralelo Informativo 506 from Cicileo Productions on Vimeo.
Anexo video-documental sobre contenido de tóxicos en cementos de Costa Rica. La edición 8 de julio del noticiario de internet "Paralelo Informativo 506" incluyó : (ver a partir de minuto 6)
1. Datos Royal Society of Chemistry, UK.
2. Lanamme UCR
3. Instituto del Cemento de Costa Rica.
4. Instituto Tecnológico de Illinois.
5. Cámara de Comercio.
6. Cámara de la Construcción.
7. Cementos David.
8. Leyes Europeas de control del cemento.
9. Laboratorios Químicos Lamda.
10. Setena
11. Vecinos San Rafael de Alajuela - pleito en Concejo Municipal.
12. Sala IV anula a David viabilidad de SETENA.
13. Relación David-MECO- fallas en calidad concreto.
Ir a edición 8 de julio.
Ing. César Monge C.
www.cesarmonge.com
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