de Freddy Pacheco León, el Domingo, 14 de agosto de 2011 a las 21:49
Alcalde de San José involucra a otras instituciones estatales en el disparate de los apartamentos a construir EN el Cementerio Calvo. .
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En palabras de Johnny Araya, “el Ministerio de Salud desafectó (sic.) ese terreno como cementerio” (en Noticias Repretel, 15.8.11) y se está a la espera de que la Contraloría apruebe un fideicomiso de unos ø25.000 millones con el Banco de Costa Rica para los apartamentos. .
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Palabras expresadas después de esconder por varios meses sus verdaderas intenciones para con lo que piensa hacer EN el Cementerio Calvo, NO en un lote colindante a él, NI en un parqueo que solo se anunció hace tan solo dos semanas…
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PREGUNTAS al MINISTERIO DE SALUD: .
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1. ¿Bajo qué autoridad puede el Ministerio de Salud cambiar una propiedad de dominio público -un cementerio- para que en ella se haga algo diferente al fin que tiene ese bien demanial? .
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2. ¿Puede el Ministerio de Salud tomar una acción que corresponde a la Asamblea Legislativa? .
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3. - ¿Puede la ministra María Luisa Ávila desconocer -junto al alcalde Araya- lo establecido en firme en el Plan Director Urbano del cantón central de San José, que determina en el mapa del distrito Hospital, como “Cementerio Calvo” -incluyendo por supuesto los 18.000 m2 que se quieren segregar- la zona donde se quiere gastar irracionalmente tantos miles de millones de colones. .
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4. ¿Se solicitaron y se dieron los permisos de parte del Ministerio de Salud para exhumar y trasladar los cadáveres que, según el asistente de alcalde, se “hizo con todo respeto”? .
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En cuanto a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: .
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1. ¿Puede desconocer el ente contralor que el anunciado fideicomiso sería para construir cientos de apartamentos -¡amoblados!- en el Cementerio Calvo, pese a los claros impedimentos legales que hacen imposible el disparate de proyecto en ese lugar? .
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2. ¿Valorará la Contraloría la opinión del Ministerio de Hacienda para un gasto de tal magnitud, conociéndose la crisis financiera que sufre el Estado costarricense?. .
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Y en lo que corresponde al MINISTERIO DEL DEPORTE: .
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1- ¿Se debe seguir adelante con unos juegos deportivos centroamericanos, heredados de la exministra Goyenaga y solicitados en Belice acompañada por el alcalde Araya y el viceministro de Relaciones Exteriores, cuando es prácticamente imposible cumplir con la meta de marzo 2013? .
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Y decimos imposible puesto que no se tiene ni un colón a mano, y mucho menos un cronograma formal y realista para el próximo año, en vista de que no se ven en el presupuesto los ø15.000 millones necesarios para diseñar y construir una “Ciudad Deportiva” en Hatillo 2 –ya no se tiene siquiera el terreno- así como para la construcción y remodelación de otras instalaciones como el Gimnasio Nacional y el Parque de Béisbol Antonio Escarré, ambos a punto de desplomarse. .
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Ello aparte de un gimnasio para deportes de alto contacto (judo, karate, boxeo…) en el Parque de La Paz, un gimnasio para voleibol y fútbol sala cerca del Centro Comercial del Sur, y una recuperación del descuidado velódromo. Entre otros, por supuesto, y sin contar con los costos inherentes a la preparación de los cientos de atletas nacionales que habrían de prepararse, además, para los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos, para los cuales no se ha presupuestado ni una décima parte de las necesidades. .
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REFORMA FISCAL. .
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Es presumible que, aunque se haga una reforma fiscal en un par de días, el Estado costarricense no tiene la capacidad de financiar gastos superiores a ø40.000 millones para recibir a dirigentes y atletas de Nicaragua, El Salvador, Panamá, Belice y tal vez de Guatemala (que no participó en los anteriores) y Honduras (que declinó ser sede la última vez). .
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En cuanto a la construcción de los que ya se conocen popularmente como “Condominios Almas del Cementerio Calvo” o como se les quiera bautizar, bajo un claro irrespeto a lo determinado por la Procuraduría General de la República en cuanto al respeto que se le ha de dar a los cementerios (aunque sea al de los más pobres de entre los pobres), no es función de una ineficiente Municipalidad asumir deberes de otros entes del Estado como el INVU o el Ministerio de Vivienda, y mucho menos con gastos de tal magnitud. .
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Tienen la palabra, ¡así ha de ser!, el Banco de Costa Rica, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Salud, la Procuraduría General de la República, los señores diputados, el INVU, el Ministerio de Vivienda, el Concejo Municipal de San José y la Defensoría de los Habitantes. Y por supuesto, los distinguidos medios de prensa que quieran indagar acerca de este costoso capricho municipal.
