Costa Rica y Uruguay son los únicos entre los países hispano y lusoparlantes en las Américas que gozan de una prensa completamente libre, según un reporte global anual sobre libertad de expresión difundido el martes por la organización Freedom House.
El informe, que evaluó el desempeño de 197 países durante 2011, ubicó sólo a Costa Rica y Uruguay entre las 15 naciones hispanoparlantes del hemisferio con prensa libre, ya que por primera vez Chile pasó a integrar el grupo de 16 naciones con prensa parcialmente libre debido a los obstáculos que enfrentaron los periodistas durante la cobertura de protestas masivas ocurridas el año pasado por reivindicaciones educativas y ambientales.
Estados Unidos aparece entre las naciones con prensa libre, pero el informe no hace mención alguna al estado de los medios en español en ese país.
Karin Karlekar, directora de Freedom House a cargo de las Américas, calificó de "muy preocupante" el declive en la calificación de Chile.
"Aún existe un entorno muy fluido y esperamos que las restricciones desaparezcan el año próximo para que puedan mejorar nuevamente su calificación", dijo a The Associated Press.
Karlekar agregó que América Latina es una de las regiones del planeta con mayor deterioro en la libertad de prensa durante los últimos años, debido especialmente "al discurso hostil de funcionarios gubernamentales hacia la prensa, lo cual marca el tono con el que la policía, las fuerzas de seguridad y otros actores de la sociedad deban dirigirse a los periodistas y a los medios".
Los demás países hispano y lusoparlantes con prensa parcialmente libre fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Ecuador, que ha experimentado uno de los mayores declives en el mundo al perder 17 puntos desde 2008 en la calificación asignada por Freedom House.
"Muchos países de la región ven a Venezuela como un modelo sobre el cambio de la dinámica social y es un modelo muy negativo", explicó la experta. "Venezuela está exportando en la región su modelo en el que hay medios subsidiados por el gobierno, para un mayor control del contenido".
Tal como el año anterior, Freedom House incluyó a Venezuela junto a Cuba, Honduras y México como los países sin prensa libre.
Karlekar explicó que en el caso mexicano las restricciones no son gubernamentales sino impuestas por actores como los carteles del crimen organizado, que en 2011 asesinaron a ocho periodistas.
"México continuó sufriendo altos niveles de violencia criminal en 2011, especialmente contra periodistas y comunicadores que usaron las redes sociales para burlar la autocensura de los medios tradicionales", señaló el informe.
La periodista mexicana Margarita Torres, investigadora de la organización Periodistas de a Pie y académica de la Universidad Iberoamericana, dijo a AP que mantiene cautela sobre la posibilidad de que el próximo gobierno mexicano muestre la voluntad política necesaria para erradicar la impunidad que rodea a los crímenes perpetrados contra periodistas.
"Soy cauta, optimista no lo soy, casi estoy en el pesimismo. Pasan los años y no hay cambios", dijo Torres, invitada por Freedom House a la capital estadounidense. "Creo que va a tomar un tiempo. Además de la voluntad política necesaria para investigar los crímenes, hay que transparentar los procesos y coordinar las instancias", añadió.
Los mexicanos escogerán en julio al sucesor del presidente Felipe Calderón, cuyo sexenio inició un combate militarizado al narcotráfico que ha dejado al menos 47.500 muertes entre 2006 y septiembre de 2011.
El reporte dio cuenta de una tendencia global negativa respecto del año previo, ya que los países con prensa libre disminuyeron de 68 a 66, las naciones con prensa parcialmente libre pasaron de 65 a 72 y aquellas con prensa sin libertades aumentaron de 59 a 63.
Freedom House asigna a cada país una puntuación entre 100 (mayores restricciones a la prensa) y 0 (libertad absoluta de prensa), durante una evaluación al entorno legal en que operan los medios de comunicación, la influencia política sobre el acceso a la información y las presiones económicas sobre el contenido y la difusión de noticias.
