Autopistas del Sol, la empresa concesionaria de la carretera San José- Caldera, presentó una demanda de $90 millones en contra del Estado costarricense.
La constructora pretende “que se reequilibre el contrato con base, únicamente, en una actualización del monto de la oferta original”, según confirmó ayer el procurador constitucional, Luis Diego Flores.
De acuerdo con el procurador, la concesionaria reclama que las obras de la carretera costaron más de lo que se estableció en la oferta original del proyecto.
Sin embargo, no se precisó a cuánto ascendía la oferta y cuánto costó el proyecto definitivo.
Cuando se inauguró la carretera de 80 kilómetros, en enero del 2010, se indicó que la obra significó una inversión de $250 millones y que la concesionaria recuperaría ese monto y la ganancia en un período de 25 años.
Los $90 millones que ahora reclama la constructora equivalen al 36% del costo del proyecto.
Para reclamar el dinero, Autopistas del Sol pidió la apertura de un arbitraje en el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (CICA).
El proceso está planteado desde setiembre del 2011, pero trascendió hasta ayer cuando se designó a la Procuraduría General de la República en la representación y defensa del Estado.
Esa designación consta en el decreto ejecutivo 37312-MOPT que se publicó este martes en el Diario Oficial La Gaceta.
La Nación intentó obtener el criterio de los responsables de la concesionaria Autopistas del Sol, pero a través de su vocera de prensa, Montserrat Courrau, dijeron que no se iban a referir.
El proceso. Luis Diego Flores explicó que en el arbitraje que se presentó el año pasado, la demanda era únicamente contra del Consejo Nacional de Concesiones.
No obstante, mediante el decreto citado, la presidenta de la República, Laura Chinchilla; y el ministro a. i. de Transportes, Rodrigo Rivera incluyeron al Estado y delegaron la representación en la Procuraduría.
Desde el año pasado se designó como árbitro del Consejo Nacional de Concesiones a Aldo Milano Sánchez, en representación de la concesionaria a Víctor Manuel Garita y como presidente del Tribunal, a Rodrigo Montenegro.
Flores confirmó que la semana pasada el Estado presentó su rechazo ante el Centro de Conciliación, pero se reservó los argumentos para no revelar la estrategia de la defensa.
“Evidentemente, como abogados del Estado, no estamos de acuerdo con lo que se está demandando, y en ese sentido nos hemos opuesto a la acción”, declaró el procurador.
A partir de esta semana podrían transcurrir seis meses, para que el tribunal emita un dictamen.
Empero, este plazo podría variar dependiendo del tiempo que se tomen los árbitros para revisar las pruebas aportadas.
La carretera a Caldera se inauguró en enero del 2010, con 32 años de atraso. Desde entonces, han surgido múltiples cuestionamientos en torno a la construcción y supervisión de la ruta.
Los más fuertes se sucedieron en los primeros meses, cuando se presentaron caída de piedras, desprendimiento de material de los taludes y un hundimiento, que obligó a colocar temporalmente puentes bailey. Colaboró Amy Ross.
