Pablo Cob, exgerente general de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), demandó a la Contraloría General de la República ante el Tribunal Contencioso Administrativo por considerar que la reciente resolución del ente contralor, en la que dicta una sanción administrativa de dos años de prohibición para ocupar cargos públicos, es arbitraria e improcedente.
En esa disposición se le reprocha el no cumplir con su función, pues a su criterio ocultó información a las autoridades de la CNFL y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y no los alertó sobre los riesgos en la baja de la rentabilidad ni los incrementos en los costos del Proyecto Hidroeléctrico Balsa Inferior, en Los Ángeles de San Ramón, Alajuela.
Al respecto Cob aseguró que tanto el consejo de administración de la CNFL como el consejo directivo del ICE estuvieron al tanto de los cambios en los costos del proyecto, pues era un proyecto del segundo y recordó que la primera es subsidiaria.
En su demanda el exgerente general exige la anulación de la resolución y que se haga una estimación y daños y perjuicios ocasionados por considerar que el actuar del ente contralor es arbitrario.
“Puse una demanda contra la Contraloría porque es totalmente ilógico que hagan una cosa de esas. (…) Salen que Marvin Céspedes (exdirector de Administración y Finanzas de CNFL) y yo no le informamos al consejo de administración sobre el incremento de los costos, cuando son ellos (el ICE) los que aprueban los presupuestos anuales y los planes operativos e institucionales, y les corresponde hacer los financiamientos de los proyectos”, declaró.
Indicó que efectos naturales que se dieron en el momento como fueron el huracán Thomas, el terremoto de Cinchona y el terremoto de Nicoya impactaron en los costos definitivos de la obra.
“Los mismos eventos de la naturaleza que afectaron a Hidrotárcoles que llevan a un costo mayor, lo mismo que a Chucás y al Reventazón, no podía costar lo que originalmente se había planeado, sino que va variando el costo, cosa que el consejo estuvo informado y estuvo aprobando no solo para el financiamiento, sino los presupuestos anuales.
Además la auditoría tenía dos funcionarios destacados vigilando los costos y velando por el desarrollo del proyecto. Incluso hay auditorías externas que vieron las variaciones del proyecto”, añadió.
RESPUESTA EXTEMPORÁNEA
La Contraloría no determinó que hubo una afectación a la Hacienda Pública, pero estimó que se debería aplicar a Cob una sanción administrativa, castigo que a un criterio mancha de manera innecesaria su récord de 48 años de labores.
“Estoy judicializando esto porque no puede ser que la Contraloría actúe tan irresponsablemente en un asunto en que está consciente de cómo está organizada la estructura del Estado, en la que sabe que el ICE es el dueño de la CNFL, el ICE hace el proyecto y dice (la Contraloría) que el consejo no estuvo informado”, aseveró.
En este sentido el ente contralor impuso la prohibición del 14 de febrero de 2018 al 14 de febrero de 2020, aspecto que para Cob es extemporáneo porque se dio casi cuatro años después de ser despedido de la CNFL, acción que también recurre ante los tribunales.
Agregó que la Contraloría actúa contrario a lo establecido en el artículo 72 de su ley orgánica, la cual señala que “al aplicar la prohibición anterior, la Contraloría fijará su duración dentro de los límites indicados y computará, en favor del afectado, el tiempo durante el cual haya permanecido fuera de la Hacienda Pública, después de su último cargo en ella”.
“Le pido al Tribunal Contencioso que pida todas las actas para que verifique que el consejo sí estuvo ampliamente informado. Me parece que han procedido injustamente, como buscando algo que decir en un momento que no ha habido actuación en un montón de cosas de este país que sí le han provocado daños a la Hacienda Pública. En este caso no hay daño a la Hacienda Pública”, reiteró.
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