Las circunstancias en que viven las familias en pobreza extrema son peores que las que imaginaba el personal del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) que labora en el programa Puente al Desarrollo.
La Nación conversó con tres cogestores sociales del IMAS, dedicados a atender a familias en pobreza extrema en San José, Puntarenas y Guanacaste.
El criterio de Kiara Martínez, Ester Araya y Cristian Rodríguez concuerda en que el problema que pintan los diagnósticos es superado por la realidad.
Los cogestores ven que la situación está peor que la que imaginaban en la alimentación de las familias, el acceso a servicios básicos de agua y electricidad, el grado de violencia intrafamiliar y social con que deben convivir, y la escasez de empleo y de vivienda en condiciones dignas.
Termómetro de la realidad. Kiara Martínez atiende a 175 familias del distrito León XIII, en Tibás. Un equipo de este diario la acompañó a la visita que realizó el pasado 2 de setiembre a la casa de Jessenia Meléndez.
Esta madre de 33 años no trabaja, cría sola a su hija de 5 años, ayuda en la manutención de otro hijo de 14, y cuida a Félix Reyes, su abuelo, de 91 años.
Jessenia es viuda. En una nueva relación sentimental sufrió violencia doméstica.
Al ver el deterioro de su abuelo, decidió irse a vivir con él en la vivienda que les prestan unos tíos, donde, confiesa que están “guindados” (no pagan) del servicio de electricidad y de agua.
La situación se agrava porque la familia podría perder, en cualquier momento, la casa por falta de pago de la hipoteca.
El núcleo familiar sobrevive con menos de ¢ 75.000 al mes.
“Esa es la situación típica que uno se encuentra cuando busca familias para Puente al Desarrollo”, narra Martínez, a la orilla de una calle sin pavimentar que une las dos partes de una alameda de la ciudadela, donde se respira la violencia en el ambiente.
“La situación es dramática. Esta gente no tiene acceso a las cinco comidas diarias”, relató la cogestora, quien comprometió a Jessenia a mantener en la escuela a sus hijos, a capacitarse en computación y a llevar a citas médicas al abuelo Félix, a cambio de una ayuda de ¢75.000 al mes, becas de Avancemos, del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), y un seguro pagado por el Estado.
Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), en el 2014 había 318.810 hogares en pobreza, 32.727 más que en el 2013.
La cantidad de hogares en extrema pobreza también se incrementó con respecto al 2013, al pasar de 88.835 a 94.810 en el 2014.
Zona rural es pobre. En la zona rural, el panorama no es mejor. La Enaho 2014 arrojó que 30,3 % de los hogares rurales vive en pobreza, flagelo que aumentó más rápido que en la ciudad.
La cogestora Ester Araya confirmó esa situación. A 28 kilómetros del centro de Nicoya, contó, tener un baño es un privilegio poco accesible.
Según Araya, las cosas han empeorado en la zona por la sequía que azota a Guanacaste.
“Las familias podían sembrar algunas verduras para alimentarse, pero ahora no tienen agua para sostener los cultivos; así que no tienen cómo costearse la alimentación básica”, dijo.
Cristian Rodríguez atiende en Jacó y ve que aumentan las necesidades por el cierre de operaciones de empresas que ofrecían empleo en Puntarenas.
La falta de un trabajo, la carencia de transporte escolar, la violencia doméstica y una alta incidencia de familias lideradas por mujeres solas, endurecen las condiciones de la pobreza en Puntarenas, explicó Rodríguez.
La figura del cogestor es nueva y es pieza clave en el engranaje de Puente al Desarrollo.
El IMAS reclutó a 160 profesionales para sacar de la pobreza extrema a 54.600 familias.
Los cogestores se dedican a visitar las familias para ofrecerles ayuda integral y hacen por ellas los enlaces con las entidades del sector social.
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