La presunta irregularidad en la adquisición de fincas ubicadas en un área protegida y parte de una reserva indígena para el desarrollo de un hotel de lujo de la cadena Six Senses, en Panamá, coloca en el ojo del huracán a Antonio Álvarez Desanti, jefe de campaña de Johnny Araya, a quien el vicepresidente de Panamá, Juan Carlos Varela, acusó de haber comprado al juzgado de su país para que se procediera a la titulación de las tierras, según dio a conocer el diario local La Prensa.
“No se puede llevar ese tipo de titulación (...) en base a que un político de Costa Rica compra a un juzgado (...) eso son los tipos de operaciones que hay que detener de inmediato, investigar y revisar”, sentenció el también candidato presidencial al medio panameño.
Al respecto Álvarez Desanti negó estar vinculado con los jueces que avalaron la titulación de las fincas. “Yo no hice ningún trámite ante los jueces. El Lic. Varela no está actuando como vicepresidente de Panamá sino como candidato presidencial, sus declaraciones evidentemente tienen un fondo electoral y yo no me voy a referir a temas electorales de otro país”, indicó.
MEOLLO
La prensa panameña reveló que las fincas habrían sido compradas a los indígenas bajo engaño, pagándoles un monto ridículo y contra lo que establece la ley con que se creó la Comarca Ngobe Bugle.
Además los terrenos habrían sido adjudicados por el Juzgado Primero del Circuito de Bocas del Toro a un tercero, identificado como Feliciano Baker, en un trámite que según figura en una denuncia de la cual DIARIO EXTRA tiene copia, presentada en setiembre de 2011 ante las autoridades panameñas, violenta los artículos 9 y 10 de la legislación que creó la comarca.
La ley estipula que “las tierras delimitadas mediante esta ley constituyen propiedad colectiva de la Comarca Ngobe Bugle, con el objetivo de lograr bienestar cultural, económico y social de sus población; por tanto se prohíbe la apropiación privada y enajenación de dichas tierras a cualquier título”.
Ante los hechos pesa una denuncia contra la jueza Vilma Bryan, quien adjudicó los títulos, Feliciano Baker y el alcalde municipal de distrito Kusapin, Andino Archibold, quien dio trámite a la oferta de venta de propiedades hecha por Baker cuando este ni siquiera figuraba como dueño.
Al respecto Álvarez Desanti insiste en la legalidad de la compra, pues “nosotros estamos adquiriendo tierras inscritas en el Registro Público de Panamá que fueron tituladas por un juez. En Costa Rica y en cualquier lugar del mundo si un juez ha dado un título de propiedad y un terreno está inscrito en el Registro Público es un terreno que se puede negociar”.
Agregó que la comarca estuvo de acuerdo con la venta e incluso “el 12 de abril el congreso comarcal, que es la asamblea de los indígenas, aprobó la construcción del hotel y constituyó una comisión de turismo que se reúne mensualmente con nuestra empresa porque la comarca autorizó seguir adelante con el proyecto hotelero”.
DEVOLVER TERRENOS
Álvarez Desanti ejecutó la adquisición de los terrenos a través de la Sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral, de la cual él y su esposa son parte, y compró a la abogada Evisilda Martínez, quien habría adquirido las tierras tituladas.
“El negocio se nos presentó por medio de un abogado del bufete BLP y un comisionista panameño, ellos fueron los intermediarios. Si tres jueces de la República de Panamá titularon esos terrenos, yo como extranjero asumo que los jueces cumplieron con la legalidad y las leyes de Panamá; si los jueces no lo hicieron, el gobierno panameño pudo haber impugnado esos procesos.
Estas compras se hicieron hace cuatro años, no son nuevas, y desde entonces no se ha hecho ninguna acción legal para impugnar los juicios que se resolvieron en Panamá”, explicó.
El proyecto hotelero se encuentra en la fase de adjudicación de permisos, con una inversión valorada en una primera etapa que supera los $40 millones, sin embargo Álvarez Desanti ante la amenaza del Vicepresidente de Panamá de dejar sin efecto la compra dijo: “Las leyes de todos los países autorizan que se expropien terrenos privados, si él como presidente desea expropiarnos tiene derecho de expropiar y simplemente nos paga, nos indemniza y los terrenos pasan a ser parte de la comarca”.
Las reacciones no se han hecho esperar entre legisladores nacionales. El ambientalista Claudio Monge, del Partido Acción Ciudadana, aseguró que Álvarez Desanti está obligado a devolver los terrenos.
“Álvarez Desanti pretende que la compra de estos terrenos sea asunto de simple legalidad, pero hay también un serio cuestionamiento ético por la ofensa a la dignidad y el engaño a los pueblos indígenas.
Como costarricense siento vergüenza de que coterráneos se presten para estos actos de corrupción y violación de derechos humanos en un país vecino”, expresó.
Según Monge, Johnny Araya debería separarlo de su proceso electoral. Sin embargo Rolando González, gerente del comando de campaña del Partido Liberación Nacional, dijo que es una “injusticia” acribillar a Álvarez Desanti cuando la compra que ejecutó su consorcio se dio bajo la legalidad panameña y si hubo un error en el trámite, él sería una víctima más.
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