Estallido de violencia en Panamá provoca éxodo a Costa Rica

Turistas extranjeros atrapados por el estallido de incidentes armados en la sublevada provincia panameña de Bocas del Toro empezaron a emigrar hoy a Costa Rica, en busca de seguridad, confirmaron hoy medios locales.

Sin embargo, debido a la falta de transporte, muchos visitantes se sienten atrapados y no saben hacia dónde dirigirse, en medio de los más graves alzamientos de esa provincia en los últimos cien años.

Este sábado se registraron nuevos enfrentamientos entre obreros bananeros, en su mayoría indígenas de la etnia Ngöbe-Buglé, y agentes del Cuerpo de Control de Multitudes de la Policía Nacional.

Los choques se produjeron en finca 13, en el distrito de Changuinola, con ráfagas de armas automáticas, un día después del fracasado del diálogo con una comisión oficial.

Trabajadores de la empresa bananera Bocas Fuit Company advirtieron que seguirán en pie de lucha hasta que sea derogada la Ley 30, mejor conocida como "Ley 9 en 1" o "Ley Chorizo", que es reconocida como el detonante de la crisis.

Los manifestantes, armados con palos, piedras y machetes, cerraron el acceso al puente sobre el río Changuinola, uno de los más importantes del distrito, de vocación bananera y agrícola.

El área ha sido sobrevolada varias veces por helicópteros para detectar a grupos que lanzaron escaramuzas contra varios cuarteles.

Los huelguistas recordaron este sábado a un obrero indígena muerto en enfrentamientos con las fuerzas de represión policial y a más de un centenar de heridos en diversas refriegas.

Por otro lado, los sindicatos, gremios de educadores y grupos ambientalistas mantienen desde el viernes una vigilia en la capital panameña, como anticipo a una huelga nacional, en procura de la derogación de la Ley 30, que consideran inconstitucional.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) ofreció su apoyo a los obreros indígenas en Boca del Toro, y confirmó el inicio de consultas para convocar a una huelga nacional a partir del lunes.

Sin embargo, la ministra de Trabajo y Desarrollo Social, Alma Cortés, negó que el gobierno pretenda derogar la legislación, cuyo objetivo sería la atracción de inversiones foráneas y la eliminación de trabas burocráticas para contratar o despedir a empleados.

Los manifestantes acusan al gobierno de Ricardo Martinelli de entregarle a Panamá a las multinacionales mineras e instaurar un régimen de explotación laboral, con métodos dictatoriales de derecha.

No obstante, el vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Antonio Fletcher, abogó por el diálogo y estimó que una huelga nacional "no será beneficiosa" para este país, que este año ha alcanzado grados de inversión por su desempeño económico.

En previsión de incidentes en zonas metropolitanas, el gobierno dispuso el cierre de colegios secundarios. Asimismo, la Universidad de Panamá fue clausurada en forma indefinida.