El hacinamiento en las cárceles del país alcanzó una cifra récord de 51%, según reveló ayer la ministra de Justicia, Cristina Ramírez Chavarría.
Ese porcentaje corresponde a más de 4.700 reos en sobrepoblación. En total, los 13 centros penitenciarios del país más las dos cárceles para jóvenes albergan a 14.136 presos.
El año pasado, ya se conocía que existía un 40% de hacinamiento en prisiones, situación que se hacía más notoria en centros como San Sebastián, donde subía a 80%.
Ramírez admitió ayer que, actualmente, en algunos centros hay hasta un 100% de sobrepoblación y calificó la situación como “crítica y vergonzosa”.
La jerarca de Justicia divulgó los datos al finalizar el Consejo de Gobierno.
El 17 de febrero, la Sala Constitucional le ordenó a la ministra que entregara las cifras de hacinamiento por ámbitos que le solicitó el periodista de La Nación , David Delgado. Ella se había rehusado a darlos alegando que tal información vulneraba la seguridad nacional.
El incremento. La ministra achacó el problema en las cárceles a “la inercia, la falta de acciones, la indiferencia de administraciones anteriores que debieron invertir en infraestructura”.
Señaló que en el 2006 no había hacinamiento y que este se intensificó con la creación de los Tribunales de Flagrancia en el 2008, y su extensión en el país, en el 2011.
“A una persona que es encontrada cometiendo un ilícito, la pueden aprehender en la mañana, la procesan al mediodía y en la noche ya está dentro de una cárcel de contención”, indicó.
Añadió a estas causas, la eliminación de contravenciones. “Independientemente de si la persona sustrajo un par de zapatos o una lata de atún, puede ser enviada a descontar pena privativa de libertad”.
Ramírez reprochó que no se ha invertido en contratar personal administrativo, ni de Policía Penitenciaria, donde actualmente laboran 3.500 oficiales.
Carlos Chinchilla, magistrado presidente de la Sala Tercera, manifestó preocupación por los números del hacinamiento, pero sostuvo que la vía de flagrancia es exitosa porque permite “justicia pronta y cumplida”.
“Un país no puede soportar índices altos de impunidad, y con esto me refiero a la posibilidad de llegar a un juicio y que se tenga sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. No puede pensarse que la flagrancia tiene que abandonarse o aplicarse menos porque está colapsando el sistema penitenciario. Las soluciones deben ser otras y el Poder Ejecutivo debe tomar las que considere pertinentes”, expresó Chinchilla.
Acciones. El compromiso que adquirió ayer el Ministerio de Justicia es llegar al 20% de hacinamiento en el 2018.
Tal porcentaje es el que la Sala Constitucional y organismos internacionales de derechos humanos han considerado aceptable.
Entre las acciones para lograrlo, en abril se abrirá un módulo para 74 adultos jóvenes en el centro penitenciario La Reforma, en Alajuela.
Además, en el segundo semestre de este año, se habilitarán 400 espacios en esa cárcel y 100 en el centro La Leticia, de Pococí.
Asimismo, se destinarán ¢11.200 millones para construir 24 módulos en La Reforma, con el fin de albergar a 1.480 reos, aunque no se precisó la fecha.
Justicia reveló que, en lo que va de este gobierno, desde mayo del 2014, se han creado 1.072 nuevos espacios en las prisiones.
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