Comisión legislativa respalda a Contraloría frente amenazas de Presidente Ejecutivo del ICE

Asamblea Legislativa, 07 set (elmundo.cr) – La Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, emitió su apoyo a las acciones de la Contraloría General de la República, frente a las amenazas del Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Esto a raíz de las declaraciones realizadas por el Presidente Ejecutivo del ICE, donde señala la posibilidad de llevar a los tribunales al órgano contralor.

Según Jorge Arguedas, diputado del Frente Amplio (FA), estas declaraciones del directivo del ICE son provocadoras y se realizan con la intención de anular un decreto ejecutivo del Gobierno de Laura Chinchilla, donde se estipula la obligación del ICE de dar cuentas frente al Consejo de Gobierno en marzo de cada año, así como impedir que la Contraloría imponga directrices de la sana administración pública, tal y como lo hizo con RACSA.

“No vamos a tolerar provocaciones de esta naturaleza. Los corruptos del ICE quieren una Contraloría más débil, menos controles de parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero les vamos a responder en el sentido contrario. Para el que no quiere caldo, dos tazas”, aseguró el diputado frentamplista.

El diputado fue enfático en respaldar el papel de la Contraloría, pero también crítico al asegurar que para evitar la corrupción en las altas jerarquías del ICE se debe de fortalecer la Contraloría existente y utilizar todos los mecanismo de control político disponibles en el Poder Legislativo.

Para Arguedas, mantener los controles n la administración pública del ICE es prioritario ya que la decisiones que se toman en el Consejo Directivo y el Cuerpo Gerencia, tienen consecuencias directas en las tarifas de electricidad y telecomunicaciones.

“Defendamos la transparencia en la gestión pública, defendamos que las tarifas de electricidad y telecomunicaciones, no se les carguen los costos de la corrupción, porque al final somos todas y todos los costarricenses, quienes de nuestros bolsillos pagamos, no permitamos que la corrupción continúe empobreciendo al país”, concluyó Arguedas.

Hacinamiento en cárceles alcanza cifra récord de 51%

El hacinamiento en las cárceles del país alcanzó una cifra récord de 51%, según reveló ayer la ministra de Justicia, Cristina Ramírez Chavarría.

Ese porcentaje corresponde a más de 4.700 reos en sobrepoblación. En total, los 13 centros penitenciarios del país más las dos cárceles para jóvenes albergan a 14.136 presos.

El año pasado, ya se conocía que existía un 40% de hacinamiento en prisiones, situación que se hacía más notoria en centros como San Sebastián, donde subía a 80%.

Ramírez admitió ayer que, actualmente, en algunos centros hay hasta un 100% de sobrepoblación y calificó la situación como “crítica y vergonzosa”.

La jerarca de Justicia divulgó los datos al finalizar el Consejo de Gobierno.

El 17 de febrero, la Sala Constitucional le ordenó a la ministra que entregara las cifras de hacinamiento por ámbitos que le solicitó el periodista de La Nación , David Delgado. Ella se había rehusado a darlos alegando que tal información vulneraba la seguridad nacional.

El incremento. La ministra achacó el problema en las cárceles a “la inercia, la falta de acciones, la indiferencia de administraciones anteriores que debieron invertir en infraestructura”.

Señaló que en el 2006 no había hacinamiento y que este se intensificó con la creación de los Tribunales de Flagrancia en el 2008, y su extensión en el país, en el 2011.

“A una persona que es encontrada cometiendo un ilícito, la pueden aprehender en la mañana, la procesan al mediodía y en la noche ya está dentro de una cárcel de contención”, indicó.

Añadió a estas causas, la eliminación de contravenciones. “Independientemente de si la persona sustrajo un par de zapatos o una lata de atún, puede ser enviada a descontar pena privativa de libertad”.

Ramírez reprochó que no se ha invertido en contratar personal administrativo, ni de Policía Penitenciaria, donde actualmente laboran 3.500 oficiales.

Carlos Chinchilla, magistrado presidente de la Sala Tercera, manifestó preocupación por los números del hacinamiento, pero sostuvo que la vía de flagrancia es exitosa porque permite “justicia pronta y cumplida”.

“Un país no puede soportar índices altos de impunidad, y con esto me refiero a la posibilidad de llegar a un juicio y que se tenga sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. No puede pensarse que la flagrancia tiene que abandonarse o aplicarse menos porque está colapsando el sistema penitenciario. Las soluciones deben ser otras y el Poder Ejecutivo debe tomar las que considere pertinentes”, expresó Chinchilla.

Acciones. El compromiso que adquirió ayer el Ministerio de Justicia es llegar al 20% de hacinamiento en el 2018.

Tal porcentaje es el que la Sala Constitucional y organismos internacionales de derechos humanos han considerado aceptable.

Entre las acciones para lograrlo, en abril se abrirá un módulo para 74 adultos jóvenes en el centro penitenciario La Reforma, en Alajuela.

Además, en el segundo semestre de este año, se habilitarán 400 espacios en esa cárcel y 100 en el centro La Leticia, de Pococí.

Asimismo, se destinarán ¢11.200 millones para construir 24 módulos en La Reforma, con el fin de albergar a 1.480 reos, aunque no se precisó la fecha.

Justicia reveló que, en lo que va de este gobierno, desde mayo del 2014, se han creado 1.072 nuevos espacios en las prisiones.