Documento de Presidencia omitió pago de consultores
Un intercambio de correspondencia entre diputados del opositor Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Ministerio de la Presidencia reveló una diferencia en la respuesta del Gobierno en relación con las donaciones del BCIE.
El diputado Alberto Salom denunció ayer frente a Rodrigo Arias que el Ministerio le ocultó información sobre los contratos por servicios profesionales pagados durante la actual gestión.
“En los períodos que usted cita, no se ha recurrido a este mecanismo propiamente dicho”, contestó el viceministro de la Presidencia, Roberto Thompson en el oficio DVRT-221-2008, del 21 de abril del 2008.
Tres meses y una semana después, al ministro de Planificación, Roberto Gallardo, le correspondió contestar una nueva consulta del legislador Salom. Entonces sí le informó de ocho servicios contratados en el 2006 con unos ¢40 millones de la Fundación para Cooperación Estatal (FUCE).
“Hubo una flagrante falta a la verdad en la primera respuesta”, manifestó Salom durante la comparecencia del ministro Arias.
El PAC hizo la consulta inicial a la Presidencia de la República después de que La Nación reveló que nueve personas aparecen en la planilla de Casa Presidencial como empleados ad honórem.
El ministro Arias admitió que algunos profesionales fueron contratados con “lo que quedaba” de programas de FUCE ejecutados en administraciones anteriores.
Omisión. “Probablemente fue una omisión nuestra si no enviamos la documentación a tiempo”, respondió el Ministro.
Y agregó: “Probablemente aquí la interpretación diferente que tuvimos cuando recibimos su nota fue que la Casa Presidencial no hace contrataciones. Estos programas están hechos sobre la base de que solo se hacen recomendaciones y que el BCIE contrata (...) No existe un expediente con toda la información”.
Salom insistió: “Tengo para mí que se me ocultó la información, como se le ha ocultado a la prensa. Ahora usted dice que es una interpretación”.
Después, diputados oficialistas, como Francisco Marín, acusaron a Salom de no saber plantear las consultas y de atribuir al Gobierno falta de transparencia.